La Comisión Permanente resolvió crear un grupo plural de legisladores que actúe como intermediario entre el SME y el Gobierno federal, a fin de lograr un acuerdo justo, que permita salvar la vida de los trabajadores Cayetano Cabrera y Miguel Ángel Ibarra Jiménez, en huelga de hambre.
Asimismo, exhortó al Ejecutivo Federal para que instruya a los secretarios de Gobernación, Francisco Blake Mora y de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, para que analicen y valoren la posibilidad de atender las peticiones de los trabajadores.
Además, solicitó a los funcionarios públicos tomar acciones para que en la atención del conflicto entre el SME y el Gobierno se procure la preservación de la integridad física de los trabajadores de LyFC que se encuentran en huelga de hambre.
A nombre del PRI, el diputado Manuel Cadena Morales consideró necesario exhortar al Ejecutivo federal, así como a las Secretarías de Gobernación y del Trabajo para que atiendan con “diligencia y cabalidad” el problema del SME
“Están en juego dos vidas, no debemos llegar hasta ahí; es una cuestión de humanidad y de atención a los problemas nacionales”, enfatizó.
Por Acción Nacional, el senador Rubén Camarillo Ortega dijo que “en todo momento las autoridades de la República han estado atentas a este movimiento” y que destacó que existen los canales legales necesarios y adecuados para atender las demandas de los ex trabajadores de LyFC.
En este sentido expresó: “Le exigimos al líder del SME que haga uso positivo de su liderazgo para que las personas que están en huelga de hambre la terminen, porque sería una infamia que como presea de este movimiento alguien pierda la vida”.
Al presentar el punto de acuerdo, el diputado Agustín Guerrero Castillo, del PRD, señaló que Cayetano Cabrera y Migue Ángel Ibarra, junto a sus compañeros en huelga de hambre, defienden sus derechos laborales.
“Especialmente la preservación de sus empleos, sin que a la fecha ninguna autoridad intervenga de manera decisiva en problema tan grave, para buscar una solución, dentro de las vías del diálogo y los principios del humanismo”, agregó.
El diputado Pablo Escudero Morales, del PVEM, se pronunció por “privilegiar el diálogo y la negociación política para solucionar el conflicto dentro de la legalidad, sin afectar derechos a terceros”.
Recordó que la CNDH solicitó que las autoridades pongan en todo momento al alcance de los huelguistas los servicios e instrumentos médicos indispensables para garantizar una reacción oportuna en caso de que su estado de salud se agrave.
En tanto el diputado Mario Di Costanzo Armenta, del PT, aseguró que no se pueden argumentar causas legales en la extinción de LyFC cuando a la Comisión Permanente se le negó información sobre el acta del Comité de Desincorporaciones.
“En el fondo el tema es la arbitrariedad de un gobierno que decide extinguir a la Compañía con falsos argumentos. Esta comisión tiene que constituirse hoy mismo porque está en juego la vida de dos personas y el sustento de 44 mil personas”, agregó.
El diputado priísta Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, se pronunció por no politizar el conflicto y exhortó al Ejecutivo a resolver este asunto de manera inmediata.
Pidió al Gobierno federal que “de una vez por todas se tome una decisión definitiva para dar una salida política a este conflicto”.
Por su parte, el senador del PRD, Carlos Sotelo García, denunció que las políticas públicas y acciones del gobierno sólo han hecho posible la exclusión de miles de familias y de trabajadores de la posibilidad de vivir dignamente.
Por ello, consideró que la comisión que se formará para mediar en el conflicto debe ser constituida al más alto nivel, con el objetivo de realizar una gestión exitosa.
Por último, el diputado perredista, Guadalupe Acosta Naranjo exigió al gobierno federal conceder el derecho de audiencia a los dos trabajadores en huelga de hambre y se pronunció por una pronta salida a este conflicto laboral.
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PIDE LA PERMANENTE QUE STyPS MEDIE EN CONFLICTO MINERO EN GUANAJUATO
La Comisión Permanente exhortó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que con la participación de las autoridades locales intervenga y medie en la solución del conflicto minero entre la sección 142 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y la empresa canadiense Gammon Gold, por el cierre de la mina “El Cubo”, en Guanajuato.
Los legisladores solicitaron que en un lapso de 10 días el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, envíe a la Permanente un informe sobre el estado que guarda el conflicto, en atención a la urgencia que amerita la resolución del mismo.
En el dictamen aprobado, la Tercera Comisión resaltó que el conflicto minero desatado a partir del cierre de la mina “El Cubo”, tiene un significativo “impacto en la economía del municipio de Guanajuato y del empleo, en razón de que la actividad minera es fundamental para el desarrollo de esa región”.
En el debate, el senador Francisco Arroyo Vieyra, del PRI, recordó que hace un año los mineros y la empresa llegaron al acuerdo de extender la jornada de trabajo a 10 horas y donde la mina ofrecería más condiciones de seguridad, se comprometería a dar mejores herramientas de trabajo y generar un mejor ambiente laboral.
Sin embargo, “luego de esa negociación ha habido cinco muertos por las pésimas condiciones de seguridad en la mina, no tienen herramienta nueva y llegó abril y no les han dado ni un peso por reparto de utilidades. Los trabajadores se van a huelga y la empresa les rescinde el contrato laboral”.
El senador guanajuatense denunció que la empresa ha recibido toda clase de apoyos por parte de la Secretaría del Trabajo, quien en un comunicado argumentó que se trataba de un “chantaje de los trabajadores”.
Arroyo Vieyra aseguró que los mineros están abiertos a la negociación, pero “la empresa canadiense no quiere a los mineros, a los sindicatos y tampoco les quiere dar un peso”.
El legislador invitó a sus pares para ingresar una iniciativa que amplíe las causales de revocación de concesiones, “para que compañías tan ‘nefastas’ le piensen dos veces”.
Por otra parte, el diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta, del PT, cuestionó la atención del “insensible” secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, “cuando se tienen otros ejemplos de ataque frontal contra los trabajadores como son el caso de Cananea y del SME”.
Aseguró que la situación invita a reflexionar sobre lo que sucede cuando se entrega el patrimonio nacional a compañías extranjeras.
Coincidió en que los legisladores deben trabajar en la protección de los bienes y el patrimonio público, “porque está claro que esta empresa no sólo viene a extraer el oro del país, sino a explotar a los trabajadores”.
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Fuente: Comunicación Social Cámara de Senadores
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