Vence hoy el plazo para controversia

Vence hoy el plazo para controversia

Se necesita el voto de 165 diputados más

Nadia Sanders

El plazo legal para presentar una controversia constitucional en contra del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro vence hoy y en la Cámara de Diputados se define si se juntó el mínimo de 251 firmas para ejercer esta acción legal.

Las bancadas del PRD, PT y Convergencia ya están sumadas al acuerdo, con lo que suman 86 legisladores, por lo que requieren del voto de 165 diputados más.

Integrantes del sindicato Mexicano de Electricistas acudieron ayer a la sede nacional del PRI para solicitar a la dirigente nacional, Beatriz Paredes y al coordinador de la bancada en san Lázaro, apoyen la propuesta de la controversia.

Según el acuerdo aprobado por la Junta de Coordinación Política el jueves pasado, de ser aprobada la propuesta a través de las firmas de 251 legisladores, el Presidente de la Cámara, Francisco Ramírez Acuña, firmará la controversia que tendría que ser llevada hoy mismo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El diputado del PRD Ramón Jiménez informó que la propuesta fue enviada a todos los diputados del interior del país y que se espera hacer hoy un corte con las firmas que apoyan la propuesta.

Y aún con el apoyo de la mayoría de los diputados, el diputado del PAN, Francisco Ramírez Acuña tendrá que estampar su firma en la controversia en contra de un decreto emitido por su ex jefe, el Presidente, Felipe Calderón.

La argumentación jurídica de la controversia fue elaborada por el grupo parlamentario del PRD y entre las 15 causas de invalidez que esgrime en contra del decreto de extinción, se encuentra la violación a tratados internacionales a los cuales está adherido México.

En el documento que será presentado ante el Alto Tribunal, se argumenta que la ocupación de las instalaciones se dio antes de que se hubiera publicado el decreto de extinción en el diario Oficial de la Federación. Y que para su extinción, debió seguirse un procedimiento jurídico distinto en el cual participaba el Congreso de la Unión.

“De facto, la policía federal y elementos militares actuaron anticonstitucionalmente. En el caso de los militares, éstos actuaron en tiempo de paz fuera de los extremos previstos en el artículo 129 de la Constitución”, indica la controversia.

Señala también que para pagar la liquidación de los empleados, estimada en 20 mil millones de pesos, debió contar con el permiso de la Cámara de Diputados, pues “no puede hacerse pago alguno que no esté previsto expresamente en el presupuesto o en ley posterior”.

“Los trabajadores no tuvieron derecho de audiencia, de defensa ni oportunidad para ventilar sus derechos ante autoridad competente y mediante un procedimiento previsto en la ley que fundara y motivara la causa legal del mismo”, señala el documento elaborado por el GP PRD.

El decreto contraviene convenios de la Organización Internacional del Trabajo, suscritos por el Estado mexicano, los cuales establecen garantías de seguridad y legalidad jurídicas para los trabajadores y que se “trastocaron con la emisión del Decreto que extingue Luz y Fuerza del Centro”.

“Se privó a los electricistas de los derechos al trabajo digno y socialmente útil, libertad sindical, derecho al empleo y a la estabilidad en el mismo, sindicación, huelga y contratación colectiva, sin cumplir ninguna de las formalidades del debido proceso”, agrega el documento.

Fuente: El Periódico

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