Alberta y Teresa
Alberta Alcántara y Teresa González, indígenas otomíes, están presas desde el 3 de agosto de 2006 en el Centro de Readaptación Social Femenil (Cereso) de San José el Alto, Querétaro. Se les acusa del secuestro de seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), que supuestamente ocurrió durante un operativo para decomisar productos piratas en la comunidad ñhañhú de Santiago Mexquititlán.
Junto con ellas fue detenida Jacinta Francisco Marcial, quien en septiembre pasado –después de tres años en prisión– fue liberada y absuelta. Para la liberación de Jacinta fue fundamental la presión mediática y la defensa legal del centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.
En cambio, Teresa y Alberta tuvieron una defensa particular que, muy probablemente y como ocurre con muchos casos en México, fue deficiente.
Los hechos ocurrieron el 26 de marzo de 2006, cuando los policías pretendieron decomisar ilegalmente la mercancía de algunos tianguistas de la comunidad. Las tres mujeres –y el resto del pueblo–, pidieron la identificación a los agentes, puesto que no estaban uniformados y no llegaron en vehículos oficiales. Luego, fueron detenidas por secuestro.
El 25 de noviembre pasado, la PGR presentó conclusiones acusatorias contra las dos mujeres y –como publicó El Periódico– no sólo pidió que se les condene, sino que demandó para ellas la pena más alta, que podría alcanza más de 40 años de prisión.
Es ridículo, considerando que las pruebas contra Teresa y Alberta son las mismas que contra Jacinta y que, en el caso de esta última, la PGR admitió contradicciones en las declaraciones de sus agentes.
El caso lleva al extremo el absurdo del sistema de justicia en México, pues resulta absolutamente inverosímil que tres indígenas hayan secuestrado a seis agentes federales armados. Si así fuera, la PGR no debería pedir que las encierren. Debería contratarlas.
dpastrana@elperiodicoenlinea.com.mx
Fuente: El Periódico
Difusión AMLOTV
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