ABC: la justicia, aún prófuga

México SA

SCJN: Molinar, Karam, Bours

ABC: la justicia, aún prófuga

Ética y delitos de lesa patria

Carlos Fernández-Vega

De nada sirvió al inquilino de Los Pinos la intentona de limpiar su imagen –algo por demás imposible– y lavarse las manos en el caso de la guardería ABC subrogada por el IMSS (reunión a modo con selecto grupo de padres de familia y oportunista acuerdo de luto nacional, a dos días de conmemorarse el primer aniversario), porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación no sólo ratificó ayer lo que sustentó en su informe preliminar (marzo 2010) sobre la investigación realizada en torno a la tragedia de Hermosillo, sino que involucró a Daniel Karam, actual director del IMSS, y a Carla Rochín Nieto, ex coordinadora de Guarderías, como dos de los principales responsables, junto a Juan Molinar Horcasitas y Eduardo Bours.

El citado acuerdo –con la firma al calce de Calderón y Fernando Gómez Mont– fue publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (363 días después de los acontecimientos), como si se tratara de una iniciativa del inquilino de Los Pinos, cuando en realidad fueron los padres de los niños fallecidos y heridos en la ABC quienes desde la tragedia misma exigieron una decisión de tal naturaleza. Pero aún si la iniciativa fuera de la residencia oficial, la decisión no puede calificarse más que como un acto de simulación ante la inminente conmemoración del primer aniversario de los dolorosísimos sucesos en la guardería de Hermosillo.

Tampoco fue Calderón, ni los funcionarios involucrados, quienes requirieron la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para investigar y esclarecer los hechos. Fueron los mismos padres, el 2 de julio de 2009, los que solicitaron a la SCJN que ejerciera la facultad de investigación prevista en el segundo párrafo del artículo 97 constitucional, toda vez que las investigaciones de los gobiernos federal y estatal simple y sencillamente se dedicaron a encontrar chivos expiatorios, los cuales, dicho sea de paso, ya están libres.

Nada específico menciona la investigación de la Suprema Corte sobre la responsabilidad de los dueños de la guardería ABC de Hermosillo (una pléyade de parientes de políticos encumbrados, comenzando por la señora Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, familiar de Margarita Zavala, más Gildardo Francisco Urquides Serrano y Sandra Lucía Téllez Nieves). Tampoco de los tres procuradores que realizarían, hasta sus últimas consecuencias, la supuesta investigación oficial (Eduardo Medina Mora y Arturo Chávez Chávez, por la General de la República, y Abel Murrieta Gutiérrez, por la General de Justicia de Sonora (en ejercicio con Bours, y ratificado en el puesto por el gobernador panista Guillermo Padrés Elías).

En esta etapa final del informe, a cargo del ministro Arturo Zaldívar, se subraya que ha quedado evidenciado que la inobservancia de los deberes constitucionales, legales y aún infra legales, no sólo por las autoridades del IMSS, sino por las autoridades del estado de Sonora y del municipio de Hermosillo, propiciaron por un lado, un esquema deficiente de guarderías, y toleraron, por el otro, que la Guardería ABC y la bodega contigua no cumplieran con los parámetros básicos de seguridad, lo que en suma condujo a la tragedia que cobró la vida de 49 niños y dejó a más de cien gravemente lesionados. Más aún, el desorden en el funcionamiento del sistema de protección civil alcanzó los mecanismos que debieron accionarse una vez ocurrida la tragedia, por lo que la vulneración de derechos se prolongó aún después del suceso y agravó la situación de peligro para los menores. Dado lo anterior no puede más que concluirse que el cumplimiento de las obligaciones y deberes encargados a las autoridades involucradas, pudo haber evitado no sólo la actualización del trágico suceso, sino sus alcances posteriores, pudiendo preservarse o disminuirse la dimensión de las afectaciones a la vida e integridad de los menores.

Así, “con fundamento en los hechos probados y en los deberes legales y constitucionales omitidos, este Tribunal Pleno considera que las siguientes autoridades resultan responsables de las violaciones graves a los derechos fundamentales de vida, integridad física, seguridad social, salud e igualdad. El nombre y cargo de las autoridades que se identificaron como responsables de las violaciones graves a los derechos que protege la Constitución, son los siguientes:

Autoridades del IMSS: Daniel Karam Toumeh; Juan Francisco Molinar Horcasitas (director general 2006-2009); Sergio Antonio Salazar (director de Prestaciones Económicas y Sociales, (2007-2009); Carla Rochín Nieto (coordinadora de Guarderías, 2007-2009); Arturo Leyva Lizárraga (delegado estatal en Sonora, 2006-2009) y Noemí López Sánchez (titular del Departamento Delegacional de Guarderías, 2001-2009).

Autoridades del gobierno de Sonora: Eduardo Bours Castelo (gobernador 2003-2009); Wilebaldo Alatriste Candiani (titular de la Unidad Estatal de Protección Civil, 2003-2009); Ernesto Vargas Gaytán (secretario de Hacienda, 2007-2009); Fausto Salazar Gómez (director general de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, (2008-2009) y Jorge Luis Melchor Islas (subdirector de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda, 2006 a la fecha).

Autoridades del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora: Ernesto Gándara Camou (presidente municipal 2006-2009); Jesús Davis Osuna (director de Inspección y Vigilancia Municipal, 2006-2009) y Roberto Copado Gutiérrez (titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, 2006-2009).

El informe final se presentará a la consideración del pleno de la SCJN, y para su aprobación se requieren cuando menos 6 de los 11 votos posibles. Lamentablemente, el máximo tribunal no tiene atribuciones para sancionar a los funcionarios que encontró responsables de las violaciones graves a los derechos fundamentales de vida, integridad física, seguridad social, salud e igualdad.

Las rebanadas del pastel

Si existe un resquicio de ética en el gobierno calderonista entonces debe proceder a la destitución de los funcionarios y su presentación ante el ministerio público, sin olvidar a parientes y protegidos. Lo demás es simple alegoría porque, como subraya la SCJN, que las autoridades violen los derechos de los niños es algo muy grave e indignante, pero que esas violaciones se lleven impunemente en contra de menores absolutamente indefensos y vulnerables es algo de lesa patria.

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Fuente: La jornada

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