Reporte del CPJ. Ataques a la prensa en el 2009: México

Difusión Cencos México D.F., 17 de febrero de 2010

Principales Acontecimientos

• En medio de amenazas y de ataques, la autocensura se vuelve más generalizada.

• El Congreso dilata el tratamiento de reformas para combatir la violencia contra la prensa.

Estadística Clave

9: Los periodistas desaparecidos desde 2005. La mayoría cubría crimen organizado y corrupción.

La profunda influencia del crimen organizado y la incapacidad del gobierno para frenar el aumento de la violencia dejaron a los medios expuestos a los ataques. Solamente en los últimos diez años, según la investigación del CPJ, 32 editores y periodistas fueron asesinados, al menos 11 de ellos en represalia directa por su labor. Otros nueve periodistas han desaparecido desde 2005. La mayoría había cubierto información vinculada con el crimen organizado, el narcotráfico o la corrupción gubernamental, temas que los reporteros dicen evitar de modo creciente por temor a represalias. Las reformas que impondrían penas especiales para los ataques contra la prensa y darían al gobierno federal amplia autoridad para procesar los delitos contra la libertad de expresión quedaron estancadas en el Congreso.

El crimen organizado continuó su crecimiento de una década en las principales ciudades. Poderosas organizaciones de narcotraficantes, que inicialmente exportaban drogas a Estados Unidos, han extendido su alcance a las ventas callejeras, la extorsión y los secuestros. Grupos rivales en pugna por mercados urbanos asesinaron a miembros de una u otra banda como rutina y sobornaron o asesinaron a policías y funcionarios públicos. No hubo lugar en donde los efectos del crimen organizado fuesen más evidentes que en Ciudad Juárez, una localidad limítrofe con El Paso, Texas. Desde fines de 2007, dos grandes carteles han combatido por conseguir el control de la venta de drogas y otro tipo de tráfico ilegal en la ciudad. Aunque el gobierno federal desplegó 10 mil soldados y policías federales en Ciudad Juárez, el número de asesinatos vinculados al narcotráfico había llegado a casi 2 mil hacia fines de octubre, superando así el índice para todo 2008, según informes oficiales y de prensa. Casi todos los asesinatos quedaron impunes.

Aunque el crimen organizado y el narcotráfico son los problemas más serios en Ciudad Juárez, los periodistas a menudo censuran su labor sobre esos temas esenciales, escribió Mike O´Connor del CPJ en un informe especial publicado en junio. “Hemos aprendido la lección: para sobrevivir, publicamos lo menos posible,” dijo Alfredo Quijano, jefe de redacción de Norte de Ciudad Juárez, refiriéndose a la práctica del periódico de autocensurarse. “No investigamos nada. Más aún, la mayor parte de lo que sabemos se queda en la libreta del reportero”. Muchos periodistas indicaron que el asesinato en noviembre de 2008 de Armando Rodríguez Carreón, veterano reportero del crimen, sirvió como advertencia para todo la prensa de Ciudad Juárez. El caso, aún impune hacia fines de año, también ilustró el estado disfuncional de las fuerzas de seguridad. Mientras la procuraduría estatal sostuvo que había dado a las autoridades federales nombres y lugares de varios sospechosos, funcionarios federales señalaron que no tenían pistas ni sospechosos. En julio, el jefe de la investigación federal que trabajaba en el caso cayó abatido por un disparo. Su reemplazante fue asesinado menos de un mes después.

En la región norte y centro de México, los periodistas señalaron otro asesinato para poner en relieve el patrón de violencia e intimidación. El 25 de mayo, unos atacantes secuestraron al reportero del crimen Eliseo Barrón Hernández de su hogar en Torreón, estado de Durango, mientras eran observados por su esposa y sus dos pequeñas hijas, según la prensa y entrevistas del CPJ. Su cuerpo, con un balazo en la cabeza, fue hallado al día siguiente en una zanja de riego. En junio, la Procuraduría General de la República federal señaló que un hombre detenido por el ejército mexicano había confesado el asesinato de Barrón y había implicado a otros, según informes de prensa. El supuesto atacante, quien afirmó pertenecer a la organización criminal Los Zetas, aseguró a sus interrogadores que Barrón había sido asesinado como advertencia para que otros periodistas no informen sobre el grupo. El caso seguía pendiente hacia fines de año. Los Zetas se han convertido en la organización criminal más temida en México, operando en la Costa del Golfo, la Península de Yucatán y también en Guatemala, como así también en el área de Ciudad de México y la región occidental.

