JOSé GIL OLMOS
TIJUANA, BC. México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, afirmó Carlos Lauría, coordinador para las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), al presentar el informe 2008 de este organismo con sede en Nueva York.
En esta ocasión, el CPJ eligió la sede del semanario Zeta en Tijuana, Baja California, para llevar a cabo una de las cuatro presentaciones en el mundo del informe sobre los ataques a la prensa el año pasado.
La agrupación internacional destacó que el gobierno mexicano ha mostrado ineficacia y lentitud para investigar los 24 asesinatos y 7 desapariciones de periodistas mexicanos en los últimos años.
En el inicio de la presentación del informe, la directora del semanarioZeta, Adela Navarro, destacó que el gobierno de Felipe Calderón no ha dado garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país.
Clarence Page, uno de los directores de CPJ, dijo en conferencia de prensa efectuada en la redacción del semanario fundado por Jesús Blancornelas, que mientras a escala mundial bajaron los actos en contra de periodistas, en México se han incrementado.
Al respecto, Carlos Lauría destacó la gravedad de la situación al acusar a las autoridades mexicanas de agravar la situación con la impunidad de no castigar a los autores directos e intelectuales de los asesinatos a periodistas, como fue el caso de Francisco Briceño, periodista del semanario Zeta.
Denunció que pese a que se detuvo recientemente a uno de los autores intelectuales, Arturo Villarreal, en San Diego, California, el gobierno federal no ha hecho una solicitud de extradición.
El representante del CPJ señaló directamente a la fiscalía especial de la Procuraduría General de la República (PGR) de intentar disminuir la gravedad de los ataques a los comunicadores en México, aduciendo que muchos de los casos no están vinculados con el ejercicio del periodismo.
Lauría dijo que otro de los aspectos graves de esta situación es que por primera vez periodistas mexicanos han solicitado asilo político en otros países, huyendo de las amenazas de muerte de grupos del crimen organizado o de autoridades vinculadas al narcotráfico.
Manifestó que es tan grave la situación, que algunos medios y periodistas han optado por la autocensura frente a la información sobre el narcotráfico.
"Hay impunidad, miedo, desamparo, la violencia está afectando la libertad de expresión no sólo de los periodistas sino de millones de mexicanos", aseveró el director del CPJ.
Informó que en junio del año pasado se reunió con el presidente Felipe Calderón, quien se comprometió a enviar una iniciativa de ley para "federalizar" los crímenes contra los periodistas.
Y aunque Calderón cumplió con enviar dicha iniciativa de reforma constitucional al Congreso, el CPJ repudió su contenido, pues se considera la violencia contra los periodistas como un hecho de "relevancia social" y no de "suma gravedad" y, al mismo tiempo, la idea de elevar el delito a rango constitucional convierte el proceso de castigo en algo muy lento.
Dijo que lo mejor sería llevar a cabo reformas al Código Penal para aumentar los castigos a los responsables directos y a las autoridades que no investigan los casos y dan lugar a la impunidad.
Advirtió que a diferencia de otros años, ahora no hay región en el país que sea segura para el trabajo de los periodistas, ya sea por el narcotráfico o por las agresiones de las autoridades.
Sin embargo, también admitió que han recibido informes de que en algunos casos de periodistas agredidos o asesinados hubo denuncias previas de que estaban involucrados con grupos del narcotráfico para quienes trabajaban como publirrelacionistas.
No obstante, recordó que las autoridades tampoco han investigado al respecto y eso puede perjudicar los otros casos de comunicadores desaparecidos o asesinados por su trabajo informativo.
Según Lauría, no se prevé que esta situación pueda resolverse pronto porque el Estado mexicano ha demostrado ineficacia para dar seguridad, y ello mantiene la impunidad y los ataques a los periodistas van al alza.
Por eso es que para el CPJ nuestro país sea actualmente la nación más peligrosa para el ejercicio del periodismo
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