Nueva víctima del pacto de caballeros

Nueva víctima del pacto de caballeros

Raúl Ochoa

MÉXICO, D.F., 4 de marzo (Proceso).- Un arreglo de “solidaridad” entre los dueños de equipos de futbol, conocido popularmente como “pacto de caballeros” o “pacto de cuatreros”, según quien lo mencione, le ha impedido al entrenador Hugo Fernández dirigir durante dos años. Resulta que el técnico uruguayo demandó al club Dorados, de la división de ascenso, por más de 2 millones de pesos y los dueños del equipo con sede en Sinaloa lo contrademandaron por abuso de confianza. Fernández iba a ser contratado por el Veracruz, pero el presidente del equipo, Raúl Quintana, recibió una llamada de la Femexfut para avisarle que no se podía.

Víctima del llamado “pacto de caballeros”, el entrenador uruguayo Hugo Fernández lleva dos años sin poder dirigir, derivado de la demanda que interpuso en contra de su anterior equipo, Dorados de Sinaloa, en la división de ascenso.

Desde entonces, Fernández se convirtió en el centro de una batalla silenciosa en la que están implicados directivos y el propietario del equipo –Eustaquio de Nicolás–, altas autoridades de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) y el gobierno de Sinaloa, encabezado por Jesús Aguilar Padilla.

“Soy víctima del ‘pacto de caballeros’… esto es una absoluta y total injusticia: me privan de dirigir; me están cortando las piernas y encima hay que pedirle permiso a Dorados de Sinaloa para que pueda hacerlo”, se queja Hugo Fernández Vallejo en entrevista con Proceso.

Revela que el equipo sinaloense condicionó “otorgarle el permiso para poder entrenar” a cambio de que él le condone el adeudo de 2 millones 226 mil 666 pesos por concepto de salarios devengados, y que Dorados está obligado a cubrirle, de acuerdo con la sentencia de la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias de la Femexfut emitida el 25 de febrero de 2008.

El lunes 15, la directiva de los Tiburones Rojos del Veracruz tenía prevista la presentación de Hugo Fernández como su nuevo entrenador. Pero en la víspera sonó el teléfono del presidente del club, Raúl Quintana. Y una voz le advirtió que no podía contratar al uruguayo.

Sin llamarlo por su nombre, Quintana hizo referencia al “pacto de caballeros” en La hora de Cuauhtémoc, el programa que conduce cada lunes el jugador del Veracruz, Cuauhtémoc Blanco, y que transmite Fox Sports: “Ya estaba (la contratación). Tú sabes, hay un arreglo entre accionistas en la Federación Mexicana de Futbol y cuando existe una demanda extrafederación tienes que respetar al socio. Platiqué con Enrique Bonilla –director general deportivo de la Femexfut–, quien me habló el domingo: ‘Oye, Raúl, tienes un problema con Dorados: si no te da la anuencia, va a estar difícil’”.

Quintana se explayó: “Conversé con la directiva de Dorados, que me respondió: ‘Si él (Fernández) pone un granito, nosotros ponemos otro y ya no hay ningún problema. Citamos hoy a Hugo, le expliqué el problema y desgraciadamente no hubo ningún arreglo. Como presidente del Veracruz lo hubiéramos podido contratar. El tema era que tenía una demanda y que existe un arreglo de solidaridad entre directivas que uno debe respetar”.

Un litigio torcido

La historia comenzó en 2008. Primero, la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias dictaminó, el 25 de febrero de ese año, que Estadios de Sinaloa SA de CV –club Dorados de Sinaloa– debía pagar 2 millones 226 mil 666 pesos al técnico Hugo Daniel Fernández Vallejo por percepciones. La indicación fue precisa: el monto tendría que cubrirse en un lapso de cinco días hábiles a partir de que la resolución fuera notificada.

Pero todo se torció dos meses después (29 de abril), cuando la Femexfut, a través de la referida comisión, suspendió el pago al que fue condenado Estadios de Sinaloa S.A. de C.V., “hasta en tanto la autoridad competente resuelva y notifique”.

Y el motivo es una demanda que Estadios de Sinaloa S.A. de C.V., promovió el 25 de abril de 2008 contra el entrenador como presunto responsable por la “comisión de delito de abuso de confianza, fraude genérico y lo que resulte en perjuicio de patrimonio del equipo, radicada en la Agencia Tercera del Ministerio Público del fuero común en Culiacán, expediente CLN/ARD/3577/2008/D.

