Legalizar las Drogas

Fausto Fernández Ponte

04 marzo 2010

ffponte@gmail.com

Asimetrías

Legalizar las Drogas

Por Fausto Fernández Ponte

"Debemos considerar con seriedad (...) legalizar (el consumo de) las drogas".

Carlos Fuentes.

I

El tabaco, está demostrado fedatariamente, causa una diversidad de cánceres en quienes lo inhalan (fuman) y exhalan, amén de otros problemas de salud igualmente graves --fatales, incluso-- además de sus consecuencias terribles en la calidad de vida de un individuo o en lo social.

El alcohol --su ingesta desde moderada hasta excesiva-- origina patologías en un espectro tan amplio que se le asocia causativamente a tipos de cáncer, además de los problemas en materia de desarrollo humano individual y colectivo, dañando la productividad social y economía misma.

Existen países, como México, en dionde el tabaquismo y el alcoholismo son tan grandes y de alta severidad que los gobiernos los consideran oficialmente problemas de salud pública de hondo impacto. En México ese es el caso: alcoholismo y tabaquismos están muy extendidos.

Concluiríase con honestidad intelectual que fumar e ingerir alcohol es una costumbre social letal; mata pues a la gente. Pero su consumo no está sancionado ni es motivo de penalidad; tampoco se pena la producción de esa materia prima ni su comercialización y su consumo.

Existen por añadidura, ejemplos válidos, fehacientes, de que la cadena productiva del tabaco y el alcohol reciben subsidios del Estado mexicano y, no de diga, a la propia exportación en rama. En Estados Unidos se subsidia la producción agrícola, incluido el tabaco, y su exportación ya industrializada.

Es más, en la filosofía del neoliberalismo económico, la producción y abasto comercial se incentivan, utilizando los recursos financieros que la población de México aporta al Estado mediantre la vía impositiva o fiscal. Ello cincela una paradoja aberrante cuya obviedad no escapa a nadie.

II

Mas los apoyos financieros a los productores de tabaco y de vinos y licores --la excepción serían los que industrializan el pulque, pero no los que cultivan la materia prima de éste, cuya siembra recibe subsidios gubernamentales-- son recuperados con creces por el Estado mediante la coacción tributaria.

Producir, abasto mercantil y consumir tabaco y alcohol le generan cuantiosos ingresos al Estado. Otro ingreso adicional devenido de esos bienes y su industrialización y venta proviene de su exportación. Comercializadores de tabaco y alcohol en territorio nacional son los son grandes consorcios trasnacionales.

Las compilaciones estadísticas hacendarias nmpos inmdican que los mexicanos no sólo intentamos suicidarnos y, sin duda, millones lo logran, sino también pagamos por ello. Financiamos nuestras proclividades a exterminarnos por mano propia. El Estado cobra impuestos por nuestra práctica suicida.

Mas una paradoja tan macabra que ésta no puede hallarse en los anales de éste fenómeno. Pese a los constreñimientos al consumo del tabaco, su producción y comercialización ha aumentado a resultas de demanda creciente. En cuanto al alcohol, ésta es una industria muy próspera.

Esa prosperidad ha llevado al gobierno a identificar la cadena productiva del alcohol como un rubro estratégico de la economía. Es la industria más dinámica. Ese dinamismo es superior a los ramos de las manufacturas, superado sólo por los de servicios.

Per ese mismo Estado mexicano que inspira sus actuaciones en la filosofía del neoliberalismo antisocial y, ergo, criminógeno, y abreva en las premisas y silogismos de éste, rechaza por razones que antójanse de doble rasero debatir tan sólo despenalizar la cadena productiva del tráfico ilícito de estupefacientes y psicotrópicos.

Éste tema no es menor ni pueril. ¿Por qué el Estado no abre un debate acerca de la despenalización de toda la cadena productiva de las drogas, a partir del hecho de que el aprovechamiento institucionalizado de éstas abatiría la violencia generalizada en México y haría que el Ejército retornare a sus cuarteles?

III

Las respuestas a ésta interrogante podrían ser académicas y especulativas. Pero también podrían ser el descorrimiento de los velos que mal ocultan los móviles de la política del gobierno de facto --el que preside Felipe Calderón-- en hacer la "narcoguerra" y proseguir con ella al parecer hasta sus últimas consecuencias.

Y esas últimas consecuencias son: violencia, inseguridad pública, ostensible --y reiterado-- repudio a don Felipe, violaciones a los derechos humanos de civiles por el Ejército, etc., hechos indiscutibles en un contexto peligroso, el de la crisis económica sin precedente, y descomposición rampante del poder político del Estado.

Pero ni los personeros del poder político el Estado ni su jefe formal --a quien millones de mexicanos consideran espurio-- parecen tener conciencia de los componentes de ese contexto lacerante.. No aceptan que la causa de ese contexto es la forma de organización económica que sólo produce desempleo y más pobreza.

Esto nos enlaza dialécticamente con lo que son, para no pocos, los móviles verdaderos de la narcoguerra: (1) aterrorizar a la población civil para desuadirla de afanes prospectivos de reivindicación de sus derechos de modificar la forma de gobierno; (2) arrebatarle el negocio del narcotráfico a ciertos cárteles.

Y un tercer móvil es geopolítico: el interés de Estados Unidos y no de México en quitarle de enmedio a los competidores del cártel de Sinaloa, el de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, quien es, obviamente, el proveedor "autorizado" por los estadunidenses para abastecer su mercado.

Señálese que no es fortuito ni vano que el señor Guzmán aparezca como uno de los ricos entre los más ricos de "Forbes" y como el mexicano más influyente en el mundo. Por ello, el señor Calderón, como lo dijo el diputado panista Manuel Clouthier, protege al cártel sinaloense.

¿Y la despenalización de la industria, abasto y mercado de las drogas? Lo descrito párrafos atrás es el verdedro móvil de la oposición del calderonismo y, en general, del poder panista y priísta del Estado a la despenalización; si éste despenaliza, cesaría la razón de ser de ese poder político.

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