Ecuador: el pleito con la petrolera Chevron

Ecuador: el pleito con la petrolera Chevron

Emilio Godoy

MEXICO, D.F., 9 de marzo (apro).- A unas semanas de que se dé la sentencia sobre la contaminación en una zona de la selva ecuatoriana, el acusador Frente de Defensa de la Amazonía y la acusada Chevron Texaco mantienen una dura disputa legal y mediática, debido a daños ambientales por 27 mil 300 millones de dólares, el mayor en la historia reciente.

El pasado 14 de enero, ese frente, un colectivo de organizaciones de base y comunitarias, interpuso un recurso legal ante la Corte Federal de Nueva York para frenar la solicitud de arbitraje internacional, que tenía como propósito pagar la factura ecológica presentada en septiembre pasado por la petrolera, la segunda más grande de Estados Unidos.

Ante esta medida legal, Chevron respondió, el 21 de enero, con un requerimiento ante esa corte para rechazar el intento ecuatoriano.

Esta historia se remonta a 1993, cuando un grupo de pobladores del oriente ecuatoriano demandó legalmente a Texaco por los efectos de su explotación petrolera en una porción de la Amazonía.

“Es imposible saber cómo fallará el juez, basados en la evidencia que hemos entregado; sentimos que fallará a nuestro favor. Hay muchas leyes ambientales que violó Texaco”, dijo a Apro Karen Hinton, una relacionista pública de Nueva York, vocera de ese frente desde hace 18 meses.

En noviembre de 1993 un grupo de indígenas del oriente de Ecuador activó una demanda ante la Corte del Distrito Sur en Nueva York contra de Texaco por la contaminación de la región donde operó entre 1972 y 1990, en un expediente conocido como “María Aguinda, et. al v. Texaco, Inc”, que ya acumula más de 200 mil folios.

Por los asuntos tratados y la magnitud del juicio, es el primer caso en Latinoamérica en el cual pobladores indígenas llevan ante la justicia a una transnacional petrolera. Se trata de unos 30 mil habitantes de la Amazonía ecuatoriana que demandan a Chevron el pago de 27 mil 300 millones de dólares por la limpieza de la polución petrolera que, claman, ha provocado altas tasas de cáncer y otras enfermedades.

Los acusadores señalan que Texaco de Petróleos de Ecuador (Texpet), la filial en la nación sudamericana, vertió más de 18 mil millones de galones de residuos tóxicos en la zona, abandonó 916 fosos y derramó más de 17 millones de galones de crudo, debido a fugas en las tuberías.

En 2003, la petrolera estadunidense logró que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito resolviera el traslado de la disputa a los tribunales ecuatorianos, a condición de que Chevron aceptara el veredicto emanado del nuevo foro.

La larga marcha

El 7 de mayo de 2003, 48 habitantes de las provincias de Orellana y Sucumbíos acudieron a la Corte Superior de Nueva Loja en la provincia de Sucumbios a reeditar su querella contra Chevron, que compró a Texaco en octubre de 2001 por 31 mil millones de dólares.

El documento legal, al que Apro tuvo acceso y firmado por el abogado Alberto Wray –en nombre de su colega Ángel Justino Piaguage Lucitante--, describe la historia y los efectos de la operación de Texpet en Ecuador.

“Los métodos y procedimientos adoptados y puestos en práctica ya habían sido abandonados o prohibidos en otros países, por sus efectos letales sobre el ambiente y la salud humana”, señala el texto.

El empleo de esos métodos y procedimientos, establecidos y aplicados por Texaco, prosigue la demanda, causaron daños ambientales, perjudicaron la salud de los habitantes y ocasionaron daños patrimoniales.

Mediante un acuerdo de operación conjunta del 1 de enero de 1965, Texpet asumió el control de las actividades de exploración y explotación de una región en el oriente ecuatoriano. Ese acuerdo caducó en junio de 1992.

