ESTADO DE LOS ESTADOS

ESTADO DE LOS ESTADOS

Por: Lilia Arellano

“La muerte siempre es temprana y no perdona a ninguno”: Pedro Calderón de la Barca

• Secuestro, sangrienta industria

• Ganan 30 mil millones anuales

• Ejecutados 40% de los plagiados

• Impera improvisación y corrupción

• Admite Nava que pactó con Paredes

• Exigen auditar la publicidad de FHC

• PRI, un anciano recargado de 81 años

Marzo 4, 2010.- La violencia en México sigue incrementándose y con ella el número de secuestros, que se han multiplicado en los últimos cinco años, particularmente durante la actual administración federal que encabeza Felipe Calderón. Las ejecuciones de víctimas en cautiverio también han ido a la alza en forma alarmante. Cada vez más narcotraficantes están cambiando de actividad para dedicarse a la industria de los secuestros, que genera más de 30 mil millones de pesos al año, de acuerdo con estimaciones de organizaciones no gubernamentales, puesto que no existen cifras oficiales confiables.

Al día en el país se cometen 35 secuestros de los que denominan económicos, y de 100 a 115 secuestros exprés en la capital y zona conurbada. En los estados de Baja California, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y el Estado de México se cometen de 4 a 5 privaciones ilegales de la libertad. Los montos pretendidos por los secuestradores son cada vez superiores, mientras que el monto en el 2008 era en promedio 6 millones de pesos, en el 2009 se elevó a un millón de dólares. No obstante el monto pagado en promedio es de 2.5 millones de pesos por rescate.

El secuestro en México es un flagelo que ha aumentado en los últimos años, sobre todo en este sexenio, pero “no existen cifras oficiales confiables” sobre su incidencia, aseguró Luis de la Barreda, al presentar en la Cámara alta la Evaluación del Desempeño en el Combate contra el Delito de Secuestro 2007-2009. Lo que si es indiscutible es que la impunidad y la corrupción de policías fomentan el crecimiento de la delincuencia y los delitos, en particular el secuestro.

Todas las entidades de la República resienten la falta de coordinación entre autoridades federales y locales para combatir el secuestro, lo que ha agudizado severamente el problema. La corrupción y las luchas internas que cunden en los 1,660 organismos policiales en México –muchos de cuyos miembros activos y retirados son parte de la industria de los secuestros- y la rampante impunidad de la que gozan los criminales han agravado esta problemática grados inimaginables hasta hace unos años. Se estima que en un 80 por ciento de las bandas hay algún policía o ex policía.

El hartazgo de la población antes esta situación se ha manifestado a través de grandes concentraciones públicas de protesta a fin de presionar a las autoridades a hacer algo al respecto de los secuestros, pero al poco tiempo de realizarse las marchas de inconformidad el tema pasa al olvido. Mientras tanto, la impunidad impera pues sólo el 1 por ciento de los delitos cometidos anualmente en el país –se calcula que alrededor de 12 millones, incluyendo los secuestros- son juzgados y terminan en una condena.

IMPROVISACION

Para combatir el secuestro en el país no existe un verdadero trabajo de investigación ni de inteligencia, por lo que la mayoría de las bandas que se dedican a esta ilícita actividad no están identificadas, o lo están sólo parcialmente, ya sea por su “modus operandi” y zonas de influencia, pero su estructura real y número de integrantes es desconocida por las autoridades que no han logrado conformar en forma correcta un adecuado banco de voces, no se elabora durante el secuestro y su investigación un correcto perfil de la banda en cuestión, ni se establece tampoco un “modus operandi”, con fines de inteligencia.

Prevalece en todo momento la improvisación y falta de conocimiento en psicología criminal por parte de los agentes asignados a las investigación de secuestros. Las ONG´s se quejan de que la figura del negociador es prácticamente inexistente en los cuerpos policiacos al igual que los perfiladores y sólo intervienen en casos que, por su notoriedad, representan presión para las autoridades.

Además han detectado la existencia de grupos de policías que en sus días de descanso, ofrecen servicios de negociación y espionaje telefónico, servicios por los que se cobran cantidades que van desde los 30 mil a los 100 mil pesos, y de manera disimulada los agentes asignados a un caso de secuestro proponen a las familias contratar dichos servicios, lo que implica la existencia de una nueva empresa en torno al millonario negocio del secuestro en México. Sin embargo, el resultado es que las familias reciben pésima orientación por parte de las autoridades para el manejo de la negociación, lo que permite a los secuestradores acceder a grandes sumas de dinero y prolongar el secuestro.