Lo sórdido del caso es la disputa de una camioneta volkswagen Touareg 2008, que el grupo de Eustaquio de Nicolás reclama bajo un doble discurso: a la Femexfut le argumentó que le cedió el vehículo al entrenador “en contraprestación a lo adeudado”. Sin embargo, al Ministerio Público de Culiacán le expuso que la unidad fue entregada durante la estancia de Fernández en Culiacán, “transmitiéndole la tenencia del vehículo, pero no el dominio del mismo”. Esto último se asienta en el acta de la denuncia.

Pero Fernández tiene en su poder la factura expedida por el concesionario autorizado de Volkswagen en Culiacán, Tres Ríos Motors, S.A. de C.V., que lo acredita como legal y único propietario de la camioneta, e incluso muestra a Proceso las tenencias pagadas, así como la carta firmada por la gerente comercial, Carla Galindo; el gerente de postventa, José Luis Benítez, y la gerente CRM, Erika Arroyo, en la que “esta concesionaria agradece su preferencia y lo felicita por haber adquirido una Touareg V6, modelo 2008”.

La carta remata con una singular frase: “Llegó el momento de tomar el volante y disfrutar de muchos kilómetros de seguridad y confort”. Pero seguridad y confort es lo menos que ha recibido Hugo Fernández, ni de su anterior equipo ni de la concesionaria, también propiedad del acaudalado magnate estatal Eustaquio de Nicolás, quien además es dueño de la inmobiliaria Homex, que afronta problemas por la mala calidad de las viviendas y ha incumplido con las casas prometidas a los ganadores de medallas olímpicas en Beijing 2008 (Proceso 1725).

La Touareg blanca, serie WVGBE67L 88D017514 y con un valor de 568 mil 200 pesos fue pagada en una sola exhibición por el entrenador el 4 de diciembre de 2007, según consta en la factura A 0523.

Pero ante el retraso de la sentencia por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, los abogados del entrenador ya preparan una demanda ante las instancias civiles por el daño y el perjuicio que le han causado a Hugo Fernández, “cuantificados en aproximadamente 12 millones de dólares”, anticipa a Proceso el defensor del caso, Simón Pablo Herrera Bazán, doctor en ciencias penales y política criminal.

El especialista sostiene que Estadios de Sinaloa sabe que Hugo Fernández no ha cometido un delito y todo mundo sabemos que Estadios de Sinaloa está prendido de la yugular de su cliente con un solo afán: evadir la responsabilidad de pagarle los 2 millones 226 mil pesos”.

Y sentencia: “Esto se va a resolver muy pronto, porque si el procurador de justicia del estado no quiere resolverlo, hay instancias superiores. También podemos acusar la dilación procesal en la averiguación previa y acusar a esas autoridades por el entorpecimiento de la justicia”.

Para el penalista no hay dudas: “Hugo Fernández es el propietario de ese vehículo. En la procuraduría ya se han presentado todos los documentos que acreditaron la propiedad de Hugo Fernández como tal. Y el tiempo que ha transcurrido es la prueba que la Procuraduría General de Justicia del estado de Sinaloa es un empleado de Estadios de Sinaloa”.

Incluso va más allá: “En la federación son empleados de los dueños de los equipos (su presidente Justino Compeán ha trabajado durante tres décadas en Televisa, propietaria de los clubes América, San Luis y Necaxa), y los propietarios de los equipos no son caballeros. Mi conclusión es que la Federación Mexicana de Futbol es una usurpadora de las funciones de las autoridades civiles. Punto número dos: ‘El pacto de caballeros’ es un pacto de mafiosos. Son mafiosos, son criminales. Todo aquel que comete un delito es un criminal”.

El doctor puntualiza sobre el “pacto de caballeros”, el acuerdo no escrito entre directivos y dueños de equipos: “Además de infractores –arguye– son realizadores de ilícitos porque condicionan a los jugadores a recibir cantidades menores de las que efectivamente les pagan para efecto de defraudación fiscal. No les tienen ningún tipo de consideración, y la Ley Federal del Trabajo es auténticamente papel de baño para ellos”.

Cadena de favores

A Simón Pablo también le parece extraño que la Femexfut “habiendo tirado una resolución a favor de Hugo Fernández, no fuera capaz de hacerla cumplir porque son empleados de los dueños de los equipos”.

