Durante su reciente encuentro llevado a cabo en Guadalajara, a principios de junio, los rectores de las principales universidades de Iberoamérica dejaron de manifiesto la existencia de dos formas completamente diferentes de explicar las causas de la inseguridad, la violencia y los problemas sociales que padecen países como México, así como las respuestas que pueden ofrecerse a los mismos. Ambas son antitéticas y, por añadidura, los resultados que pueden obtenerse con su aplicación serán diametralmente opuestos. Una, por la claridad de su diagnóstico y sus respuestas, en caso de aplicarse, brindaría mejores soluciones en el tiempo. Ésta, que fue presentada por los rectores, puede calificarse como la razón ilustrada.
Otra, que se emplea en el país, por su estrechez y equívocos, se encuentra, por definición, en un callejón sin salida; es circular y se muerde el rabo a sí misma. Ella, que se le puede llamar como la razón cavernícola, es personificada por el primitivo Felipe Calderón, quien estuvo presente en dicha reunión, y sus trogloditas, incluyendo, paradójicamente, al titular de educación, Alonso Lujambio. O para ser precisos, es la sinrazón de la solución del garrote. Por su naturaleza está condenada al fracaso, porque al separar la inseguridad y violencia, sobre todo la asociada al narcotráfico, del entorno económico y sociopolítico, sólo ha agravado los problemas que pretende resolver. Al enfrentarlas con el monopolio de la violencia del Estado, sólo ha acrecentado la incertidumbre social, el desasosiego de la población y la espiral de la violencia que se manifiesta en los crecientes montones de cadáveres apilados por el territorio nacional: más de 23 mil muertos.
Se ha convertido en un terrorismo de Estado al emplearse en contra de los descontentos de su gobierno, el modelo económico y el sistema. Se ha basado en la ilegalidad y la impunidad de los aparatos represivos, las policías, los militares y los grupos paramilitares creados oficialmente, cuyos uniformes se han cubierto de gloria con la sangre que chorrea de las personas inocentes e indefensas que han agredido y asesinado con la mayor frialdad, sin importarles que sean infantes o adolescentes, al igual que las manos del necrófilo Calderón y los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR), Gobernación, Seguridad Pública y Defensa Nacional, entre otros. Sólo agudizará más la inestabilidad y la descomposición sociopolítica, la violencia delincuencial, de clase y de cualquier tipo, y ahogará a la nación en un peor baño de sangre como el conocido hasta el momento.
Desde el punto de partida, ambas percepciones se bifurcan. Para los rectores, el problema fundamental de las sociedades modernas “no es la inseguridad, sino la miseria y la ignorancia, la pobreza y el dolor de las personas”. La inseguridad y violencia no nacen por generación espontánea o son productos de espíritus malévolos, como se desprende del enfoque calderonista; son el corolario del actual modelo económico de desarrollo, condenado al fracaso más estrepitoso, cuya meta es la acumulación de bienes y capital sin freno, sin límite ni decoro, sin medir las consecuencias de cómo conseguirlo; que ha generado numerosas crisis y fragmentado a la sociedad; que es injusto, inequitativo, excluyente; que ha incrementado “el desempleo, la pobreza, la miseria y la aparición de las lacras de una modernidad mal entendida: el riesgo y la incertidumbre, la desesperanza, la violencia, la inseguridad; el cambio climático y la crisis ecológica; el narcotráfico y las adicciones, o nuevas formas de desajuste y de patología mental” (La Jornada, 1 de junio de 2010).
Ese modelo excluyente limita la cobertura educativa, condena a miles de jóvenes a las calles y al riesgo de seguir el camino de la delincuencia. En México, sólo 30 por ciento de jóvenes mexicanos tiene acceso a la educación superior, señaló José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. “Violencia y pobreza son dos de los factores que más golpean a México y encuentran su máxima expresión en la marginalidad. Son muchos millones de mexicanos que viven marginados de la sociedad y de las instituciones, entre la violencia y la depresión, entre el analfabetismo o una casi nula escolarización, excluidos del acceso a una enseñanza superior y marginados también del proyecto de nación. Viven, mejor dicho, sobreviven, al margen de la sociedad”.
Para los rectores, la solución de esas plagas requiere de la democracia, de una participación estratégica del Estado, una sociedad más justa e igualitaria que mejore la distribución de la riqueza y persiga el mayor desarrollo humano posible. Sin educación, ciencia, arte y cultura, simplemente no hay desarrollo, se pierde el sentido humano. Narro Robles añadió recientemente: “El proyecto [actual está] agotado y tiene que cambiar, diseñarse uno diferente, que distribuya de mejor manera la riqueza nacional y el trabajo colectivo”.
Pobreza, miseria, exclusión social, injusticia, falta de libertad, antidemocracia, esos rasgos esenciales del Estado autoritario mexicano y su capitalismo neoliberal son los que explican la inseguridad, la violencia y el narcotráfico.
¿Qué ha ofrecido Calderón ante esas plagas?
Sólo mayor violencia y terrorismo de Estado, más autoritarismo y mayor dosis neoliberal. El espectáculo sangriento de la muerte, del desprecio, la impunidad, la corrupción, el garrote.
Como dice la socióloga neerlandesa Saskia Sassen: la “lógica de expulsión”. Nada a los que nada tienen. “A los marginados y excluidos algo más radical, absolutamente brutal: a la gente que nunca tuvo ni tendrá un empleo le ofrece el camino del ghetto a la cárcel y de la cárcel al ghetto” (Territorio, autoridad y derechos, editorial Katz, Bs, As, 2010). Calderón ha añadido otras opciones católicas: “Del ghetto a la cárcel y de la cárcel al ghetto”; la muerte en la miseria para maximizar la tasa de ganancia de los empresarios, una tumba sin nombre.
