Avanza la Anticonstitucional Ley de Asociaciones Público-Privadas

Avanza la Anticonstitucional Ley de Asociaciones Público-Privadas

México, Distrito Federal

Miércoles 28 de abril de 2010

* Y cuando nos despertamos habían vendido el país

* Responsabilidades públicas para lucro privado

* Se legaliza el endeudamiento oculto

* Altas ganancias privadas a costa de erario público

La Ley de Asociaciones Públicas Privadas (LAPP) está entre las ochenta iniciativas que los legisladores pretenden aprobar en cuatro días. Fue aprobada en comisiones el lunes y entrará en el “fast-track” legislativo para su aprobación antes del fin del actual periodo legislativo, afirmó la secretaria de Salud del Gobierno Legítimo, Asa Cristina Laurell.

Dijo que dicha propuesta de ley fue presentada al Senado por Calderón en noviembre pasado y tiene implicaciones muy graves para el país. “Viola abiertamente el artículo 73 constitucional, que faculta al Congreso decidir sobre el endeudamiento público, al permitir que el poder ejecutivo—presidente y gobernadores—contrate deuda disfrazada de proyectos de asociación público-privada. Atenta contra la división de poderes y debilita aun más al Congreso”, puntualizó.

Detalló que la LAPP legaliza la contratación del “financiamiento-construcción-administración” de infraestructura de todo tipo: desde hospitales hasta sistemas de agua; desde cárceles hasta la generación de energía. Es decir, con un contrato de asociación público-privada el estado traslada a la iniciativa privada responsabilidades públicas a cambio de un pago con un amplio margen de ganancia, abundó.

Estos contratos –continuó- comprometen recursos públicos durante 25 a 40 años y su pago tiene prioridad sobre cualquier otro pago del gobierno. El truco es que la deuda se paga en abonos como si fuera parte del gasto diario de operación del gobierno.

Es semejante a una hipoteca pero en términos legales corresponde a un “arrendamiento-financiero” que da más certidumbre al inversionista porque la propiedad del bien inmueble es del contratista y no del gobierno, señaló.

Es decir, podría arrendarlo o venderlo en el mercado si el gobierno no pagara. A pesar de ello la ley APP prevé la expropiación de terrenos “por causa de utilidad pública” y su concesión por un tiempo mayor a la duración del contrato APP. Nadie debe confundirse por el hecho de que algunos contratos APP digan que el inmueble pasa a ser propiedad del gobierno al terminar el tiempo especificado porque corresponde a la vida útil del bien, destacó.

Hizo énfasis en que aparte de la mayor certeza para el contratista, la figura APP trae una nueva lógica de costos altamente favorable para el inversionista-contratista. Así, el gobierno debe pagar el costo del financiamiento; además debe pagar la renta o arrendamiento del inmueble que usa así como el costo de la administración subrogada al contratista.

Los argumentos esgrimidos para justificar estos contratos son básicamente tres: incrementan la inversión en infraestructura, los privados se hacen cargo de los riesgos de retraso y defectos en las obras y; los privados son administradores más eficientes que el gobierno. Ninguno de estos argumentos se sostienen y los acontecimientos en varios países incluyendo a México se han encargado a desmentirlos, añadió.

La secretaria de Salud aseguró que no es cierto que la inversión en infraestructura aumenta, sólo se encarece indebidamente. En los contratos APP el contratista privado consigue el financiamiento en el mercado y paga intereses más altos que el gobierno porque tiene mayor probabilidad de declararse en quiebra.

Según los cálculos del Dr. Colin Leys, profesor de Queens University de Canadá, el costo del capital de los hospitales ingleses se triplicó o cuadruplicó con el este esquema que allí se llama el “Private Finance Iniciative”, explicó.

Sin embargo, aclaró, bajo la fórmula APP el aumento del costo de la deuda lo paga el gobierno con los impuestos de los ciudadanos. Pero no sólo se pagan los altos intereses sino también el arrendamiento durante 25-30 años que es un costo que no existiría si la obra fuera realizada directamente por el gobierno. Pollack y Liebe de la Universidad de Edinburgo calculan que el costo del arrendamiento (availability charge) corresponde a un 59% del pago total y el 17% al costo del capital y el resto a la administración.

Tampoco es cierto que los privados asuman los riesgos de incremento de costos, defectos y retrasos de las obras. Por ejemplo en Inglaterra, todas las obras de hospitales con el esquema APP se han encarecido importantemente y llevan más tiempo de construcción que el previsto, consideró.

En el caso de México manifestó que los dos hospitales de alta especialidad, construidos ilegalmente bajo este esquema, no terminaron a tiempo. El de León lleva tres años de funcionamiento a penas trabaja al 40% de su capacidad y dedica el 65% de su presupuesto al pago de la constructora-administradora Acciona y el 35% a la atención médica, mientras que el de Ciudad Victoria, que se inauguró hace un año, sólo hospitalizó a 77 pacientes entre marzo y diciembre y ahora se prepara para hacer ¡liposucción!

Sin embargo el gobierno federal lo aceptó fraudulentamente como terminado y ha desembolsado del erario público unos 216 millones al contratista Marhnos, socio del panismo. La mayor capacidad administrativa del sector privado queda desmentida con los mismos casos, precisó.

De esta manera, expuso, la LAPP legaliza que el gobierno traspasa sus responsabilidades al IP en áreas sustantivas. Pero ante todo el gobierno crea nuevos negocios con ganancia extraordinarias para sus empresarios y consultoras preferidos entre los que se encuentran, por ejemplo, Gerard Rivero cuñado de Carlos Salinas; los Mariscal Servitje; Olegario Vázquez Raña; Carlos Slim; las grandes compañías constructoras españolas; entre otros.

La LAPP es una forma de ocultar el endeudamiento público precisamente cuando el resto de los países se están obligando a transparentarlo. Los países de la Unión Europea tienen hasta 2011 para poner en su hoja de contabilidad todas las deudas y compromisos de pago gubernamentales. Ningún gobierno quiere que se le descubra deuda escondida que pueda poner en riesgo su credibilidad, subrayó.

Esto no parece preocupar al gobierno federal ni a los locales. Peña Nieto ha comprometido cerca de 50 mil millones en contratos de asociación público-privada y ha puesto como garantía el impuesto sobre la nómina del estado. Los próximos cuatro gobernadores tendrán que pagar estas deudas lo que reducirá su capacidad de actuación, informó.

Para concluir, Asa Cristina Laurell expresó: Estas son las razones que deben llevar a los senadores y diputados a no dejar pasar la Ley APP. Por último es muy preocupante que la periodista Erika Ramírez que ha dado seguimiento de los proyectos APP en la revista Contralinea desapareció el martes en Oaxaca. Exigimos su inmediata presentación.

Fuente: Gobierno Legítimo

Difusión AMLOTV