Nelly Olivos
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* La “inequitativa adjudicación” a Televisa y Nextel genera litigio * Múltiples voces denuncian “proceso de licitación a modo” * Viciado de origen el procedimiento * Desaseada sesión de la Cofetel
El acceso a bienes y servicios de calidad es un factor fundamental para el pleno desarrollo de las personas, principalmente cuando estos bienes y servicios están relacionados con la supervivencia, tal es el caso del agua, la salud, educación, pero no menos importante es el acceso a las tecnologías de información y comunicación (TIC), esto puede ser un legitimo negocio o un jugoso botín.
Se trata de una inigualable oportunidad de negocio con ganancias millonarias para quienes están en posibilidades de invertir en el sector de las telecomunicaciones, como las empresas Televisa y Nextel que resultaron favorecidas con el otorgamiento de la llamada licitación 21.
Resulta inimaginable el desarrollo de nuestras actividades diarias sin el uso de internet y de los teléfonos celulares. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet (Amipci), en su Estudios de infraestructura y adopción de las TIC por la población en México, a diciembre del 2009 había en nuestro país 9.5 millones de hogares con computadora, de los cuales 7.1 millones contaban con servicio de Internet.
La Amipci calculó que en 2009 había en el país 30.6 millones de internautas y que la principal limitante para tener acceso a internet es la falta de recursos económicos.
En la investigación citada anteriormente, se señala que en las áreas urbanas del país seis de cada 10 personas poseen un teléfono celular, lo que significa que en 80% de los hogares se cuenta con uno o más teléfonos celulares. La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) calculó en 85.3 millones los usuarios de telefonía celular a marzo del presente año.
No obstante, nada de esto sería posible sin la autorización del gobierno federal, pues para poder brindar estos servicios se requiere de concesiones de diversa índole. Simplemente, hay que recordar que el espacio aéreo (donde viajan diversas ondas de telecomunicaciones, radio, televisión, etcétera) es propiedad de la nación y por tanto su uso es sólo una concesión que debe sujetarse a las leyes vigentes.
El 23 de noviembre de 2009 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Bases de licitación para el otorgamiento de concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para el acceso Inalámbrico en el Segmento de 1710-1770/2110-2170 MHz, mejor conocida como licitación 21. Las empresas que resultaran concesionarias de dichas frecuencias podrán prestar prácticamente todos los servicios inalámbricos de telecomunicaciones, exceptuando los servicios de radiodifusión.
De manera intempestiva, el pasado 16 de agosto, dos de los cinco integrantes del pleno de la Cofetel, Gonzalo Martínez Pous y Mony de Swaan Addati, éste último presidente de la dependencia gubernamental, decidieron adjudicar a las empresas Televisa y Nextel un bloque de 30 MHz con cobertura nacional en 18 mil 314 millones 639 mil 100 pesos; de los cuales 180 millones 300 mil pesos deben pagarse en los próximos 45 días naturales, podemos decir que se trata de un enganche, y el monto equivalente al valor actualizado de la inflación de 18 mil 134 millones 339 mil 100 pesos en pagos anuales correspondientes al valor de los derechos.
Mientras que por otros 30 MHz, que eran parte de la misma licitación, Telcel y Telefónica tienen que pagar, inicialmente, 5 mil 68 millones de pesos.
Gabriel Sosa Plata, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, expone a Forum la importancia de la frecuencia concesionada en la licitación 21: “En estas frecuencias se va a desarrollar en parte importante el futuro de los servicios móviles en el país. Si ahora tenemos, por ejemplo, servicios saturados en algunas ocasiones y a determinadas horas, la idea es que con estas frecuencias haya una mayor velocidad para bajar, por ejemplo, videos, ver televisión en tiempo real, transmitir datos, etcétera”.
La característica fundamental de estos servicios es la movilidad, “se trata de servicios con una gran potencial a partir de la movilidad”, señala Gabriel Sosa Plata y continúa con su explicación “las autoridades reguladoras reservaron dos bloques de 30 MHz con el ánimo de que entraran al mercado de las telecomunicaciones nuevos jugadores que hicieran competencia a los jugadores actuales del mercado, principalmente Telcel”.
