Toda explotación industrial de la tierra implica la destrucción del entorno, alerta Javier Monroy
CITLAL GILES Y SERGIO FERRER (Reportera y corresponsal)
El coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández, destacó que todo proyecto minero es un proyecto “de la muerte”, por lo que alertó a la población a estar pendientes sobre los resolutivos que se darán de las consultas que están haciendo los integrantes de la Policía Comunitaria con respecto a la explotación de minas en tres puntos de La Montaña.
En conferencia de prensa, Monroy Hernández dijo que actualmente se está haciendo la consulta en las comunidades sobre estos permisos federales para poder explotar de sus tierras.
“Nosotros lo que estamos señalando es que la Policía Comunitaria tenga todo su derecho a la consulta y a decidir el destino que se le tendría que dar a esos recursos naturales, que se respete la decisión que salga de esas consultas”, indicó.
El coordinador del Tadeco destacó que toda explotación minera significa acabar con el agua, los alimentos y con la vida porque “son proyecto de la muerte”, aunque aseguró que los integrantes de la Policía Comunitaria aún no se ha manifestado en contra de éstos, pues están haciendo las consultas necesarias.
Agregó que para el 23 de enero se va a hacer una asamblea donde van a hacer una consulta más profunda y el 5 de febrero será una consulta general con representantes comunitarios para tomar una decisión definitiva.
Finalmente el Tadeco exigió se respeten las decisiones que surjan de esas consultas, pues como al igual que el caso de La Parota, en Acapulco, esos tipos de proyectos tienen financiamiento ya fijado y son parte del proyecto la ruta de oro presentado por el gobernador Zeferino Torreblanca.
Se reunirán habitantes de Totomixtlahuaca: Tlachinollan
Por su parte, el diputado perredista Celestino Cesáreo Guzmán ofreció su respaldo a las comunidades indígenas de La Montaña sobre la decisión que tomen respecto a la aceptación o renuencia de un posible desarrollo minero en municipios de región. Por otra parte, Abel Barrera Hernández del Centro de Derechos Humanos La Montaña Tlachinollan, tachó de grave el desinterés del gobierno federal de escuchar lo que opinan los pueblos, mientras da preferencia a las empresas.
Cesáreo Guzmán acentuó que si bien el asunto de las mineras es tema del momento, al Congreso no ha llegado información oficial respecto a las implicaciones sociales y ambientales que tendrían en la región, indicó tener información al respecto a través de lo publicado en los medios, además aseguró haber tenido conversaciones con líderes políticos y dirigentes de la región, quienes han dado la versión de que empresas mineras ya se encuentran realizando trabajos de exploración en la zona.
El legislador aseveró que los trabajos de las mineras no han sido los que traigan más cantidad de empleo o mayor desarrollo a los lugares donde se han instalado en el estado, recordó que los habitantes son los últimos en enterarse de las inversiones millonarias de las empresas, las cuales traen equipos costosos, y se registran casos de destrucción al medio ambiente y a la convivencia de los pueblos, por lo que la gente de La Montaña no tiene claridad respecto al asunto de las mineras.
Barrera Hernández, a su vez, advirtió que hay información de la existencia de permisos otorgados por el gobierno federal, pero “lo más grave es que no les importa lo que opinen los pueblos, lo que más les importa es generar negocios con empresas, independientemente de que sean territorios indígenas, u ocasionen un conflicto mayor del existente en La Montaña porque se sigue atentando contra los derechos de los pueblos indígenas”.
En entrevista, el defensor de los derechos humanos advirtió que la inserción de las compañías abona a la región un clima de confrontación comunitaria, por las formas sucias y perversas de las empresas para comprar y engañar a comisarios y autoridades agrarias con el fin de imponer sus proyectos. “Es como el caso de la madera o como la misma historia de saqueo que existió aquí en la época de la conquista”, recordó.
“Los pueblos tendrán la palabra”, indicó Barrera Hernández, quien explicó que el domingo pasado se programó una reunión en Totomixtlahuaca, municipio de Tlacoapa, donde asistieron representantes de empresarios mineros, quienes tienen toda la cobertura de autoridades agrarias y estatales para introducirse en los núcleos agrarios.
La asamblea cuyo objetivo era dar anuencia o rechazar la solicitud de una empresa minera para explotar los minerales de los bienes comunales de la comunidad, se pospuso para el próximo domingo, fecha límite por ley para decidir si se explotan o no los recursos naturales de la zona.
Tlachinollan con diversas organizaciones realiza brigadas informativas en las comunidades buscando informar y publicar de qué se tratan los proyectos mineros, y hacer saber la existencia de mecanismos legales que permitan respetar la decisión de los pueblos.
Fuente: La Jornada de Guerrero
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