Revisará la Corte casos de 12 pobladores de Atenco aún presos por hechos de 2006

Ministros de la primera sala determinan conocer el amparo solicitado por el líder del FPDT

Revisará la Corte casos de 12 pobladores de Atenco aún presos por hechos de 2006

Crean una comisión para analizar los procesos preliminares antes de decidir si son liberados

Jesús Aranda

Periódico La Jornada

Jueves 18 de marzo de 2010, p. 17

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá en definitiva todos los procesos penales que enfrentan los 12 pobladores de San Salvador Atenco que se encuentran presos desde hace casi cuatro años.

Los ministros de la primera sala determinaron ayer ejercer su facultad de atracción para conocer el amparo solicitado por Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), contra la sentencia de 45 años de prisión (en total fue condenado a 120 años). Éste era el único amparo relacionado con el caso Atenco que no había sido atraído por el máximo tribunal.

Previamente, durante un mitin realizado afuera de la SCJN, familiares de los atenquenses presos exigieron al máximo tribunal que actúe con celeridad y los libere de inmediato.

En sesión privada y después en sesión pública, los ministros decidieron por unanimidad atraer el amparo de Del Valle y acordaron que, por turno, corresponderá a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea elaborar el proyecto de dictamen correspondiente.

Trascendió que dada la importancia del asunto, los ministros de la primera sala crearon una comisión de secretarios de estudio y cuenta que se encargará de analizar los tres paquetes de amparos y de elaborar los proyectos preliminares en los que se definirá si la SCJN concede la libertad a los demandantes.

Dicha comisión revisará los casos de Ignacio del Valle, Héctor Galindo Ochoa y Felipe Álvarez Hernández, recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano, y de Juan Carlos Estrada Cruces, Óscar Hernández Pacheco, Julio César Espinosa Ramos, Eduardo Morales Reyes, Narciso Arellano Hernández, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, Alejandro Pilón Zacate, Jorge A. Ordóñez Romero y Román A. Ordóñez, presos en Molino de Flores.

Distintas sentencias para el mismo delito

La idea –dijeron los funcionarios consultados– es que como se trata del mismo asunto y el mismo delito que se les imputa (homicidio equiparado, aunque la sentencia contra Del Valle alcanza 120 años de prisión, la de sus dos compañeros en el Altiplano es de 67, y la del resto es de 31), se armonicen los proyectos de dictamen para que se resuelvan lo antes posible.

En el mitin realizado afuera de la Corte, los familiares de los detenidos y representantes de organizaciones sindicales y sociales exigieron a los ministros que los liberen antes de que cumplan cuatro años de prisión, lo cual se cumple en mayo próximo.

¿De qué otra manera podemos hacer presión para que sean liberados nuestros esposos, padres y hermanos presos injustamente desde mayo de 2006? –cuestionó una de las madres que tomaron la palabra.

Otros portaban una gran manta que decía: Madres de los presos políticos del caso Atenco, exigimos a Peña Nieto la libertad de nuestros hijos, y entre consignas como: ¡Presos políticos, libertad! ¡Nuestros compañeros no son delincuentes, su único delito es ser consecuentes!, los manifestantes advirtieron que cada miércoles acudirán a la Corte para exigir que se haga justicia.

Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle, dijo en entrevista que es indignante ver cómo se consumen las madres de los atenquenses detenidos, ante la injusticia cometida por el gobierno que inventó los delitos y los cargos contra sus hijos presos.

“Ante la cerrazón de las autoridades federales y del estado de México –añadió–, la Suprema Corte debe rectificar los errores cometidos cuando investigó la violación grave de garantías individuales en San Salvador Atenco (febrero de 2009), cuando los ministros evitaron pronunciarse sobre los funcionarios responsables de los hechos violentos y de la transgresión de los derechos humanos de los atenquenses”.

Los ministros –dijo– no actuaron contra el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, quien fue el principal responsable de esos hechos.

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Fuente: La jornada

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