“Como abogado –dice– también me sorprendió que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa no haya sido capaz de resolver una averiguación previa en la que no tiene pruebas para inculpar a Hugo Fernández. El problema es que la justicia en México no es ni pronta ni expedita. Es una justicia que no es ciega, es miope.”

–¿Sospecha del gobernador?

–El incapaz, el que no ha tenido un centímetro de frente para resolver el asunto es el agente del Ministerio Público titular de este asunto. Obviamente tiene la complicidad del subprocurador de averiguaciones previas y del procurador de justicia del estado. Y si el procurador tiene un jefe, es el gobernador del estado. Puede ser el nombre de la película: una cadena de favores.

El afectado, Hugo Fernández, no sale del asombro: “Me acusan de fraude genérico y resulta que la camioneta me pertenece legalmente. Todo está a nombre mío porque la pagué con mi dinero. Y no me dejan dirigir. Estoy congelado por haber ganado un caso en la federación, donde la lógica parece ser que tienen que ganar los directivos, los equipos”.

Dice que aunque está autorizado para dirigir, la misma Femexfut “me pide que me arregle con Dorados”. El 28 de enero de 2009, el organismo –a través de su asesor legal, Víctor Garza– envío una carta al entrenador en la que confirma que en estricto apego al artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como al artículo 4 de la Ley Federal del Trabajo, “no existe motivo o fundamento alguno para impedirle el ejercicio de su oficio o profesión en una relación laboral”.

Los artículos en cuestión refieren que “a ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”.

Sin embargo, Fernández acusa: “Tengo dos años sin trabajar, porque me lo han impedido… más que el dinero, que va y viene, se lo juro por mis hijos: quiero dirigir. Es mi vida. No sé qué hacer. El señor Enrique Bonilla me está coartando las oportunidades de dirigir, cuando debió ser intermediario; no puede decir ahora que el caso lo resuelve Veracruz. Si quiere, lo resuelve él, porque el reglamento no dice que no puedo dirigir por lo que está pasando…”.

Abunda: “Dorados quería que les condonara la deuda de 2 millones 226 mil pesos para autorizarme dirigir al Veracruz. Pero yo no cometí ningún delito. Además de que es mucho dinero, que no está para regalarse, porque me lo gané trabajando, rompiéndome el alma, dejando a mi familia, viviendo solo allá (en Sinaloa). El que me debe es Dorados”.

Como futbolista, Hugo Fernández jugó en los dos grandes equipos de su país, Nacional y Peñarol –a los que también ha dirigido–, así como en clubes de España y México. Con una trayectoria de 28 años como entrenador, desde su debut (temporada 1982-84) con el Peñarol, en México ha dirigido al Puebla, Tigres de la U. de Nuevo León, Tampico Madero, Irapuato y Veracruz.

En la división de ascenso fue técnico de Lobos de la BUAP y Dorados de Sinaloa (2000-08), con el que logró un título y un subcampeonato. En este último perdió la final ante Puebla por el ascenso a la máxima división.

Con el equipo sinaloense firmó su contrato laboral el 17 de julio de 2007 por un año –dos minitemporadas: Apertura 2007 y Clausura 2008– y un total de percepción de 3 millones 120 mil pesos, dividido en 12 mensualidades de 260 mil pesos mensuales.

“Dejé de dirigir a Dorados en enero de 2008 por una situación que hasta ahora desconozco. Gané el caso por 2 millones 226 mil pesos, todo incluido: premios, sueldos, indemnización. Hay una cuestión de paridad, estudié abogacía y más o menos entiendo que si no puedo dirigir porque tengo un problema con Dorados, el equipo no tendría por qué estar jugando ahora. Los dos somos afiliados, y el que me debe es Dorados”. En este caso, agrega, el portero de Cruz Azul, José de Jesús Corona, tampoco debería jugar, por la demanda que afronta como presunto agresor de un ciudadano.

“Esto no se hace. Tuve una oferta de Bulgaria. Me pagaban 40 mil dólares por mes y un contrato de un año, con casa y un auto, que rechacé porque tenía la propuesta de Veracruz. El gran perjudicado soy yo, y uno tiene familia. Mi hijo, que es mi auxiliar, tenía una oferta de Argentina y también dijo que no para ir a Veracruz”, se queja el entrenador.