Como operador responsable del proyecto, la petrolera estadunidense se hizo cargo del diseño, construcción, instalación y funcionamiento de la infraestructura y el equipo necesarios en el campo petrolero. Los confines de la operación se extendieron a los poblados de Lago Agrio, Shushufindi, La Joya de los Sachas, Cascales, Putumayo y Orellana, un área de 1 millón 400 mil hectáreas situada a unos 30 kilómetros de la frontera con Colombia.

En la zona habitan pueblos indígenas, como los cofan, los siona, los secoya, los kichwa y los huaroni, que han sido perjudicados por la polución. Además, el Frente asegura que otro pueblo, los tetete, ya desapareció.

Entre 1972 y 1992, denunciaron los acusadores, Texaco contaminó el suelo, estuarios, lagunas y ríos con 464 millones 766 mil 540 barriles de agua separada del crudo, que es altamente tóxica al contener crudo, cadmio y mercurio.

Se culpa a la corporación de violar disposiciones contenidas en las leyes de Hidrocarburos de 1971 y de Preservación y Control de la Contaminción Ambiental de 1976.

“Mantenemos la esperanza de justicia. La gente que vive en esa región lo merece”, declaró Hinton.

Pero así como la disputa en Estados Unidos se tornó incluso agria, la causa en Ecuador no ha sido diferente.

En septiembre de 2009, Chevron difundió un video en el que supuestamente el juez Juan Núñez, a cargo de la instrucción, negociaba el fallo con los acusadores. A cambio de 1 millón de dólares, declararía culpable a la corporación estadunidense, según Chevron. De inmediato, la empresa afirmó que no había garantías de un juicio justo en el país sudamericano.

Sin embargo, las imágenes no revelan que el magistrado acepte el soborno ni que dé indicios de la dirección de su resolución.

Pero la grabación le reviró a la petrolera, cuando trascendió que uno de sus autores, el estadunidense Wayne Hanson, era un convicto que pasó 18 meses en prisión por tráfico de drogas y sin ingresos demostrables en su país natal. De inmediato, Núñez se apartó del caso.

El 7 de septiembre de 2009, Chevron envió una carta a las autoridades ecuatorianas solicitando una investigación sobre el hipotético involucramiento de Alexis Mera, un asesor legal del presidente Rafael Correa, y de otros funcionarios en un fallo contrario a la petrolera estadunidense.

El 13 de enero de este año, el entonces canciller de Ecuador, Fander Falconí denunció que Chevron ejercía presiones ante el Congreso estadunidense para que su país no recibiera preferencias comerciales.

“La empresa Chevron ha hecho una de las gestiones más fuertes y feroces que ha enfrentado la política exterior ecuatoriana, porque tiene influencia en el Senado, en el Congreso y en la propia administración del gobierno norteamericano”, dijo a la prensa Falconí, quien abandonó su cargo el 20 de enero.

Sin embargo, en diciembre pasado, el Congreso estadunidense renovó los privilegios arancelarios para exportar a ese mercado para Ecuador, Perú y Colombia.

Chevron no respondió a una consulta realizada por Apro.

Año desdichado

El año 2009 estuvo plagado de reveses legales para la petrolera estadunidense. Primero, perdió su oportunidad de convencer a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de que Ecuador y la paraestatal Petroecuador tenían responsabilidad por la limpieza de la jungla por el acuerdo de operación conjunta de 1964.

El propósito de Chevron era forzar a la petrolera ecuatoriana a un arbitraje, deseo que una corte distrital había frustrado previamente. Además, la Corte Suprema de Justicia rechazó escuchar la apelación de Chevron.

En diciembre de 1994, Texaco, Petroecuador y el Ministerio ecuatoriano de Energía negociaron un memorando de entendimiento para las labores de remediación de las zonas contaminadas.

El 30 de septiembre de 1998, las partes firmaron la llamada “Acta final de cumplimiento del contrato para la realización de las reparaciones ambientales y liberación de responsabilidades y demandas”, con la que se dio fe de que la petrolera norteamericana se había apegado a todas las remediaciones ecológicas contenidas en el texto de 1995.

“Los trabajos de reparación ambiental ejecutados por Texaco fueron insuficientes o mal hechos”, señala la demanda en los tribunales ecuatorianos.

