Controversia por consejeros de Pemex

En concreto | Laura Itzel Castillo

En el último día del periodo de sesiones, el pleno de la Cámara de Diputados promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el nombramiento ilegal de los consejeros profesionales de los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos.

A partir de la reforma energética promovida en 2008, surgió la figura del consejero profesional en la Ley de Petróleos Mexicanos. De acuerdo a dicho ordenamiento, se nombraron a cuatro profesionistas como miembros del consejo administrativo de Pemex: Rogelio Gasca Neri, Héctor Moreira Rodríguez, José Fortunato Álvarez y Fluvio Ruiz Alarcón, quienes fueron propuestos por Felipe Calderón y ratificados por el Senado.

A este Consejo de Administración (compuesto por cinco representantes del sector sindical, seis del Ejecutivo y los cuatro profesionales) le correspondía formular la reorganización y reestructuración de la paraestatal, de tal forma que estaba obligado a revisar si los organismos subsidiarios de la compañía (Pemex –Exploración y Producción (PEP); Pemex-Refinación (PR); Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) y Pemex Petroquímica) debían fusionarse, o no, en una sola empresa.

Sin haber realizado su trabajo, a excepción de Gasca Neri, los otros tres profesionistas del Consejo de Administración de Pemex se autodenominaron también como consejeros profesionales de los cuatro organismos subsidiarios: Héctor Moreira en PEP; José Fortunato Álvarez en PR, y Fluvio Ruiz en PGPB y en PPQ, con lo que duplican y hasta triplican sus funciones. El más voraz resultó, lamentablemente, quien debía conducirse con los más altos estándares éticos, dado su origen.

El artículo 18 de la Ley de Pemex dispone que los consejeros profesionales de los organismos subsidiarios estarán sujetos a las mismas disposiciones establecidas para los consejeros profesionales de Petróleos Mexicanos, en tanto que el artículo 8 señala que estas designaciones serán sometidas, necesariamente, a la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente, si hubiera receso.

Con estos nombramientos o autonombramientos, los consejeros profesionales de Pemex, además de violar la ley, incumplen los lineamientos emitidos por la Secretaría de la Función Pública, que señala que en ningún caso éstos podrán ser empleados de Pemex ni recibir de la paraestatal ningún tipo de compensación o pago, derivado de cualquier otra actividad que no sea correspondiente al Consejo de Administración para el cual fueron designados y ratificados por la Cámara de Senadores.

Este agandalle tiene que ver con la avaricia y el lucro desmedido prohijado por la administración calderonista: una de las primeras acciones del espurio Consejo de Exploración y Producción fue aprobar el nuevo modelo de contratos incentivados, lo cual significa un enorme retroceso para la nación, pues este tipo de instrumentos fueron derogados en los años 60.

Es gravísimo que un gobierno ilegítimo, con el aval de los consejos de administración espurios de las subsidiarias de Pemex, acepte pagar una tarifa por cada barril extraído y, consecuentemente, ceda la renta petrolera a las empresas trasnacionales. Dada la magnitud de la violación y sus repercusiones, la promoción de la controversia constitucional fue unánime. Hasta la bancada panista votó a favor. ¿Qué más necesita escuchar Calderón?

Fuente: El Universal