Carlos Fazio / Prensa Latina
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A cuentagotas, como para no hacer olas mediáticas, Washington ha ido entregando a México parte del equipo militar y tecnológico previsto en la Iniciativa Mérida.
Originalmente, el plan, diseñado por la administración Bush para enfrentar al terrorismo y a los cárteles de la economía criminal, abarcaba los años fiscales estadunidenses de 2008, 2009 y 2010. En ese lapso tenía previsto entregar equipos, tecnología bélica sofisticada y programas computarizados, así como proporcionar adiestramiento a soldados, policías y funcionarios mexicanos, por un valor de mil 351 millones de dólares.
Sin embargo, a pesar de que tras su llegada a la Casa Blanca, el presidente Barack Obama aceptó retóricamente que Estados Unidos tiene una responsabilidad compartida en la lucha contra el narcotráfico en México, su administración parece no tener prisa en la entrega de los recursos. Hasta el momento, cuando está próximo el vencimiento del trienio presupuestado, están pendiente de entrega 622 millones 760 mil dólares, que equivalen a 46.1 por ciento de los recursos.
La Iniciativa Mérida, también conocida como Plan México por su similitud con el Plan Colombia, entró en vigor en el último año del mandato de Bush. La prioridad estadunidense de la “guerra” a las drogas en México, cobró alta visibilidad en los medios a comienzos de 2009, en el marco de la transición entre un presidente republicano y otro demócrata en la Oficina Oval.
Dicha transición llevó a especular sobre un cambio de política en la materia. Sin embargo, tras la asunción de Obama la comunidad de inteligencia de Estados Unidos definió a México como un “Estado fallido” y Washington profundizó la diplomacia de guerra bilateral, poniendo el acento en el carácter militar del problema.
De acuerdo con el informe anual del Departamento de Estado, denominado Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2010, cada año los traficantes de drogas “lavan” en México 25 mil millones de dólares. En un contexto donde México pone los muertos de una guerra diseñada por Washington en función de su sacrosanta “seguridad nacional”, el retraso en las entregas de equipo militar podría estar determinado por razones tácticas o de oportunidad.
Con Chihuahua como laboratorio y Ciudad Juárez como punto nodal de una guerra urbana de la que no se dice su nombre, los grados de violencia criminal en México han ido recrudeciendo y ello generó denuncias contra el Ejército por violaciones a los derechos humanos. El año pasado, Chihuahua, y en particular Ciudad Juárez, vieron irrumpir una renovada modalidad de la violencia reguladora, por la vía del accionar de grupos de limpieza social, que recuerdan las operaciones del Ejército colombiano contra la Comuna 13 de Medellín, en 2002.
Dado que Chihuahua es el estado de México que cuenta con el más amplio y desproporcionado pie de fuerza militar, no se entiende bien cómo pueden operar en esa entidad, con total impunidad, comandos armados que tienen como blanco jóvenes considerados “desechables”. En ese contexto, cabe reseñar que hasta ahora los principales recursos de la Iniciativa Mérida han sido destinados al Instituto Nacional de Migración, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de la República. En general, el equipo entregado incluye un laboratorio para la identificación de documentos falsos, camionetas tipo Van equipadas con rayos equis, equipo biométrico, escáneres ion portátiles y unidades para pruebas de polígrafo.
En ese mismo lapso (años fiscales 2008-2009), el Ejército Mexicano sólo recibió cinco helicópteros Bell 412 para apoyo logístico y técnico. Están pendientes de entrega un número indeterminado de aviones y helicópteros para el Ejército, la Armada y la Secretaría de Seguridad Pública, por un valor aproximado de 485 millones 500 mil dólares. Además, lo presupuestado para el año fiscal 2010 incluye equipo computarizado y tecnología de inteligencia diversa, así como cursos de capacitación que quedaron inconclusos.
Fuente: Forum
Difusión: soberanía popular
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