FERMÍN ALEJANDRO GARCÍA
En los últimos 18 años han pasado tres gobiernos estatales que han prometido modernizar el transporte público, y en cada uno de ellos dicho propósito ha terminado en sendos fracasos. En el caso de la administración que está por concluir, el caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro sirvió de pauta para que los concesionarios pactaran con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) impunidad, privilegios y que un ambicioso programa de reforma a este sector acabara en el cesto de la basura.
Al iniciar el presente sexenio, en el Poder Ejecutivo se tenía como una de las metas más ambiciosas la modernización del transporte público, para lo cual se había desempolvado una propuesta que se generó en el gobierno de Manuel Bartlett Díaz, que consistía en crear dos o tres “empresas integradoras” en las que se agruparan los concesionarios para de esa manera reducir costos y exigirles el cumplimiento de normas legales y de calidad en el servicio.
Ese proyecto tenía como objetivo central, independientemente de que se usara o no el modelo de “empresas integradoras”, quitarle poder a las mafias que controlan el transporte.
Por esa razón, el primer titular de la SCT fue Rómulo Arredondo Gutiérrez, un funcionario que se había desempeñado en la Secretaría de Gobernación y tenía fama de buen negociador, pero también de saber ejercer la mano dura cuando se necesitaba. Él venía de haber resuelto diversos conflictos del transporte durante el gobierno de Melquiades Morales Flores.
La encomienda recién llegó al cargo, fue que Arredondo empezara a realizar operativos para retirar de la circulación a vehículos del transporte que no tienen placas, documentos en regla o con los que los choferes cometían abusos como son invasión de rutas, manejar en estado inadecuado o no respetar las reglas de tránsito. La idea era que esas acciones tensaran la relación entre concesionarios y el gobierno, para que al surgir un conflicto, que sobre todo generara malestar ciudadano, el Poder Ejecutivo tuviera que aplicar un plan de modernización integral del servicio.
Los primeros meses el proyecto parecía ir caminando. En varias ocasiones los concesionarios llegaron a la SCT a intentar intimidar al titular de la dependencia, quien a la primera provocación se paraba de la mesa de negociación y dejaba hablando solos a los dueños del transporte.
Ese comportamiento duró hasta el 14 de julio de 2006, cuando estalló el llamado Lydiagate.
Un día Arredondo recibió una llamada telefónica que salió de la oficina del entonces titular de la Secretaría de Gobernación, Javier López Zavala, y le ordenaba que buscara a los permisionarios y les solicitara su ayuda, pues había planes de que se emprenderían una serie de movilizaciones de las “fuerzas vivas” del PRI para evitar un intento de desaparición de los poderes en el estado.
Es decir, se buscaría una estrategia similar a la que utilizó en 1995 Roberto Madrazo Pintado en Tabasco, que movilizó a las huestes priistas, que bloquearon carreteras e instalaciones estratégicas, para obligar el entonces presidente Ernesto Zedillo a dar marcha atrás a la negociación a la que había llegado con el presidente del PRD, Porfirio Muñoz Ledo, para que se repitieran las elecciones de esa entidad.
Se dice que Arredondo habría contestado: “la relación con los transportistas y el gobierno está en su peor momento”.
La respuesta que recibió fue: “ofréceles lo que ellos quieran” para que se sumaran a los planes de la Secretaría de Gobernación.
Y efectivamente, a partir de entonces, se acabaron los programas de modernización y meter al orden a los transportistas.
En las semanas y los meses siguientes, muchos transportistas se dieron el lujo de que ahora eran quienes dejaban hablando al titular de la SCT cuando algo no les gustaba.
Tal actitud se prolongó a lo largo del sexenio. Luego de Rómulo Arredondo han pasado otros dos titulares de la SCT, Valentín Meneses Rojas y José Guadalupe Castillo Méndez, quienes lejos de poner en orden a los concesionarios, dejaron intactos sus privilegios y la impunidad con que se manejan.
Y una muestra de lo anterior es que la amenaza del gobierno de retirar concesiones a los transportistas que hicieran paro este lunes no conmovió a nadie, porque los permisionarios saben que hacen lo que quieren y no hay autoridad que los limite.
Dejan solo a Juan de Dios Bravo
En el ayuntamiento de Puebla se ha decidido guardar las formas, y por esa razón se habría decidido que Juan de Dios Bravo Jiménez seguirá en el cargo de secretario de Gobernación hasta el final del trienio, luego de que desde la presidencia la pidieron la renuncia y éste se negó a presentarla, argumentando que se la debían solicitar con un mes de anticipación.
Sin embargo, se sabe que hay la firme intención de dejar a Bravo Jiménez solo, al margen de las decisiones más importantes, no solamente porque se le perdió la confianza, sino porque el funcionario está peleado con la mayoría de los integrantes de primer nivel del gobierno de la capital.
Y un secretario de de Gobernación que no sabe dialogar, acordar y ser leal, tal como ocurre con Juan de Dios Bravo, es alguien destinado al fracaso, a no tener los elementos básicos para hacer su trabajo.
Las versiones de que le pidieron su renuncia están confirmadas, y también que es un político que cayó en desgracia el pasado 4 de julio, pues le ofreció a Javier López Zavala que desde su cargo en el ayuntamiento le ayudaría a ganar la elección en la capital, y al final, en la ciudad de Puebla, se vivió para el PRI la peor de las derrotas que este partido ha sufrido en el estado.
Fuente: La Jornada de Oriente
Difusión: Soberanía Popular
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