Mayela Sánchez
La política económica actual ha fracasado en generar empleos, reducir la pobreza y garantizar educación de calidad y acceso universal a los servicios de salud, señala un informe del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
La actual política económica ha resultado “limitada” para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleos en el país, señala el informe Diagnóstico del sistema fiscal mexicano. El documento, dado a conocer en enero pasado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, destaca que ni el sector privado ni el público –aun cuando el Estado es el responsable de conducir el proceso de desarrollo social- han cumplido con estimular el crecimiento de la economía mexicana.
De acuerdo con los datos del CEFP, de 2003 a 2008 la participación del sector privado en la producción nacional ha estado por encima del 80 por ciento; no obstante, sus acciones han sido insuficientes para fomentar el crecimiento económico. Simultáneamente, el Estado ha fallado en incentivar la inversión y generar empleos formales, de modo que el aumento del gasto público no se ha traducido en una mayor participación de éste en el Producto Interno Bruto.
El informe destaca que a pesar del incremento del gasto que han tenido en años recientes los rubros de educación y salud, prevalecen rezagos importantes vinculados con la eficiencia y el manejo de sus programas a través de las distintas entidades de la administración pública. Asimismo, no se ha satisfecho la demanda de empleo, lo que ha propiciado la proliferación del trabajo informal. Respecto de la pobreza, el documento enfatiza que en los últimos años se ha mantenido en una proporción importante.
En 2002, la mitad de la población vivía en condiciones de pobreza y una quinta parte era considerada en pobreza extrema. Para 2006, año en que se dio la transición entre los gobiernos panistas de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, los índices mostraban una reducción de la pobreza de casi 5 puntos porcentuales, mientras que los pobres extremos habían disminuido a 13.8 por ciento, es decir poco más de 6 puntos en sólo un cuatrienio.
Tras dos años de administración calderonista, las cifras volvieron a elevarse casi a sus niveles originales, pues la pobreza creció a 47.4 por ciento y la pobreza extrema alcanzó 18.2 por ciento. Ello ha obligado a incrementar de forma constante el gasto público destinado a superar la pobreza, alcanzando una tasa promedio anual de 15.4 por ciento; sin embargo, el CEFP considera estas erogaciones “insuficientes” debido a que no se han acompañado de la creación de empleos ni han aumentado los ingresos de la población, estrategias que tendrían “mejores efectos y de carácter más permanente”.
Gasto público mal ejercido
Del presupuesto destinado al rubro de educación, la mayor parte se ha ejercido en gasto corriente, dejando una pequeña parte a la inversión física y de capital. Y dentro del gasto corriente –que representa en promedio el 95.1 por ciento del gasto total-, casi el 64 por ciento se destina a sueldos de profesores. Pese al incremento de recursos que ha tenido el sector educación, éste no se ha traducido en impactos significativos en los indicadores de desempeño, apunta el CEFP. Señala que su impacto en la mitigación del analfabetismo ha sido marginal, pues de 2006 a 2009 éste se redujo sólo 0.4 por ciento.
Tampoco se ha cumplido con el precepto constitucional de brindar educación a toda la población, pues hasta hace dos años, 23 millones 200 mil personas, el 21.7 por ciento de la población, se encontraban en rezago educativo, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social recabados por el CEFP.
Los bajos resultados que han obtenido los alumnos de primaria, secundaria y educación media superior en la prueba ENLACE (Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares) evidencian que el aumento del gasto público no ha servido tampoco para mejorar la calidad educativa. Para 2009, el 67.2 por ciento de los alumnos de primaria tuvo un desempeño “insuficiente” en español, y 69 por ciento, en matemáticas en dicha prueba. En secundaria, los niveles de insuficiencia fueron de 81.8 por ciento y 90.6 por ciento, respectivamente; mientras que en el nivel medio superior, el 51 por ciento de los estudiantes mostró un pobre desempeño en español y 81.2 por ciento lo tuvo en matemáticas.
En el sector salud, el informe señala que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) “han acaparado la mayor parte del presupuesto”, aun cuando cubren a una población menor a la que atiende la red de hospitales de la Secretaría de Salud (Ssa). Asimismo, refiere que dichas instituciones atienden a los trabajadores “más favorecidos, puesto que son los están integrados dentro de la economía formal y aunque pagan cuotas por acceder al servicio, el gasto público destinado a estas instituciones es mucho mayor que los ingresos obtenidos por cuotas”.
