Diego, el abogado de los diablos

Diego, el abogado de los diablos

Ricardo Ravelo

Diego Fernández de Cevallos no sólo es uno de los políticos más influyentes del país: tiene una prolongada trayectoria como litigante, aunque a últimas fechas se cuestiona con insistencia la integridad de sus principales clientes. Se ha dicho públicamente que el panista es abogado del narco, empleado de la mafia. El experto Edgardo Buscaglia atribuye la autoría de su secuestro a narcotraficantes y lo ve como un golpe directo al poder, al gobierno.

MÉXICO, D.F., 25 de mayo (Proceso).- Hábil en el manejo del llamado “influyentismo político” y en litigar lucrativos asuntos aun cuando vayan contra los intereses del Estado, Diego Fernández de Cevallos, desaparecido desde el viernes 14, se ha visto implicado en varios escándalos por su participación como abogado de personajes relacionados con el narcotráfico.

Y aunque el presidente de la República, Felipe Calderón, ha dicho que detrás del levantón que sufrió Diego Fernández en su finca La Cabaña, en Querétaro, no está el narcotráfico, lo cierto es que El Jefe Diego ha sido señalado en múltiples ocasiones como “empleado de la mafia” y abogado del narco.

Así lo denunció en 2004 el perredista Martí Batres, cuando fungía como subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, a propósito de una entrevista que concedió Fernández de Cevallos a Televisa. En ella el panista negó ser el artífice de la difusión de los videos con los que se destapó el caso de corrupción en el que se vieron implicados prominentes políticos perredistas y el empresario Carlos Ahumada.

Dijo Batres: “Estamos oyendo a Diego que no es el jefe de la mafia; es el empleado de la mafia y no me refiero simplemente a sus amistades como las que acaba de mencionar, de Juan Collado, asesor de Mario Villanueva, o de Eduardo Fernández, Raúl Salinas o Mario Ruiz Massieu, para poner algunos ejemplos.

“Tampoco voy a hablar de lo de Punta Diamante o la quema de los paquetes electorales de 1988 para facilitar el fraude a (Carlos) Salinas… Me refiero, sobre todo, a que Diego Fernández de Cevallos es, y eso es lo más grave, un personaje incrustado ya en la mafia del narcotráfico. Él recibió cuatro millones de pesos del cártel de Juárez y tengo… el expediente completito.”

Así surgía uno de los casos más complicados que enfrentó el poderoso abogado y excandidato presidencial panista Diego Fernández de Cevallos. No era todo. El panista resultó ser defensor de Jorge Bastida Gallardo, un empresario de la construcción identificado como consuegro del capo Amado Carrillo Fuentes.

Bastida compró un paquete de acciones del Banco Anáhuac que, según se supo después, consistió en una inversión del cártel de Juárez para lavar dinero del narcotráfico, lo que implicó tanto a políticos como a empresarios.

El espinoso Banco Anáhuac

De acuerdo con el expediente judicial, en el caso de las inversiones del narcotráfico en el Banco Anáhuac salieron perjudicados –porque presuntamente perdieron parte de su fortuna tras la investigación criminal que descubrió los fondos del cártel de Juárez– familiares del expresidente Miguel de la Madrid, entre ellos su hermana Alicia, su hijo Federico y su sobrino Jorge Hurtado Horcasitas (Proceso 1116).

El escándalo estalló a finales de 1996 a raíz de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino la empresa Grupo Corporativo Anáhuac a causa de un fraude millonario, con recursos del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se le imputó a uno de sus socios importantes, José Luis Sánchez Pizzini.

Este embrollo criminal y político también salpicó a Rodolfo Zedillo, hermano del expresidente Ernesto Zedillo que conocía a Bastida, con quien proyectó la construcción de un hotel en la Zona Rosa de la Ciudad de México, aunque según la versión del propio Rodolfo el negocio no se llevó a cabo porque Bastida Gallardo incumplió el contrato al no aportar ni un centavo para la obra.

Fernández de Cevallos fungía también como asesor legal de buena parte de los integrantes del cártel de Juárez que estaban detrás de la operación de la compra del Banco Anáhuac.

Según sus antecedentes, Bastida Gallardo provenía del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, donde se hizo rico traficando con el coyotaje y el contratismo, amparado por Leonardo Rodríguez Alcaine.

Sin embargo, la sospecha lo envolvió –y ese fue el origen de la investigación de la PGR– cuando invirtió alrededor de 10 millones de dólares en la compra de acciones del Banco Anáhuac. En su red de relaciones empresariales y políticas aparecía Juan Zepeda, entre otros, como coinversionista del banco.

Fernández de Cevallos estaba incluido en las indagatorias. El motivo: presuntamente el cártel de Juárez, a través de Bastida, le había pagado cerca de 4 millones de pesos por sus servicios.

Según la investigación, Bastida Gallardo le entregó dos cheques –con los números 76859 y 76860– por un millón 995 mil pesos y dos millones de pesos, respectivamente.

Diego Fernández no negó que recibió los cheques; lo que sí negó es que el narco se los hubiera pagado. Su argumento: “A mí me solicitaron una intervención en favor de un grupo financiero, no de una persona física”, y dijo desconocer si existía o no un nexo entre su cliente Bastida Gallardo y otra persona física en actividades ilícitas.

Añadió: “Lo relativo a mis ingresos le corresponde al fisco, y sobre ese particular no tengo nada que informar. Ni si recibí ni si no recibo, ni quién expide un cheque ni dónde se deposita”.

