En el marco del II Encuentro Regional de Migraciones “Articulando la defensa de derechos humanos de migrantes de manera integral” en donde organizaciones e instancias de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Argentina, Colombia, Estados Unidos y México, hemos analizado la situación que viven día a día las personas migrantes y sus familias, así como personas defensoras de derechos humanos en la región, repudiamos enérgicamente la reciente masacre perpetrada en contra de 72 migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, en un contexto en el que el crimen organizado actúa de manera impune ante una ciudadanía indefensa y un gobierno insensible.
Un ejemplo más de lo anterior lo es el incremento de las desapariciones de migrantes en territorio mexicano, y la falta de voluntad política de los tres niveles de gobierno para el establecimiento de mecanismos de registro y de investigación del paradero de cerca de cientos de migrantes.
Otra situación que preocupa no sólo a las organizaciones e instancias firmantes, es el uso de términos que denigran la dignidad humana, discriminan a las personas migrantes y ubican su presencia como una amenaza para la comunidad receptora y de tránsito, tales como: “ilegales”, “centroamericanos mareros”, “portadores de enfermedades”, “delincuentes”, entre otros. Esto, en lugar de promover una cultura de paz, de respeto y tolerancia a la multiculturalidad, contribuye a que actos de discriminación y violencia sean invisibilizados y normalizados por la sociedad en general.
Por ello vemos con preocupación que las violaciones a derechos humanos contra migrantes lejos de disminuir, continúan siendo una práctica constante y en crecimiento, entre otras cosas, gracias a la ausencia de una política migratoria de atención integral y a la permanencia de disposiciones y programas que promueven abusos, y violencia hacia las ciudadanos y ciudadanas migrantes.
En esta tesitura, estamos convencidas que el trabajo que personas, grupos e inclusive cuerpos diplomáticos realizan en favor de la población migrante contribuye a la defensa y promoción de prerrogativas fundamentales de esta población. No obstante, consideramos que no existe protección adecuada para esta labor. Por el contrario, se ha podido documentar que acciones de deslegitimización y hostigamiento continúan en contra de defensores de derechos humanos, a pesar de que algunos de ellos cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Finalmente reconocemos los esfuerzos emprendidos por algunos países para fortalecer la protección consular en países de tránsito y destino de personas migrantes, sin embargo esta debe incrementarse y ser más eficiente debido al contexto de violencia, marginación y discriminación al que muchos de sus connacionales se enfrentan de manera cotidiana, colocándolas en una situación de grave vulnerabilidad.
Por ello, exigimos:
Al gobierno de México,
• Sin demora, llevar ante la justicia y castigar a los verdaderos responsables de la reciente masacre de migrantes en Tamaulipas. Tanto actores intelectuales y materiales, como autoridades que por comisión u omisión han permitido actuar libremente al crimen organizado.
• Emprender acciones contundentes para que el tránsito de personas migrantes por territorio mexicano sea seguro, protegiéndolos de todo acto de violencia, abuso o delito, especialmente el secuestro. Y en su caso brindarles pleno acceso a la impartición de justicia.
• Prevenir y detener las violaciones sistemáticas de derechos humanos en contra de la población migrante en territorio mexicano.
• Agilizar los procedimientos de respuesta de peticiones realizadas por familiares de migrantes fallecidos o desaparecidos.
• Promover, respetar y fomentar la labor de defensa integral de los derechos humanos de la población migrante, sea realizada por sociedad civil o por personal diplomáticos,
• Fomentar una comunicación mediática con un enfoque de respeto a los derechos humanos
A los gobiernos de Centroamérica,
• Emprender acciones conjuntas y contundentes que atiendan el tema migratorio desde una perspectiva de derechos humanos considerando las causas y consecuencias estructurales de la migración.
Las instancias firmantes estamos convencidas que las acciones de los distintos gobiernos en la región, lejos de beneficiar a la población y de respetar derechos fundamentales, promueven la criminalización, violencia, discriminación y abusos cometidos en contra de esta población, todo esto en un marco de impunidad y discrecionalidad de las autoridades.
Finalmente les recordamos las obligaciones contraídas a través de la ratificación de instrumentos internacionales y regionales de protección a los derechos humanos.
Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador –COFAMIDE-
Red para las Migraciones de El Salvador –REDMIGRES–
Centro Feminista Mujer, Información y Acción –CEFEMINA-
Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante –CENDEROS
Hermana Ma. Genoveva Ochoa Castrejón “Tja Qya“ Casa de la Mujer Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor -Guatemala.
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” –IDHUCA- El Salvador
Caritas El Salvador, Diócesis de San Miguel, El Salvador
Mujeres Transformando El Mundo, Guatemala
Foro Nacional para las Migraciones en Honduras –FONAMIH-
Mesa Transfronteriza Migración y Género, Huehuetenango, Guatemala – Chiapas, México.
Comité de Derechos Humanos de Tabasco –CODEHUTAB
Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada A.C. Ocosingo, Chiapas, México.
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Comitán, Chiapas México.
Fuente: Notas Rebeldes
Difusión: Soberanía Popular
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