La guerra declarada por Calderón en contra del narcotráfico ha sido acompañada con su ofensiva en contra de los trabajadores, indígenas, opositores y sus organizaciones que tratan de defender sus derechos conculcados por el sistema, con el objeto de asegurar la viabilidad del proyecto neoliberal de nación y sus formas más salvajes de explotación y acumulación de capital. Para terminar de arrasar con los vestigios de los beneficios sociales que aún quedan en la Constitución y que obstaculizan el retorno hacia el capitalismo arcaico, porfiriano, sin protecciones legales para los asalariados, sin los estorbosos harapos de libertad, justicia y democracia arrancados por la sociedad al sistema durante décadas, a costa de su sangre y sus muertos. Para que funcione sin contratiempos el capitalismo mafioso instaurado por Carlos Salinas de Gortari, se requiere del autoritarismo presidencialista, colmado por las tentaciones despóticas de Calderón y sus esfuerzos por consolidar el golpista estado de excepción que ha impuesto, con la complicidad de los poderes Legislativo y Judicial, que han solapado y participado en sus desmesuras.
Un papel central en la estrategia de guerra antisocial lo representa Javier Lozano, encargado de aplastar a los sindicatos más importantes, mejor organizados, que han guardado cierta autonomía respecto del calderonismo y que representan o representaban un estorbo para reemplazar el corporativismo priista por el neocorporativismo panista, así como para amedrentar, doblegar y someter al resto de los trabajadores al nuevo mundo de la “flexibilidad” laboral, el sueño dorado de los empresarios. El retroceso de la relación trabajo asalariado-capital en más de un siglo, donde ellos, como señores de horca y cuchillo, con el poder del Estado a su lado para reprimirlos cuando sea necesario, puedan contratar a los trabajadores como esclavos modernos, sumisos, desorganizados o en sindicatos controlados por las empresas, sin garantías sociales y prestaciones laborales o reducidas al mínimo, a los cuales puedan explotar al máximo y, luego, convertidos en despojos, arrojarlos a la calle sin onerosos quebrantos sobre sus ganancias.
Como abogado, Lozano se ha mostrado como un consumado violador del estado de derecho, al igual que su jefe. Ha convertido a la Secretaría del Trabajo en un departamento de represión en contra de los trabajadores; ha sido generoso con los dirigentes laborales que se han sumado a los turbios negocios palaciegos con el panismo, aunque representen lo más siniestro del sindicalismo, los más corruptos, brutales y acusados de asesinar a sus oponentes: Elba Esther Gordillo, Víctor Flores, Carlos Romero, Víctor Fuentes. En cambio, ha sido especialmente bestial con los que decidieron defender los intereses de los trabajadores en contra de los abusos de los empresarios, como son los casos de los mineros o los electricistas, que impedían que Calderón entregara a la empresa donde laboraban al pillaje empresarial. Para ellos, el puño de hierro, la injusticia, la ilegalidad, apoyado, como Fuenteovejuna, por los titulares de Gobernación, de Seguridad Pública, el Congreso, la Suprema Corte y el Instituto Federal de Acceso a la Información, el garante de la “transparencia” que ordenó ocultar los documentos que justificaron el sucio trabajo de Lozano en contra de los electricistas.
Injusticia, impunidad, complicidad, encubrimiento, protección, tráfico de influencias, negocios mafiosos de amigos y familiares como razones de Estado. Quizá la peor infamia del calderonismo la representen, hasta el momento, los 49 niños muertos y los más de 70 que resultaron con lesiones con el criminal incendio de la guardería ABC, en Sonora, para encubrir a los responsables señalados por la Suprema Corte: Juan Molinar, Eduardo Bours, Daniel Karam, Carla Rochín Nieto o Marcia Gómez del Campo Tonella, amiga y familiar de Margarita Zavala; lista que, por cierto, dolosamente, no incluye a los principales culpables de la tragedia: al capo protector de la PGR, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Calderón, Santiago Levy, quienes acabaron con la responsabilidad del estado de la seguridad social, la desmantelaron y la entregaron al pillaje empresarial. Peor aún, el proyecto de dictamen reduce el problema a una simple indolencia oficial y de los concesionarios y legitima la reprivatización del servicio de guarderías. Y, por si no fuera suficiente, al señalar Guillermo I Ortiz Mayagoitia que el dictamen no es “vinculante”, deja la puerta abierta para la completa impunidad. Según él, la resolución definitiva tendrá “consecuencias en el terreno de la ética y de la legitimidad democrática, como censura de la gravedad de las violaciones a los derechos fundamentales, como mensaje a todas las autoridades del país para que sucesos de esta índole no vuelvan a acontecer”.
El razonamiento jurídico de la Corte se llama complicidad y blanqueo del crimen de Estado.
¿Es ingenuo Ortiz Mayagoitia o cree, como Calderón, que la sociedad es estúpida?
Ante la ausencia de los mecanismos institucionales que sancionen la violencia desplegada por Calderón y el sistema en contra de población y los movimientos sociales, sólo les está dejando como opción el legítimo recurso de violencia desesperada u organizada para defenderse y alcanzar la justicia, la libertad, la igualdad y democracia que no podrán alcanzar por la vía pacífica.
Fuente: Contralínea
Difusión: AMLOTV
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