Como parte de una posterior averiguación previa –PGR/SIEDO/UEIDCS/097/2004– integrada contra el cártel de Juárez rindió declaración Vicente Carrillo Leyva, hijo de Amado Carrillo. En ella refiere el caso del Banco Anáhuac y afirma que el abogado del grupo que perdió su fortuna en esa inversión fallida fue Diego Fernández de Cevallos.

Así lo manifiesta en su testimonio rendido el 1 de marzo de 2009 ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO):

Por el mes de enero de 1996 empezó mi papá a gestionar la compra de acciones en la Bolsa de Valores, a través de Juan Alberto Zepeda Méndez (contacto de Jorge Bastida, el cliente de Diego Fernández), compra que no se llevó a cabo, ya que éste le ofreció un mejor negocio o inversión en la compra de acciones del Banco Anáhuac, no recuerdo si se iba a ampliar el capital del banco o uno de los socios vendía su parte, siendo este negocio por la cantidad de treinta millones de dólares, el treinta por ciento del valor del banco, incluyendo cuatro vehículos, dos de la marca BMW, uno de ellos blindado, un Porsche gris a nombre de Luis Sánchez Pizzini, y otro más, Mercedes Benz. El negocio terminó de concretarse entre febrero y julio de 1996 dándole mi papá el dinero a Juan Alberto Zepeda Méndez.

Tras la muerte de Amado Carrillo su hijo Vicente declaró que quiso recuperar el dinero de la inversión en Banco Anáhuac para Zepeda Méndez y Juan Hurtado Horcasitas, el sobrino del expresidente Miguel de la Madrid, quienes le dijeron que el banco tenía problemas por malos manejos desde antes de que nosotros (se refiere al cártel de Juárez) empezáramos la negociación para comprar las acciones.

El hijo de Amado Carrillo también dijo haberse enterado de que el banco que intentó comprar su padre mediante diversos socios había sido intervenido por la CNBV, entonces encabezada por Eduardo Fernández. Le dijeron que este funcionario se había tomado atribuciones que no le correspondían con el fin de afectar al Banco Anáhuac.

Y añadió: Ante este problema se inició una auditoría por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, fungiendo como representante legal o abogado el señor Diego Fernández de Cevallos, de la cual supe por otras personas, de las que no recuerdo el nombre, que todo salió favorable al banco…

Causas difíciles

Panistas prominentes y socios en distintos litigios, Diego Fernández de Cevallos y el actual secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, aparecieron en julio de 1997 como representantes legales de dos empresas –el hospital Santa Mónica y la funeraria García López– donde murió y fue velado, respectivamente, Antonio Flores Montes, nombre falso que se utilizó para ocultar la verdadera identidad del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes.

En ese tiempo, Carrillo Fuentes, el llamado Señor de los Cielos, era el jefe del cártel de Juárez y meses antes, después de un supuesto intento fallido por negociar con la Secretaría de la Defensa Nacional el cese de su persecución, se había instalado en Sudamérica, sobre todo en Argentina y Chile, para operar sus negocios.

Presuntamente tomó parte en la defensa de importantes figuras del fraude, como Carlos Cabal Peniche; Ángel Rodríguez El Divino; Rogelio Montemayor; Jorge Lankenau, Tomás Peñaloza Webb y Gerardo de Prevoisin. Y controla también los más influyentes despachos de México.

Según el libro Cien nombres de la transición mexicana, de Alejandro Envila, Diego Fernández y Fernando Gómez Mont fusionaron sus despachos en 1994, a raíz de lo cual crearon Cevallos y Gómez Mont, SA. El autor afirma que en ese tiempo Gómez Mont asesoraba a la PGR cuando el titular de la dependencia era Antonio Lozano Gracia, otro miembro de este grupo.

El secuestro o desaparición de Fernández de Cevallos –el viernes 21 se cumplió una semana– ocurrió en el momento en que el político ejercía mayor influencia en el gabinete de Calderón. De hecho, desde 1994 ha impuesto a los titulares de la PGR. Y en noviembre de 2008 fue una pieza clave para la designación de su socio, Fernando Gómez Mont, como secretario de Gobernación (Proceso 1718).

El actual procurador general de la República, Daniel Chávez Chávez, se formó a la sombra de Fernández de Cevallos: fue asesor y secretario de la Junta de Coordinación Política del Senado cuando Diego fue presidente de la Cámara alta y coordinó la bancada del PAN de 2000 a 2001.

Por ejemplo, en 2007 Chávez Chávez se incorporó al bufete jurídico de sus exjefes para litigar contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes una indemnización de mil 500 millones de pesos a favor de un grupo de ejidatarios del puerto de Altamira, Tamaulipas.

Sin embargo, su desaparición ocurrió en un contexto turbulento: el miércoles 12 –dos días antes– fue detenida y posteriormente liberada Griselda López, excónyuge de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

Para Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia y profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), no es descabellado pensar que el crimen organizado haya secuestrado a Diego Fernández: “Los cárteles como el de Sinaloa, que se ha visto tan criticado por la protección que recibe, tienen que recurrir al secuestro para forzar negociaciones y el cumplimiento de los acuerdos con los hombres del poder”.

–¿Esto quiere decir que Diego Fernández pudiera ser rehén del narcotráfico para exigirle al presidente que cumpla posibles acuerdos con el cártel de Sinaloa o algún otro?

–Esto es probable. El secuestro o desaparición de Diego es un fuerte mensaje para Calderón. Le pegaron en el centro al poder y a su gobierno. Ahora Calderón tendrá que cumplir lo que no ha cumplido, pagar lo que no ha pagado. Ahora le tocó a Diego; mañana puede ser un empresario prominente o incluso un personaje del gabinete… l

Fuente: Proceso

Difusión AMLOTV