Deslindes

A decir de Fernández, los responsables de la trama tienen nombres y apellidos: José Antonio Núñez González, vicepresidente de Dorados –“le está mintiendo al propietario de denunciarme por la camioneta, cuando sabe que la pagué”–; el secretario general de la Femexfut, Decio de María, y el propio Enrique Bonilla:

“Me gustaría que los señores Enrique Bonilla y Decio de María me expliquen por qué motivos no puedo dirigir. Al señor De María le he llamado por teléfono y no me contesta, y Bonilla me recibió, pero no resuelve nada. Lo veo en tinieblas lo que habla; no es claro para nada. Acá no hay una seguridad. La federación tuvo que haber intervenido y analizar la denuncia por la camioneta.

“¿Qué va a pasar cuando se sepa que Dorados le mintió a la justicia? Lo triste es que la federación no es capaz de mover un dedo. Vamos a ser sinceros: normalmente la federación tira más para el club que para el jugador.

“Los culpables también son el Ministerio Público de Culiacán, la procuraduría de Sinaloa, Alberto de la Torre –expresidente de la Femexfut–, titular de Profut, la empresa que manejaba Dorados cuando estuve en el equipo, así como Héctor González, quien trabaja para De la Torre”, puntualiza Fernández.

Y concluye: “En esta historia –en la que hay de todo: difamación, daño y perjuicio– soy una víctima del pacto de caballeros y de las mentiras permanentes de la gente de Dorados. En mi caso, el pacto de caballeros no existió para darse el lujo de decirle a la federación que la camioneta me la dieron a cambio de adeudos.

“El ‘pacto de caballeros’ no existió para decirle a la justicia que la camioneta me la habían prestado; el ‘pacto de caballeros’ no existió, pues me hacen un chantaje para que dé un dinero que gané en un juicio en la federación a cambio de que me autorizaran dirigir al Veracruz; el ‘pacto de caballeros’ es entre los directivos para hacer lo que les convenga”.

El director general deportivo de la Femexfut, Enrique Bonilla, señalado como operador para impedir la contratación del entrenador, se desmarca: “Sería tonto de mi parte que podamos obligar a un club a que contrate o no a alguien. Eso es prácticamente imposible”, dice.

Pero acepta: “Es mi obligación avisarle a los clubes que van a contratar a un jugador o director técnico que esa persona tiene un caso en alguna de esas instancias para que, si no lo sabe, se entere y tenga los elementos en la mano. De ahí a que les diga que no los contraten, créeme que no tengo tanta fuerza”.

Refiere: “inclusive se le entregó un escrito al señor Fernández en el sentido que puede contratarse con quien mejor le parezca... Te lo pongo más claro todavía: no es de que si dije o no dije. Está por escrito, en blanco y negro. Ante eso, ¿cómo me rajo?”.

Bonilla se deslinda de la situación legal de la camioneta en discordia: “Ese no es boleto nuestro. Es parte de lo que está en tribunales. Suena feo, pero no es de nuestra incumbencia”. Eso sí, afirma que en el momento que el juicio civil se resuelva, “automáticamente la comisión de controversias reabre el expediente y nos da la instrucción, ya sea para exigirle el pago a Dorados o exigir lo que tengamos que hacer. Actuamos, y es otra cosa”.

Por su lado, el subprocurador de justicia de la zona centro en Sinaloa que tiene bajo su responsabilidad la agencia que lleva el caso Fernández-Dorados de Sinaloa, Jesús Martín Robles Armenta, se compromete a dar una resolución inmediata: “Estamos en la etapa final para resolver el expediente, a más tardar a finales de la próxima semana”.

En entrevista con Proceso, Robles Armenta aporta un dato revelador: “La factura aparece a nombre del señor Hugo Daniel Fernández Vallejo… se están revisando detalles de algunas transferencias bancarias que se argumentan, relacionado con el pago por parte de la empresa, supuestamente como abono al salario o al sueldo que devengaba el señor Hugo Fernández. Han sido probanzas que ya están en la investigación, que ya se acreditaron, y hay la instrucción por parte del procurador de revisar a fondo la averiguación previa y resolver en definitiva y darle la razón a quien la tenga. Aquí no se va a incriminar a quien no tenga responsabilidad”.

El subprocurador avisa: “El señor Hugo Daniel Fernández Vallejo y las personas que lo representan pueden estar completamente seguros que, si no existen elementos incriminatorios en su contra, se va resolver a su favor. Ese es el compromiso que hacemos como institución”.

Reportaje publicado en la edición 1739 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

Fuente: Proceso

Difusión AMLOTV