Para este año, el presupuesto en salud es de 352 mil 811 millones 900 mil pesos, de los cuales casi 160 millones (45.1 por ciento) irán a manos del IMSS, 86 millones 438 mil pesos (24.5 por ciento) serán para la Ssa y 38 millones 456 mil 500 pesos (10.9 por ciento) se destinarán al ISSSTE. Al igual que en educación, en los últimos siete años el gasto en salud se ha destinado principalmente a gasto corriente, sobre todo para el pago de sueldos de médicos, enfermeras y personal. No obstante, el 40.7 por ciento de la población (43 millones 400 mil personas) carecen de acceso a los servicios de salud, reporta el CEFP.
La doctora Violeta Rodríguez del Villar, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, apunta que si bien la educación y la salud son funciones que el Estado debe cumplir, una buena parte del gasto que se realiza en estos rubros no llega a la población objetivo, pues los programas no tienen una base realista y no están integrados en una visión de desarrollo de largo plazo.
“El gasto en desarrollo social tiene una visión asistencialista y no de lograr la autosuficiencia, y ésta sólo podría alcanzarse si se tiene un gasto orientado a generar crecimiento económico, en particular a permitir que las personas obtengan un empleo y a partir de su actividad sean capaces de cubrir sus necesidades”, considera la especialista en Estudios Hacendarios y del Sector Público.
El profesor Domingo Rodríguez, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco, comparte la idea de tener políticas públicas mejor dirigidas que incentiven el empleo y el crecimiento de las empresas, con lo que podrían atenderse las demandas de servicios básicos de forma indirecta.
Aumento del empleo informal, consecuencia de la política económica
Pero contrario a la promesa calderonista de generar más empleos durante el sexenio, el CEFP señala que de 2003 a 2009, la tasa de desocupación se duplicó al pasar de 3.08 en el primer trimestre de 2003 a 6.24 en el mismo periodo de 2009. Ello ha conducido a un crecimiento de las actividades informales, donde la tasa de ocupación aumentó de 2.69 por ciento a 27.5 por ciento en esos seis años. Datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe señalan que, para enero de este año, el empleo informal había sumado 15 millones de personas, equivalente a 28 por ciento de la población económicamente activa.
El informe del CEFP indica que los bajos niveles que se han alcanzado de empleo formal, sumados a la también pingüe inversión, han tenido un “efecto contradictorio” para los objetivos de la política fiscal, pues por una parte, el financiamiento del gasto público por vía de la recaudación de impuestos es limitado, lo que en consecuencia “estrecha los márgenes de acción de la política económica y limita su capacidad de gasto”.
Por otra parte, esta situación causa deterioro en las condiciones de vida de la población, lo que genera elevados niveles de pobreza, que demandan recursos públicos crecientes para su atención, pero que se enfrentan con fondos fiscales estrechos y que deben mantenerse bajo control para lograr estabilidad económica.
Régimen tributario, factor de desequilibrio
Rodríguez del Villar advierte que en México “aún distamos de superar la crisis, y con un gasto público que no está orientado a contrarrestar sus efectos, podemos pensar que se va a profundizar más”. La investigadora considera que se requiere un cambio en la política económica, “que el gobierno reconozca que los mercados no son capaces de autorregularse ni de generar un crecimiento económico y que ese estímulo solamente puede provenir del Estado. Y las políticas que permiten que el gobierno se inserte de esta forma de una manera más armónica son las políticas de gasto y la política tributaria”.
Sin embargo, también acota que el sistema fiscal mexicano tiene un aspecto “negativo”, que es la concentración de la capacidad recaudatoria en unos cuantos contribuyentes. “Si bien esta estructura le está permitiendo al gobierno mantener el equilibrio en las finanzas públicas, éste es principalmente pagado por las empresas pequeñas y los asalariados”, menciona.
El informe del CEFP apunta que uno de los principales problemas del sistema fiscal es la evasión, pues hay en el país una “subcultura de la evasión” con mecanismos de evasión ampliamente conocidos y difundidos que legitiman esta práctica. A ello se le suman los gastos fiscales, que son todas las deducciones, facilidades administrativas, exenciones, créditos fiscales, tasas preferenciales, impuestos diferidos o estímulos fiscales que se concesionan a algunos contribuyentes.
El CEFP señala que los hogares con mayores ingresos reciben una mayor proporción de los gastos fiscales asociados a la exención del impuesto al valor agregado, pues mientras los hogares de menores recursos se benefician de un gasto fiscal de 158.6 pesos mensuales, los de mayores ingresos lo hacen con 305.8 pesos. En cuanto a los gastos fiscales de bienes y servicios tasa cero, los hogares de ingreso más bajo tienen como beneficio 71.2 pesos mensuales y los de más alto nivel económico son socorridos con 481.5 pesos. Lo mismo ocurre con la concesión por la compra de gasolinas o diésel, pues lo reciben las personas de mayores recursos por ser quienes lo consumen más.
Fuente: Revista Fortuna
Difusión: AMLOTV
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