La Comisión Federal de Competencia (CFC) fue la instancia encargada de colocar un candado a la oportunidad de que nuevas empresas se adjudicaran la licitación 21, al establecer una serie de medidas de competencia encaminadas a limitar la acumulación de frecuencia en 80 MHz en las bandas de 800, 1700 y 1900 Mhz. En su comunicado 06-2009 la CFC señaló que:
“De esta manera, se evita la concentración excesiva de espectro por parte de algún agente económico y se asegura que los posibles nuevos competidores al mercado de telefonía móvil tengan acceso a este insumo esencial. Al mismo tiempo, las empresas establecidas tienen la oportunidad de incrementar su dotación de espectro por lo menos en una tercera parte, con lo que pueden seguir creciendo sin sacrificar la calidad de sus servicios”.
Con esta medida, quedó abierta la posibilidad de que se incorporaran empresas como Televisa, Nextel, Axtel, Alestra, Megacable, alrededor de 44 compañías manifestaron interés en la licitación 21. Incluso, señala el catedrático Gabriel Sosa, que comisionados del órgano regulador de la Cofetel hicieron un cabildeo en países europeos y asiáticos para que vinieran a invertir en nuestro país y no lo lograron.
¿Qué autoridad es la encargada de establecer los precios de concesión y qué elementos se toman en cuenta para fijar este precio?
—La Secretaría de Hacienda es la que estableció estos precios de reserva, los mínimos que se deben establecer, pues, para participar en la puja inicial. En cuanto a la forma en que se instauró este precio de 180 millones es un tema de transparencia que hay que discutir, pues no hay claridad en por qué se estableció ese precio mínimo. Es fundamental transparentar los criterios bajo los cuales se determinó ese valor.
Daño patrimonial
Más allá del precio mínimo establecido para otorgar dicha concesión, el diputado panista Javier Corral Jurado afirmó que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Juan Molinar Horcasitas, impulsó una condonación total por dos años en el pago de derechos, “constituyendo esta exención fiscal un monto total de 5,680 millones de pesos, lo que sólo a Televisa le representará un beneficio directo por 1,800 millones de pesos.”
Gabriel Sosa Plata explica que “en esta competencia el resultado pudo haber sido mayor y esto pudo haber implicado un beneficio económico, evidente, para las arcas del Estado”. Esta licitación pudo haberse declarado desierta y volver a convocar a u nuevo proceso buscando condiciones más favorables para el gobierno.
No hay lugar a duda de que las autoridades organizaron un proceso de licitación a modo para favorecer al grupo formado por la alianza Televisa-Nextel, así lo han expresado innumerables voces de catedráticos, legisladores, ciudadanos, etcétera. La propuesta económica del grupo Televisa-Nextel fue muy baja, pero fue la única por lo tanto aceptada por los comisionados Gonzalo Martínez Pous y Mony de Swaan Addati.
De origen este proceso de licitación esta viciado, pues el comisionado Rafael del Villar votó en contra argumentando que los precios mínimos no fueron bien establecidos reduciendo la posibilidad de las otras empresas y dejándolas fuera de la licitación
Por su parte, el comisionado Ernesto Gil Elorduy se abstuvo de votar al conocer las medidas cautelares impuestas por un juez federal de Guerrero y por otro juez federal de Tamaulipas contra el proceso.
Con fecha del 19 de agosto la Cofetel emitió el comunicado de prensa 53/2010 donde da a conocer el emplazamiento legal promovido por TV Azteca Comercializadora SA de CV, en Tamaulipas, contra la licitación 21. Las medidas cautelares otorgadas a favor de la empresa televisora consisten en que:
“… las cosas se mantengan en el estado que se encuentran al día de hoy, sin que ello implique prejuzgar sobre la legalidad de la situación que se mantiene, como tampoco sobre los derechos del solicitante de esta medida, esto es, para que no se materialice el dictado del fallo, contrato o adjudicación de la licitación 21.”
Con la licitación 21 hay un beneficio social que se traducirá en más y mejores servicios, mejores tarifas, empleos, inversión, mayor recaudación de impuestos. Todo eso es bueno. Pero no podemos dejar de señalar los elementos inequitativos con los que se diseñaron las bases de licitación ni tampoco podemos dejar de pensar en los posibles acuerdos político-electorales que se esconden detrás de esta adjudicación.
Fuente: Forum
Difusión: Soberanía Popular
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