Pena máxima

Pena máxima

Las indígenas otomíes están acusadas del secuestro de seis Afis, caso por el que liberaron a Jacinta al no tener pruebas condenatorias

Lydiette Carrión

El 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó conclusiones acusatorias contra Alberta Alcántara y Teresa González por el delito de secuestro a seis agentes de la AFI.

No conforme con solicitar que ambas sean condenadas, el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en Querétaro, pidió que se les imponga la pena más alta, con lo que podrían alcanza más de 40 años de prisión.

Teresa y Alberta fueron acusadas, junto con Jacinta Francisco Marcial, de haber secuestrado a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), el 26 de marzo de 2006, cuando los policías pretendieron decomisar ilegalmente la mercancía de algunos tianguistas de la comunidad ñhañhú de Santiago Mexquititlán, Querétaro, con el argumento de que eran productos apócrifos.

Andrés Díaz, abogado del Centro Prodh, afirmó en entrevista que “está totalmente evidenciado que no existió ningún delito de secuestro y que si hubo delitos, fue por parte de los agentes de la AFI”, quienes intimidaron y robaron a la población.

– Las pruebas contra Teresa y Alberta, ¿son las mismas que contra Francisca?

– Ese es el problema: ¡las pruebas son las mismas! Cómo es que la PGR entonces valora de forma distinta para Jacinta y para Teresa? – cuestionó.

“La PGR está admitiendo contradicciones en sus Afis para el caso de Jacinta. Y no las admite contra Alberta y Teresa. Es decir, ellas pidieron la identificación (a los agentes el día del conflicto), puesto que éstos no estaban uniformados, no llegaron en vehículos oficiales, pues ellas lo que pensaron es que eran unos rateros. Ellas y todo el pueblo. Aquí lo que pasa es que por pedir la identificación de ellos, las están acusando del delito de secuestro.

En un comunicado, el Centro Prodh explicó que “en Santiago Mexquititlán no hubo ningún secuestro y los Afis lejos de ser inocentes víctimas, fueron cómplices de una burda maquinación que se echó a andar como represalia en contra de una comunidad que no toleró los abusos de los servidores públicos de la PGR, institución que se ensañó cobardemente contra quienes suelen ser particularmente discriminadas por la sociedad y el sistema de justicia: las mujeres en situación de exclusión, originarias de una comunidad rural indígena”.

Alberta y Teresa están privadas de la libertad en el Centro de Readaptación Social femenil (CERESO) de San José el Alto, Querétaro, desde el 3 de agosto de 2006. Ellas, junto con Jacinta, fueron ser señaladas como responsables del secuestro de seis agentes de la extinta AFI.

A la defensa de Alberta y Teresa, se han sumado los centros de derechos humanos Prodh, Fray Jacobo Daciano y Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional alertó que “de acuerdo a las conclusiones acusatorias presentadas por el Ministerio Público la semana pasada, teme que el proceso judicial… resulte en una sentencia injusta”.

El dato

Jacinta Francisco Marcial fue liberada en septiembre de este año, luego de que la PGR valoró la “duda razonable”, al no contar con pruebas del supuesto plagio

21 años de prisión era la condena para Jacinta; revocada al ser revisado el caso

Fuente: El Periódico

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