Un segundo asesinato en Durango extendió el nivel de preocupación. El 2 de noviembre, Bladimir Antuna García fue hallado asesinado tras haber sido secuestrado de una calle en la ciudad de Durango, según informes de prensa y la investigación del CPJ. Antuna, reportero del matutino El Tiempo de Durango, pareció haber sido estrangulado. El periodista, que había recibido amenazas de muerte, había publicado en forma reciente una nota sobre la corrupción en el Departamento de Policía de la ciudad de Durango.

Otros seis periodistas fueron asesinados en 2009 en circunstancias poco claras. El fotógrafo Jean Paul Ibarra Ramírez murió de un disparo en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, en enero. El reportero Carlos Ortega Samper fue sacado a la fuerza de su camioneta y abatido a tiros en las montañas del estado de Durango en mayo. En julio, las autoridades encontraron el cuerpo de Juan Daniel Martínez Gil, presentador de radio de Acapulco, golpeado y asfixiado. Norberto Mirando Madrid, quien cubría casos de crimen organizado en el estado de Chihuahua, al norte, fue asesinado a disparos en el interior de su oficina en septiembre. José Galindo Robles, director de Radio Universidad de Guadalajara, fue hallado en noviembre en su hogar, en el estado occidental de Jalisco, víctima de un golpe mortal en la cabeza. Y en diciembre, José Alberto Velázquez López, director de un periódico en el estado de Quintana Roo, al sudoeste del país, fue asesinado cuando se iba de una fiesta de su oficina. El CPJ estaba investigando los asesinatos para determinar si estaban relacionados con la labor de los periodistas.

Dos reporteros que cubrían crimen desaparecieron en los últimos meses del año. José Luis Romero, reportero radial en el estado de Sinaloa, fue secuestrado afuera de un restaurante en diciembre, mientras que María Esther Aguilar Cansimbe, reportera de un periódico de Michoacán, desapareció luego de obtener un dato por teléfono en noviembre. Otros siete reporteros desaparecieron entre 2005 y 2008, según la investigación del CPJ.

La corrupción generalizada ha provocado que el sistema judicial se vuelva tan disfuncional que la mayoría de las muertes de periodistas quedan sin resolver. En los pocos casos en los cuales las autoridades obtuvieron condenas, según la investigación del CPJ, han surgido preguntas sobre la culpabilidad de los acusados. Uno de estos casos, el asesinato en 2007 de Amado Ramírez Dillanes, corresponsal de Televisa en Acapulco, fue cerrado oficialmente en marzo cuando se condenó al único acusado a 38 años de prisión. En Acapulco, donde Ramírez era un periodista estrella, sus colegas afirmaron que las autoridades permitieron que los verdaderos asesinos salgan en libertad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos encontró que la policía había torturado al acusado y manipulado la evidencia.

La investigación del CPJ muestra que autoridades locales y estatales en México han sido particularmente ineficaces para resolver delitos contra la prensa. En algunos casos, parecen haber sido cómplices. En un informe de 2008, el CPJ examinó la posible participación de policía local y funcionarios públicos en las desapariciones de varios periodistas desde 2005. Al menos cinco reporteros desaparecidos habían investigados vínculos entre funcionarios locales y el crimen organizado en las semanas previas a su desaparición.

El Congreso se movió con lentitud para combatir los delitos contra la prensa. La Cámara de Diputados aprobó en abril una medida que impone penas especiales para los delitos contra “la actividad periodística”. El proyecto de ley impondría penas de hasta cinco años de prisión para cualquiera que “impida, interfiera, limite o ataque la actividad periodística”. Las sentencias podrían ser duplicadas si el atacante fuese un funcionario público. La medida seguía pendiente en el Senado hacia fines de año.

