Las averiguaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus informes, sobre violaciones a los derechos humanos, son como los llamados a misa de la iglesia con sus ministros pederastas. No tienen ninguna finalidad, en la medida que no son consignados los presuntos responsables. Y menos dan lugar a un proceso para un deslinde de responsabilidades penales y civiles. Se trata de darle “atole con el dedo” a los quejosos, terceros perjudicados y a las víctimas.
Los últimos informes sobre abuso del poder y violación a los derechos humanos, que van desde agresiones, torturas y cancelación de la libertad, hasta homicidios, en los estados de Puebla, Oaxaca y Sonora, son un pitorreo del pleno de esa Corte (que bien pudiera haber consignado esos expedientes como denuncias ante la Procuraduría General de la República, PGR). La propaganda del Poder Judicial de la Federación, por radio, televisión y prensa escrita, dizque informando sobre sus actividades, es para hacernos creer que imparte justicia, pero es la complicidad de la elite gobernante, para darse impunidad. Son los ministros, funcionarios encubridores, corruptos y tan perversos como los pintó Orozco, en un mural del edificio de la Suprema Corte, como un antro, una cueva de ladrones prostituyendo a la Justicia: una diosa en manos de jueces prevaricadores y en juerga de libertinos.
En Sonora, no obstante el infanticidio de 49 niños, muertos por homicidios con todas las agravantes, y 75 niños más, marcados de por vida por las lesiones sufridas, en aquel incendio del 5 de junio de 2009, en la Guardería ABC, domiciliada en la capital de Sonora, no hay nada tras la averiguación de la presunta responsabilidad administrativa, penal y civil del entonces desgobernador Robinson-Bours; el también entonces director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Molinar Horcasitas; el que fuera presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara; los beneficiarios directos de la ilegal subrogación y una lista de funcionarios, por negligencia, omisiones y hasta complicidades.
Otro informe inútil de la Corte es contra el cacique Ulises Ruiz, desgobernador de Oaxaca durante casi seis años (y a punto de imponer sucesor, necesitado, como ningún otro funcionario, de un guardaespaldas para cubrirle la huída con las alforjas repletas del saqueo a los oaxaqueños). Éste y los de Puebla y Sonora, aunque en esta entidad los electores ejercieron su derecho a deshacerse del priismo sonorense y darle la victoria en las urnas al Partido Acción Nacional (y éste con un Padrés Elías que pinta para desgobernador, mientras los ciudadanos se desilusionan de lo que es ya casi una alternancia fallida), son casos donde la Corte es una institución que para nada sirve, por cuanto que no hay sanciones a los responsables que ingresan al enésimo caso de impunidad del calderonismo.
Lo de los 49 niños, entre seis meses y cinco años, víctimas de homicidios intencionales (pues Bours, Molinar y Gándara sabían de antemano las condiciones peligrosas del edificio de la guardería, con techo de láminas y material muy combustible; lo sabían tanto como el resto de los funcionarios y los familiares de Bours y de la esposa del señor Calderón que administraban para su beneficio los servicios de la guardería); como los 75 niños que padecen ahora las quemaduras, durante el pavoroso incendio, no han sido suficientes pruebas para que el informe de la Corte integre el expediente que haga las veces de una denuncia ante la PGR. Son intocables: el multimillonario Bours, quien saqueó a la entidad con su pandilla, goza de protección; Molinar Horcasitas, uno de los precandidatos de Calderón y Margarita Zavala, para la sucesión presidencial; Gándara, permanece a salvo de cualquier deslinde de responsabilidades, porque si lo procesan, echaría de cabeza a los anteriores, dado que están implicados. Y para que ninguno jale la cobija, permanecen en la impunidad.
Los padres y familiares de los 124 niños a los que les cayó encima el techo en llamas (un infierno que no imaginaron con sus amenazas los llamados libros sagrados, ni la fantasía de John Milton ni Dante Alighieri lograron crear en sus obras) no han recibido ni justicia a secas (penal y civil e incluso de juicio político para inhabilitarlos durante y después de haber cumplido un mínimo de 50 años en la cárcel). Van más de 30 protestas públicas (dos en la capital del país) del Movimiento Ciudadano por la Justicia del 5 de junio de 2009. Han tocado las puertas de la Corte y de Los Pinos para sólo recibir las clásicas promesas. Una de éstas pareciera que ya se cumplió: es el informe de los dos magistrados, que ha servido, como la Carabina de Ambrosio, para nada, para maldita la cosa. Los responsables en ese dictamen están libres: Bours en sus mansiones y ranchos, mientras desayuna y come con Padrés Elías y llegan a transas; Molinar, prepotente, asegura que no tiene nada que ver; Gándara, escondido (protegido por su primo y sucesor en la presidencial municipal de Hermosillo, Javier Gándara, millonario por sus negocios de los molinos).
En el informe preliminar se mencionan ocho presuntos responsables del gobierno de Calderón; cuatro del mal gobierno de Bours (inexplicablemente no aparece el procurador de Sonora, Abel Murrieta, ratificado en el cargo por el panista Padrés, vínculo de éste para la complicidad con Bours); cuatro funcionarios del ayuntamiento hermosillense. Nada se dice de las versiones que aseguran fue intencional el incendio, al estar quemando documentos comprometedores, en el terreno contiguo a la guardería. No se menciona en el informe de la Corte a los particulares, a quienes Bours y Molinar Horcasitas entregaron, ilegalmente, ese negocio, donde una prima de Margarita Zavala y familiares de la esposa de Bours están como favorecidos.
El mismo Molinar, al ser enterado del informe, afirmó que como no es una sentencia ni una denuncia, “no estoy preocupado” (Milenio, 2 de marzo de 2010). Al IMSS lo exhiben como la institución que no tiene facultades para subrogar las guarderías y que “el incendio que quitó la vida a 49 niños y dejó lesionados a otros 75, se originó en la bodega continua a la Guardería ABC, donde la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sonora tenía almacenadas grandes cantidades de documentos”. Nada dice de la negligencia y omisiones de Bours, Gándara y los particulares favorecidos con la subrogación que solamente cobraban a los padres la mensualidad.
Dice el informe que “en la eventual violación de garantías, pueden estar involucradas diversas autoridades: IMSS, el gobierno del estado de Sonora y del municipio de Hermosillo”. No se mencionan nombres. Todo el informe es ambiguo. Y la impunidad, una vez más, cerrará el caso del incendio. Los familiares de los 124 niños ya pueden suscribir ese informe y presentarlo ante el Ministerio Público federal si quieren que su demanda de justicia, al menos, tenga un inicio. O la impunidad prevalecerá por enésima vez.
cepedaneri@prodigy.net.mx
Fuente: Contralínea
Difusión: AMLOTV
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