Tras el asalto especulativo y la investigación a fondo, sólo queda un nuevo saqueo a los mexicanos

México SA

Tras el asalto especulativo y la investigación a fondo, sólo queda un nuevo saqueo a los mexicanos

Carlos Fernández-Vega

En octubre del año pasado, cuando en este país no pasaba nada porque la crisis es externa (Calderón dixit), se realizó un brutal ataque especulativo en contra del tipo de cambio peso-dólar. El día 10 de ese mes, el Banco de México inyectó, en sólo 65 minutos, 6 mil 400 millones de dólares en reservas internacionales, y el monto fue de 9 mil millones en tres días. Ante tal embate, el secretario Carstens reconoció que el asalto tuvo relación con operaciones especulativas de un grupo de empresas nacionales para obtener utilidades. Para redondear, estimó que el impacto sería mayor, pero no mucho más de los mil millones de dólares que Comercial Mexicana reconoció haber destinado a operaciones de derivados cambiarios, y aseguraba que el gobierno actuaría con energía para evitar la repetición de ese tipo de acciones.

En aquel entonces comentamos en este espacio que los responsables de devorar 6 mil 400 millones de dólares en sólo 65 minutos difícilmente serían obreros o campesinos; tampoco micro, pequeñas y medianas empresas, ni siquiera la mayoría de las grandes; mucho menos emprendedores y/o changarreros; de allí que no había más que fijar los ojos en el privilegiado núcleo de especuladores parapetado en los grupos financieros (bancos, casas de bolsa, casas de cambio, aseguradoras, afianzadoras y empresas de factoraje) y los megaconsorcios –asociados a éstos– que controlan la actividad económico-financiera del país, y que por casualidad han sido los grandes beneficiarios del México moderno presumido desde que la tecnocracia y el neoliberalismo sentaron sus reales en Los Pinos.

Fue tal la exigencia de conocer los nombres, que el secretario de Hacienda a punto estuvo de revelarlos (más allá del originalmente divulgado, es decir, Comercial Mexicana, que fue el único que pronunció), pero en Los Pinos le ordenaron meter el freno de lengua. No sólo eso: el inquilino de la residencia oficial le quitó el balón al doctor catarrito y se la pasó a Guillermo Babatz, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quien oficialmente sería el encargado de investigar quiénes fueron los responsables del ataque especulativo, con la Comercial Mexicana a la cabeza del inventario. Así, el joven funcionario declaró: sabemos qué tenemos que buscar y en dónde, pero no dio nombres. ¿En serio no lo sabe?, preguntaron los colegas. Lo prohíbe la ley, respondió.

Pues bien, valga el recuento, porque ayer (13 meses después del citado ataque, con una devaluación peso-dólar cercana a 35 por ciento en el periodo y siempre en el entendido de que conocía qué y en dónde tenemos que buscar), la referida investigación rindió frutos y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores difundió sus resultados, aunque ni lejanamente los esperados, pues el informe en ningún momento aborda el ataque especulativo, sino se limita a imponer una multa por un monto de aproximadamente 49 millones de pesos a Comercial Mexicana y a (dos de) sus directivos, por infringir diversos preceptos de la Ley del Mercado de Valores (sanción que se redujo a 39.2 millones, al aplicar el descuento del 20 por ciento previsto en la ley por pronto pago, de acuerdo con oportuno y clarificador comunicado de la propia empresa infractora, divulgado por medio de la Bolsa Mexicana de Valores).

Del asalto a las reservas internacionales, nada. De los responsables, ni una coma. Vamos, la autoridad investigadora ni siquiera tuvo la ocurrencia de mencionar que en este caso, como en el asesinato de Colosio, sólo hubo un tirador. Seis mil 400 millones de dólares devorados en sólo 65 minutos (sin sumar el derroche de reservas internacionales que siguió y siguió), más una investigación a fondo que se prolongó por 13 meses, para que al final de cuenta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores simplemente aplique una multa por 49 millones de pesos (menos descuento por pronto pago), pero no por el asunto cambiario, sino por infringir diversos preceptos de la Ley del Mercado de Valores, cuando la especulación cambiaria de Comercial Mexicana le costó al país (según reconoció Carstens poco más de un año atrás) alrededor de mil millones de dólares. Lo anterior, sin considerar que la supuesta investigación permitiría conocer a los responsables, con nombre, apellidos y montos, porque sabemos qué tenemos que buscar y en dónde (Babatz dixit).

Entonces, ¿dónde quedó el grupo de empresas nacionales (que especularon con el tipo de cambio) para obtener utilidades? (Carstens dixit). ¿Y el compromiso de una investigación a fondo? Pues donde siempre, porque es tradición que un puñado de poderosos empresarios ponga a parir al país; que el gobierno se niegue a identificar a los especuladores y que ambos, puntualmente, pasen la factura a los mexicanos, que ni siquiera tienen el derecho de conocer los nombres de quienes, una vez más, los saquearon.

Bien, pero ¿qué investigó la CNBV, con su decisión inquebrantable de sancionar, en el marco de sus atribuciones, cualquier infracción a la normatividad aplicable, así como de impulsar una revelación adecuada y oportuna de las emisoras? Cualquier cosa, menos la comprometida en aquel octubre de 2008. Según su versión, ese mes la Comisión Nacional Bancaria y de Valores comenzó una investigación con el fin de determinar si Comercial Mexicana cumplió con los requerimientos de revelación de información que dicta la normatividad aplicable con respecto a sus operaciones con derivados. Una vez concluida su investigación, esta comisión determinó que, si bien no existió dolo o mala fe por parte de Comerci o sus directivos, sí existieron incumplimientos a diversos preceptos de la Ley del Mercado de Valores relativos a la revelación de información, que ameritaron sanciones administrativas y la imposición de multas por aproximadamente 49 millones de pesos (a la empresa 25 millones), a su director general (Carlos González Zabalegui, 21 millones) y a su director de administración y finanzas (Francisco Martínez de la Vega, 3 millones, más la remoción por años de su cargo), las más altas impuestas (todas con descuento por pronto pago) por la institución gubernamental a consecuencia de infracciones a la legislación vigente.

Las rebanadas del pastel

Y colorín colorado, este cuento no se ha acabado. Con la bendición oficial, los especuladores tienen vía libre.

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Fuente: La jornada

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