Desmantelar la economía criminal,
regresar el ejército a los cuarteles
y
recuperar la soberanía y dignidad del país
Alberto Montoya Martín del Campo
Síntesis
Las acciones que el gobierno mexicano denomina guerra contra el narco no han tenido éxito en el pasado, ni lo tendrán en el futuro, al igual que en los Estados Unidos de América. Son cuatro las principales razones que explican este fracaso:
1. las extraordinarias utilidades que produce la economía criminal, que está controlada en último término desde los Estados Unidos en sus fases de consumo, trasiego y lavado de dinero, lo que seguirá generando necesariamente su oferta, tanto en Estados Unidos, como en México y otras partes del mundo;
2. el poder corruptor universal sobre la sociedad y las instituciones públicas que tienen las utilidades extraordinarias de la economía criminal, en la generación y legitimación de sus utilidades ilegítimas, que conlleva una violencia intrínseca para la resolución de disputas por negocios y mercados;
3. la necesidad de legitimación política del gobierno federal, que ha acudido al uso de las fuerzas armadas en tareas que no están autorizadas por la Constitución, para responder con tácticas militares a un problema que no puede ser resuelto por las mismas, y que requiere una estrategia integral dirigida a eliminar el origen de esta actividad criminal, y
4. el interés geopolítico estadounidense de promover el establecimiento de un estado policiaco en México, subordinado militarmente a los Estados Unidos, ante el evidente fracaso del neoliberalismo dependiente, con el propósito de mantener y profundizar la dependencia económica, comercial, alimentaria, energética, mediática, industrial y política del país, a los intereses estadounidenses.
El papel funcional de la economía criminal para la subordinación de México a los Estados Unidos, se dirige hacia al eventual control de las fuerzas armadas, el sistema judicial y las policías mexicanas.
La estrategia estadounidense se inicia con la acusación de los países de producción y trasiego, de ser los principales responsables de un problema cuyo origen se sitúa en los Estados Unidos; se procede a utilizar el pretexto de la debilidad de las fuerzas armadas y de seguridad para eliminar al narcotráfico, para justificar el involucramiento de las instituciones estadounidenses de seguridad y de combate al narco en el territorio nacional; lo que se relaciona con la política del país de militarizar las instituciones responsables de contener al crimen organizado; para terminar en la última fase de este proceso con la cesión total de la soberanía de México (ejército y cuerpos policiacos), a los Estados Unidos, a través de la instalación de bases y operaciones militares estadounidenses en nuestro territorio.
Superar el deterioro social y la violencia creciente del crimen organizado requiere reconocer y actuar sobre las raíces de este grave problema dentro y fuera de nuestro país. Es indispensable reconocer la naturaleza económica, política y geopolítica de la economía criminal, como condición para su eventual erradicación. Mantener la actual estrategia equivale a prolongar y aumentar la violencia y vulnerar la soberanía nacional.
I. Naturaleza económica del sistema criminal de producción/consumo de estupefacientes, sus utilidades extraordinarias y control estadounidense
Es indispensable reconocer la raíz cultural y la naturaleza económica de esta actividad criminal, como condición para su eventual erradicación.
El origen del consumo de drogas tiene como base cultural la búsqueda de estados alterados de consciencia, en el marco de condiciones subjetivas, valores y formas de vida, que van de la alienación social, al hedonismo y la evasión.
En los Estados Unidos se ha observado durante los últimos cuarenta años, una persistente demanda por parte de la sociedad, para alcanzar nuevas sensaciones, modificar estados sensoriales y de percepción, sofocar o aumentar sentimientos, mediante el consumo de diversos estupefacientes.
“…La demanda estadounidense ha permanecido estable los últimos cuarenta años, variando sólo en su composición: más mariguana en los sesenta y setenta; más cocaína (y crack) a partir de 1985 y hasta finales de siglo; más menfetaminas desde entonces y hasta hace poco, cuando su consumo empezó a desplomarse”.[3]
El origen de estas necesidades subjetivas ha sido objeto de numerosas investigaciones filosóficas, sociológicas y psicológicas. En la sociedad estadounidense y en otras partes del mundo, se observan diversas motivaciones entre los jóvenes, ejecutivos y trabajadores, de todas las clases sociales, que por motivos distintos buscan satisfacer necesidades psicológicas mediante el uso de las drogas.