De ser sancionada, la legislación sería un estímulo, aunque preliminar, para combatir la violencia letal contra la prensa, según reveló el análisis del CPJ. La promulgación de las nuevas sanciones, reveló el CPJ, tendría un efecto significativo sólo si fuese acompañada por la adopción de una enmienda constitucional que garantizara a las autoridades federales la jurisdicción para procesar los delitos contra la libre expresión. La enmienda propuesta seguía aún en la Cámara de Diputados hacia fines de año. En un revés para la libertad de prensa, la Cámara de Diputados decidió disolver una comisión especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas. La comisión, creada en 2006, había ayudado a mantener los casos de violencia contra la prensa bajo la atención pública.

Reporteros y fotógrafos de varios estados describieron al CPJ las amenazas, golpizas y detenciones arbitrarias perpetradas por policías locales y militares. Mientras algunos presentaron denuncias ante autoridades estatales y federales, otros indicaron que tenían temor de presentar denuncias. En al menos un caso, un reportero provincial, que pidió no ser identificado por temor a represalias, relató al CPJ que había recibido una amenaza de muerte de un alto funcionario de la policía.

Emilio Gutiérrez Soto, un periodista de Chihuahua que huyó a Estados Unidos luego de sufrir hostigamiento, aguardaba una decisión hacia fines de año sobre su solicitud de asilo político. Gutiérrez Soto, corresponsal de El Diario del Noroeste en Nuevo Casas Grandes, escapó de Chihuahua en 2008 luego de que fuese amenazado por personal militar en respuesta a una serie artículos que denunciaban supuestos abusos a los derechos humanos.

El CPJ documentó cuatro casos en los cuales edificios que albergaban a organizaciones de medios o a sus empleados fueron atacados. En enero, hombres armados arrojaron una granada y dispararon contra las instalaciones de Televisa en Monterrey. (Un vocero de Televisa explicó luego al CPJ que los reporteros que cubren crimen habían estado usando chalecos antibalas durante más de un año). El mes siguiente, un grupo de atacantes disparó contra la casa del director de noticias de El Debate, un matutino de Guasave, en el estado de Sinaloa. El semanario Riodoce, que cubre narcotráfico en Sinaloa, fue víctima de una explosión en septiembre que causó daños estructurales. En cada caso, los editores de mayor jerarquía expresaron que no estaban seguros por qué los habían atacado. No se produjo ningún arresto en ninguno de los casos.

En agosto, el gobierno federal emitió un polémico informe sobre el asesinato de Bradley Will, el documentalista estadounidense. Will fue baleado en noviembre de 2006 mientras filmaba enfrentamientos en Oaxaca entre manifestantes antigubernamentales y seguidores del gobernador Ulises Ruiz. A pesar de la evidencia fotográfica que mostraba que hombres armados del gobierno se hallaban disparando desde cierta distancia contra manifestantes y periodistas –incluyendo a Will– las autoridades concluyeron que los disparos letales habían sido disparados, en cambio, por un manifestante desde cerca.

En octubre de 2008, un juez mexicano dictaminó que había suficiente evidencia para enjuiciar a Juan Manuel Martínez por el asesinato de Will. Martínez seguía en prisión hacia fines de año. Ningún testigo ha ubicado a Martínez en la escena del crimen; no se ha revelado ningún motivo, ni se ha encontrado arma alguna.

El informe del gobierno sobre el caso de Will contradijo lo revelado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por Physicians for Human Rights, una organización independiente con sede en Boston. Ambos organismos concluyeron que las dos balas que habían impactado a Will habían sido disparadas desde una distancia de 130 a 165 pies (40 a 50 metros). El informe del gobierno también contradijo la autopsia, que halló que las heridas en el cuerpo de Will y el daño en su ropa eran compatibles con disparos desde una distancia larga.

Fuente: CENCOS

Difusión: AMLO TV