OPACIDAD

Luis de la Barrera, miembro del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI), una asociación civil auspiciada por la UNAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de Monterrey (TEC), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Coparmex y la Fundación Este País, sostienen que en términos generales existe poca disposición de las autoridades a dar información sobre los secuestros, falta de profesionalismo, ineptitud y negligencia asombrosa en el combate a este delito.

El especialista denunció que hay resistencia generalizada de múltiples procuradurías estatales a otorgar información sobre el tema. El año pasado, informó, sólo 8 procuradurías estuvieron abiertas a presentar datos sobre secuestros. De las 32 procuradurías estatales sólo 19 presentaron datos de 2007, 11 en 2008 y sólo 8 en 2009. El Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad sostiene que la falta de transparencia de las fiscalías de los estados de México en relación a los secuestros impide conocer la incidencia de ese delito.

Esta ONG comenzó en noviembre de 2008 a investigar la situación del secuestro en el país basándose en análisis de datos oficiales federales y estatales, complementándolos con 1,200 noticias periodísticas de 33 diarios, así como con testimonios de víctimas dejadas en el portal www.notecalles.org.mx

CRUELDAD

El mayor número de secuestros se da en el Distrito Federal, Estado de México, Baja California, Michoacán y Chihuahua. El secuestro se ha incrementado en un 30 por ciento desde la década pasada, según las estimaciones de Max Morales, abogado y especialista en liberación de rehenes por secuestro. En los últimos años ha proliferado el secuestro con desaparición de personas. Los plagiarios se deshacen de ellas muy violentamente y no dejan rastro de las víctimas.

El Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, A. C., ha denunciado desde hace meses que las bandas de secuestradores han endurecido sus técnicas y han perfeccionado su “modus operandi” para evitar ser capturados. Es indiscutible que han alcanzado un alto grado de conocimiento en telecomunicaciones para espiar las actividades de los secuestrables y para reducir las posibilidades de identificación y captura. Se han especializado en el plagio de jóvenes y madres de familia. Los secuestradores torturan a los plagiarios para debilitarlos a ellos y a sus familias y dejan claro que no van a respetar la vida del secuestrado, si no se cumplen con sus demandas. El uso de videos donde se muestra al secuestrado en condiciones inhumanas es práctica común de secuestradores experimentados.

Max Morales, dijo en el Foro “Alto al secuestro”, organizado por el senado esta semana, que es lamentable que en 1994 se tenía de un 2 a 4 por ciento de ejecuciones de víctimas de secuestros en cautiverio y actualmente oscila en un 40 o un 50 por ciento. La delincuencia no se está conformando con sólo quitarles su patrimonio a las familias, sino también sacrifica a la víctima.

Otra grave y cada vez más frecuente modalidad es el Secuestro Exprés: cada 24 horas 900 secuestros exprés son ejecutados en el país. El tiempo promedio que dura este secuestro es de 5 horas. Este delito genera a nivel nacional un promedio de 10 millones 800 mil pesos cada 24 horas. El uso de taxis pirata o con placas falsas, es el principal medio empleado para ejecutar este delito. De este tipo de delitos sólo se denuncia 1 de cada 600 y se sanciona a 1 de cada 300 delincuentes. En el Distrito Federal y área metropolitana operan al menos 300 bandas dedicas a este delito con ganancias promedio de 12 mil pesos por cada secuestro exprés ejecutado.

¡PARENLOS!

Esta semana en el Senado de la República se reunieron legisladores, activistas académicos y representantes de organismos internacionales para analizar el contenido de 14 iniciativas que buscan establecer un marco jurídico para combatir el secuestro en México. Los participantes en este foro coincidieron en crear un fondo económico ciudadano para enfrenar el secuestro y para apoyar a las víctimas de plagios, tras la muerte de un familiar en cautiverio, cancelar las cuentas bancarias para pago de secuestros y nombrar a un fiscal especial antisecuestros.

