INSEGUROS

INSEGUROS

Por: Francisco Rodríguez

LAS IMÁGENES DE la más reciente tragedia de Ciudad Juárez dibujan el fondo más doloroso que presenta la crisis de seguridad que se vive en México: delincuentes y policías, unos con el afán de quebrar la ley y otros por la ineficiencia en el modo de aplicarla, dejan en completa desprotección a ciudadanos que todos los días cumplen con ella.

Más allá del show de los medios –con el caso Cabañas, por ejemplo--, son quizá la impunidad y el desprecio por la vida lo que más golpea a la mayoría de los ciudadanos civilizados. Las imágenes fugaces de delitos que hacen olvidar otros delitos nos enfrentan diariamente con el dolor permanente de ciudadanos perplejos, iguales a nosotros mismos que se plantean la misma interrogante: ¿cómo llegamos a ser, nuevamente, este país violento?

Una de las paradojas mexicanas de la última década es que, habiendo el país experimentado un importante crecimiento económico --hasta antes de que a la Administración llegaran los panistas--, ha sufrido a su vez un aumento significativo de la pobreza y, paralelamente, de la violencia y la criminalidad.

Otro factor importante que incide en el aumento de la criminalidad en México es la crisis de las instituciones, específicamente, la crisis de las policías, del sistema penitenciario y de procuración y administración de justicia. Como demostró Gary Baker, premio Nobel de Economía, los criminales, al igual que otros miembros de la sociedad, responden en gran medida a incentivos racionales. La posibilidad de que un individuo cometa un crimen depende en gran medida de la posibilidad que tiene de que lo atrapen y de la pena que se le aplique una vez detenido. Según encuestas, del total de delitos cometidos sólo se denuncia un porcentaje irrisorio. Lo peor es que, de los denunciados, sólo el 2 por ciento se esclarece.

Las policías, el Ejército mismo –al que se han encargado tareas de gendarmería--, aparecen disociados de la sociedad, y a menudo enfrentados con ella. Mucha gente percibe que las “fuerzas del orden” están vinculadas con los hechos criminales y no en actitud de defender a los ciudadanos, o de evitar estos delitos. Por ello es que las víctimas de delitos no los denuncian. Por los trámites engorrosos, el burocratismo excesivo, amén de los hechos concretos de corrupción y abusos que involucran a policías, el creciente número de víctimas policiales en enfrentamientos violentos, la falta de objetivos claros en política de seguridad en el país (¿qué tipo de policía queremos?) y la ineficiencia en la prevención y resolución de la acción criminal, por todo ello es que los delincuentes en nuestro país tienen manga ancha para actuar.

Por lo que hace al funcionamiento de la Justicia, sin adentrarnos en el tema de la corrupción ni en el problema institucional que es ampliamente conocido y debatido, existen impedimentos operativos. Los más destacados son la sobrecarga de los juzgados penales y la lentitud y obsolescencia del sistema procesal, que resulta en juicios prolongados que generan ineficiencias e injusticias.

En cuanto a la legislación penal, se oscila abruptamente entre tendencias garantizadoras y tendencias represoras, sin entender que la norma debe ajustarse a las necesidades de la sociedad y no a prerrogativas o posiciones ideológicas.

Nuestro sistema penitenciario potencia el incremento del crimen, ya que no cumple con su función de contención y resocialización de los presos. Las causas fundamentales de esta deficiencia son: la superpoblación carcelaria, los escasos recursos y programas de reeducación y reinserción social, la ausencia de un mayor control de la situación de los internos en cuanto a tráfico de drogas y a tratos infrahumanos, el alto número de criminales con enfermedades infectocontagiosas como el SIDA y la inadecuada división de penales según tipo y gravedad del crimen cometido. En definitiva, el paso por un establecimiento carcelario resulta una escuela del delito y un factor de estigmatización social, más que un ámbito de reeducación y reinserción en la sociedad.

Para resolver dichos problemas necesitamos una visión integral, ya que, por ejemplo, de nada sirve elevar las penas establecidas por el código penal si no hay una fuerza policial eficiente e idónea para atrapar a los criminales, una Justicia diligente e igualitaria para incriminarlos y un sistema carcelario capaz de contenerlos.

La gente percibe una gran ineficiencia del Estado en su capacidad de asegurar a los ciudadanos dos derechos individuales básicos: el derecho a la vida y a la propiedad. Para mitigar el escepticismo del nada va a cambiar y la violencia que genera el sálvese quien pueda, urge también que los modelos sociales, tanto individuales como colectivos reconozcan y asuman su responsabilidad. Sólo cuando en las instituciones y en los modelos sociales tengan prioridad la solidaridad y el equilibrio en la sociedad como un todo, prevalecerán la justicia y la democracia.

Índice Flamígero: “El combate a la delincuencia corre el peligro de convertirse en un círculo vicioso, en un embudo sin fin. Por ello, además de revalorar la conveniencia de que las fuerzas armadas sigan en las calles, sería saludable analizar cambios de fondo en la estrategia actual”, afirmó Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, al término de su visita al Control Room de seguridad del Mossad en esta capital, y del encuentro de trabajo que sostuvo con el ministro del Interior, Eli Yishai.

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