El acuerdo liberó a la corporación estadunidense de cualquier responsabilidad por el arreglo de 1998 y a través de una remediación por 40 millones de dólares, según la línea argumental de Chevron. Pero ambos documentos, en poder de Apro, no la exhimen de reclamaciones por terceros afectados, como es el caso de los pobladores de la zona conocida como Lago Agrio.

De las 916 lagunas abiertas por Texpet, la compañía asegura haber limpiado el 16% por Texaco, pero un examen de 54 sitios ordenado por la corte halló que 46 aún estaban contaminados. “Texaco nunca cumplió con lo que se comprometió en el acuerdo de remediación”, enfatizó Hinton.

Debido al incumplimiento de ese acuerdo, los acusadores demandaron, en septiembre de 2008 ante los tribunales ecuatorianos, a Ricardo Reis Veiga, vicepresidente de Chevron; a su apoderado legal en Ecuador, Rodrigo Pérez Pallares, y a siete exfuncionarios ecuatorianos, entre ellos el exministro de Energía, Patricio Rivadeneira García.

En su informe especial de abril de 2008, de cuatro mil páginas, Richard Cabrera --un geólogo ecuatoriano nombrado por los tribunales-- y un equipo de 14 científicos, recomendaron, tras de inspeccionar 62 mil muestras tomadas en los lugares contaminados, que Chevron desembolsara 27 mil 300 millones de dólares, de los que 18 mil 900 millones serían para el saneamiento ambiental y compensación a la población local y 8 mil 300 millones en multas por enriquecimiento ilícito.

Además, Cabrera concluyó que 1,041 personas murieron de cáncer debido a la contaminación petrolera.

Ante la proximidad de una sentencia que le sería adversa, Chevron presentó, en septiembre de 2009, una solicitud de arbitraje ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en Holanda, al tenor de las normas de la Comisión de Naciones Unidas sobre el Comercio Internacional, con el argumento de que el litigio viola un tratado comercial entre Estados Unidos y la nación sudamericana de 1997 y convenios judiciales existentes entre la petrolera estadunidense y Petroecuador. De proceder, sería un pleito únicamente entre la corporación y el gobierno ecuatoriano, sin la participación de las comunidades.

El arbitraje pretende que Chevron sea liberada de cualquier responsabilidad con la contaminación del Lago Agrio y que el único responsable de cualquier daño es Ecuador.

Además, la petrolera busca el pago de los gastos incurridos en su defensa legal y daños morales por lo que considera la conducta “escandalosa e ilegal” del gobierno ecuatoriano.

“No podemos dejar que los afectados sean excluidos del debate legal, ni creemos que Chevron tenga derecho de acudir a La Haya”, dijo Hinton.

En los próximos días, la corte de Nueva York discutirá la petición ecuatoriana de bloquear la solicitud de arbitraje internacional.

En 2007, Pablo Fajardo, abogado del Frente y cuyo hermano Wilson fue asesinado en 2004, recibió, junto con otras cinco personas, el galardón Héroes que concede la cadena estadunidense CNN y un año después ganó, junto con Luís Yanza --otro integrante del movimiento-- el Premio Ambiental Goldman, una especie de Nobel ecológico, por su labor para proteger la Amazonía ecuatoriana.

Según los ecologistas, el caso de Lago Agrio es peor que el derrame de 41 mil toneladas de petróleo el 24 de marzo de 1989 por el banquero Exxon Valdez, de la hoy ExxonMobile, en Alaska, y por el que esa empresa fue condenada en 1996 por las cortes estadunidense a pagar 5 mil millones de dólares por daños punitivos. Pero decisiones de la Corte Suprema y de una corte federal de apelaciones de 2008 y 2009, respectivamente, redujeron esa sanción a 507 millones 500 mil millones de dólares.

Más de 20 años después de ese ecocidio, los afectados no han recibido un dólar y organizaciones ambientalistas han denunciado que los daños todavía persisten.

Fuente: Proceso

Difusión AMLOTV