Entre las iniciativas que se analizaron legisladores, especialistas y activistas, estuvo la propuesta oficial de Ley General para Prevenir y Sancionar el Secuestro que pide colocar brazaletes a los secuestradores que cumplieron su pena, imponer una prisión vitalicia a los policías y demás agentes de seguridad implicados en el delito; garantizar la reparación de los daños y la devolución del pago, entre otras medidas. Concluyeron que se requiere la profesionalización de las autoridades y fomentar la denuncia ciudadana. Se propuso también la reparación inmediata del daño para evitar que las autoridades se queden con el dinero del pago de rescate y, en caso de que el secuestrador sea extranjero, no tenga posibilidad de ser extraditado.

El embajador de Colombia en México, Luis Camilo Osorio, dijo que es necesario contar con una policía especializada para atender el secuestro y crear las condiciones para una negociación. El diplomático presumió que en su país gracias a penas que castigan hasta con 70 años de cárcel el delito de secuestro este flagelo ha disminuido.

PENA DE MUERTE

La activista Isabel Miranda de Wallace, madre de Hugo Alberto Wallace, quien fue plagiado en 2005 y aún se desconoce su paradero, propuso la creación de un fondo constituido con la aportación de la Federación y los estados, al cual se agregaría el 50 por ciento del total de bienes decomisados o que causen abandono en las averiguaciones previas y procesos penales. Se integraría con el producto del decomiso de los bienes del secuestrador o de los integrantes de una banda organizada una vez que se haya restituido el rescate de la víctima y se haya pagado la reparación del daño directo señalada en las sentencias.

La señora Wallace se pronunció por la pena capital para los secuestradores, propuesta que si bien tiene sus riesgos dado el inadecuado e ineficaz sistema de procuración de justicia del país, que pudiera llevar al paredón a inocentes, es necesario analizarla profundamente dado el grado de gravidez para la nación que constituye la floreciente industria del secuestro.

DE LOS PASILLOS

Tras muchos desencuentros en los últimos días entre los viejos aliados en el Congreso, priistas y panistas, finalmente el dirigente nacional del PAN, César Nava, admitió que sí firmó un convenio de colaboración con Beatriz Paredes, presidenta del PRI, y que como testigo de deshonor estuvo Fernando Gómez Mont, el ahora ex panista responsable de la política interna del país. Sin embargo, aclaró que este pacto sólo involucraba las no alianzas en el Estado de México, ¿para proteger a Peña Nieto?... El chamaco Nava acusó a los priistas de haber “incumplido” el acuerdo al no aprobar el paquete económico de Felipe Calderón, por lo que, según él, quedó sin efecto dicho acuerdo…. De acuerdo con esta lógica, porque los priistas no les cumplieron a los panistas, éstos se vieron libres de todo compromiso para buscar alianzas con los partidos de izquierda.

Dentro del contexto de enfrentamientos que han escenificado panistas y priistas, en la Cámara de Diputados, la fracción parlamentaria del tricolor propuso que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) lleve a cabo una revisión inmediata a la oficina encargada del gasto publicitario en la Presidencia de la República, a fin de aclarar el presunto pago de “primeras planas” en medios de comunicación… Cabe recordar que fue el propio Calderón quien dijo en Yucatán que los medios informativos daban una cobertura gratuita a la colocación de las llamadas narcomantas, mientras que a su administración le costaban millones de pesos una “primera plana” para difundir sus trabajos. Lo interesante sería saber cuántas “primeras planas” ha pagado el michoacano en lo que va de su gestión.

El Partido Revolucionario Institucional inició este jueves en Zapopan, Jalisco, los festejos de su cumpleaños número 81 y pese a su avanzada edad hace cuentas alegres sobre su presunto regresó a la Presidencia de la República en el 2012… Las festividades empezaron desangeladas por la ausencia de 9 de sus 19 gobernadores. Entre los ausentes está Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, quien fue quien intentó frenar las alianzas electorales del PAN durante las negociaciones del paquete económico calderonista.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación acotó las facultades de la comisiones de Derechos Humanos, nacional y estatales, al resolver que no tienen atribuciones para impugnar leyes o normas nacionales cuando estimen que violan o vulneran derechos consagrados en tratados internacionales suscritos por nuestro país. Así, sólo pueden impugnar leyes que vulneren los derechos que consagra la Constitución mexicana.

(lilia_arellano@yahoo.com; www.fuego-cruzado.tv; www.estadodelosestados.com.mx)

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Fuente: Indice Político

Difusión: AMLOTV