Puebla: Rasgos fascistas de los diputados locales

FERMÍN ALEJANDRO GARCÍA

La gravedad de la reforma a los llamados “delitos de prensa” no solamente radica en que ahora los periodistas que no sean afines al gobierno del estado o la fuerza política dominante podrán ser despojados de su patrimonio personal o familiar, sino que durante la aprobación de estos cambios en el Congreso local se dejaron ver rasgos claros de posiciones fascistas de la mayoría de los diputados locales que no aceptan el disenso, el dialogo con la ciudadanía, que se ostentan como “la voz de la gente”, que generan un linchamiento contra quienes no piensan como ellos y que obedecen ciegamente las órdenes que salen de Casa Aguayo, sin importar que vayan en contra de las ideologías de los partidos que los postularon.

Esta actitud de los legisladores del PRI, el PAN, el PRD y el Panal deja avizorar que durante los siguientes meses y años, en Puebla habrá un proceso de derechización, de pisoteo a los derechos humanos y de los valores democráticos.

Visto de manera práctica, lo que se busca es quebrar económicamente a la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo a los impresos, para que las pocas empresas mediáticas que sobrevivan se acaben ciñendo a los postulados de la fuerza política dominante y se evite la pluralidad en el terreno de la prensa. Y eso se llama fascismo.

A la palabra fascismo se le ha dado un uso indiscriminado y muchas veces se emplea de manera errónea. Si no atenemos al concepto, se entiende que alguien es facista cuando es enemigo de la democracia liberal, sostiene una idea suprema por encima de las ideas de los ciudadanos y se elimina todo tipo de divergencia política.

Y ayer los legisladores se adaptaron a esa definición de fascismo. Para empezar, todas las fuerzas políticas usaron el mismo argumento al decir que se avanza con esta reforma al quitar los delitos de prensa del ámbito penal para pasarlo al civil, con lo que se evita que un periodista acabe en la cárcel y con ello, se cumple con tratados internacionales que han planteado la necesidad de evitar que los comunicadores acaben privados de la libertad. Estas ideas son un engaño. Me explico:

En primer lugar porque ahora los periodistas no podrán ir a la cárcel, pero sí están obligados a pagar sanciones de hasta 170 mil pesos que provocará el despojo de sus bienes personalesn y si no tienen medios para cubrir la pena, pues entonces van a dar a la cárcel.

Pero el asunto central es que hoy en día la verdadera tendencia internacional –no la que dicen los legisladores locales– es intentar resolver los conflictos generados por calumnias y difamaciones en la prensa a través del uso de las palabras, del diálogo, de la discusión, de figuras de mediación, no mediante el terror y la intimidación.

Luego todos dijeron que la reforma evitará la autocensura de la prensa. Eso es mentira. Ahora nadie querrá ser crítico con el Poder Ejecutivo, que controla al Ministerio Público y al Poder Judicial, por el temor de perder sus bienes materiales. Y que ese castigo se impondrá con definiciones subjetivas acerca de la moral y el honor. Yo me pregunto: ¿de cuál moral estamos hablando? Queda claro que aquella que convenga a los jueces para sancionar a los periodistas.

Lo preocupante de toda esta situación es que el perfil fascista que ya mostraron los diputados no solamente dañará a la prensa y la libertad de la expresión, sino a toda la ciudadanía, porque los miembros del Poder Legislativo están haciendo reformas en diferentes ámbitos sin hacer consultas, sin escuchar a especialistas y sin importar las consecuencias.

Los únicos legisladores que ayer mostraron congruencia, valentía, sentido común y una actitud responsable, fueron José Juan Espinosa Torres, del partido Convergencia, y Zeferino Martínez Rodríguez, del PT. Ambos fueron los únicos que expusieron con claridad las implicaciones negativas de la reforma a los llamados delitos de prensa.

La actitud del resto de los integrantes del pleno del Congreso es deplorable. Veamos por qué:

Enrique Doger Guerrero del PRI acabó traicionando a la prensa, ya que había definido que su actitud sería la de adoptar una posición que permitiera sancionar la calumnia y la difamación, pero sin atentar contra los derechos de los periodistas. El ex rector de la UAP acabó reconociendo que el proyecto de reforma no se sometió al análisis de especialistas, de medios de comunicación, de instituciones de educación superior y otros actores. Y pese a ello, acabó votando a favor de la minuta de decreto. Ese fue un comportamiento timorato y lo muestra como un falso opositor al gobierno de Rafael Moreno Valle.

Jesús Zaldívar Benavides, del PAN, dijo que la reforma permitirá combatir el ambiente autoritario que había en el estado. Y definió que el abuso que existe en descalificaciones personales –en la prensa– ha creado un caldo de cultivo para la intolerancia. Yo me pregunto: ¿no acaso el PAN ganó la elección de 2006 generando una campaña de intolerancia contra la izquierda?, ¿con que autoridad moral llega una persona de la derecha a hablar de frenar la intolerancia cuando es una fuerza política que no acepta la pluralidad religiosa, social y cultural?

Héctor Alonso Granados, del Panal, como siempre con actitudes bravuconas, violentas, se atrevió a decir que la reforma ahora permitirá que haya “acusaciones certeras” y que ya se acaben las “noticias negativas”. ¿Puede un régimen político acabar con lo que considera la crítica negativa? Eso solamente se puede hacer donde hay control de la prensa y se suprime la pluralidad, la diversidad, el disenso y la crítica.

Lo peor es que Alonso dijo que él es diferente al ex gobernador Mario Marín Torres. Eso es mentira, el ex mandatario al inicio de su mandato también decía que acabaría con “la crítica mala”.

La actitud más autoritaria y patética, fue sin duda la del diputado del PRI, Víctor Hugo Islas Hernández, quien dijo que nadie tenía derecho de exigirles a los diputados abrir foros de consulta. Ya que los diputados “somos la voz de la gente”. Vaya, ahora resulta que el priista tiene dones mágicos o religiosos.

La actitud más decepcionante es la de Josefina Buxadé Castelán, quien es una mujer académica, investigadora y fue consejera de la CAIP. Atrás de su postulación como candidata a legisladora había la esperanza de mucha gente de que llegaría al Congreso una persona independiente y que defendería postulados democráticos por encima de los intereses de los partidos. Eso no ocurrió.

Al final Buxadé guardó silencio en la sesión de este martes y aprobó el proyecto de reforma.

Fuente: La Jornada de Oriente