Se ha señalado también la tolerancia o incluso la promoción del uso de las drogas por el ejército estadounidense, como un medio para desvincular a los individuos de las implicaciones humanas de las acciones de guerra, o bien para mitigar las penas físicas o psicológicas que genera.
El consumo creciente de estupefacientes en los Estados Unidos y otros países, es un fenómeno social relacionado con valores culturales vinculados a una cultura individualista, materialista y individualista, que propicia una cultura de violencia, enajenación y deshumanización, que algunos consideran expresiones de decadencia social.
Los estupefacientes aumentan la intensidad de las contradicciones culturales del capitalismo, como las analizó Daniel Bell hace tres décadas, tanto en la esfera de la producción, en la que se exige un trabajo en condiciones cada vez más competitivas y exigentes, como por el otro lado, también en la esfera del consumo, en la que se promueve el hedonismo individualista, la evasión y el ocio.
La actividad económica criminal por la que se satisface dicha demanda de estupefacientes debe ser considerada un sistema, porque integra un conjunto de elementos que funcionan de manera interrelacionada, lo que permite su permanencia y reproducción ampliada.
La demanda de drogas por parte de diversos sectores de la sociedad genera su oferta, lo que se constituye en el origen de un sistema económico de alcance mundial, que requiere de capitales para hacer las inversiones originarias, la canalización de estos capitales hacia la producción de drogas, la obtención de insumos requeridos por los procesos productivos en el mercado mundial donde estén disponibles, la manufactura de las diversas drogas, su transporte hacia otros países donde van a ser consumidas, el almacenamiento en grandes volúmenes a los centros de consumo, su distribución a las áreas geográficas donde se ubican los consumidores, la venta al menudeo de las mismas, la recuperación del dinero, el transporte del mismo hacia los inversionistas originarios y por último, la transformación de las enormes utilidades ilegítimas, en capitales e inversiones legítimas.
La economía criminal tiene un carácter internacional impulsado por los altos precios que los consumidores están dispuestos a pagar, especialmente en los Estados Unidos, que es el mayor consumidor del planeta.
Pretender aislar el fenómeno o buscar eliminarlo desde la esfera de su operación, sin desmontar la integralidad de su proceso de valorización económica, es una estrategia intrínsecamente insuficiente y destinada al fracaso, como se ha demostrado en el caso de México.
No obstante la importancia que se ha otorgado a la denominada “guerra contra el narcotráfico en las políticas públicas del gobierno federal, el hecho es que el ciclo económico que se inicia con una inversión y termina en la obtención de una utilidad económica extraordinaria, no se persigue desde la lógica económica de esta actividad.
La principal condición de funcionamiento del sistema de economía criminal, son las utilidades extraordinarias que genera, mismas que se convierten en riquezas extraordinarias acumuladas por los organizadores de estas actividades.[4]
Por ello es imposible terminar con esta actividad criminal, si no se logra romper y detener la reproducción del ciclo económico que la sustenta, desde la de inversión, hasta la legalización de las utilidades.
Las actividades del gobierno mexicano para terminar con el proceso de reproducción económica del narcotráfico son incomparablemente más limitadas que las acciones y operativos para capturar a los individuos responsables, o para incautar las drogas que están en tránsito hacia los centros de consumo.
El ciclo económico del sistema de economía criminal debería ser el hilo conductor de cualquier estrategia que verdaderamente tuviera el objetivo de desmantelar esta actividad.
Sin embargo esto no es así: desde 1989 en que se criminalizó el lavado de dinero hasta la fecha, solamente se han obtenido 26 sentencias contra acciones de lavado de dinero. De lo anterior se concluye que la mayor parte de las utilidades del narcotráfico en México lograr cerrar el ciclo inversión-obtención de utilidades de la economía criminal. [5]
En el contexto de la crisis multidimensional actual, que se refleja en el aumento del desempleo, y pérdida de cohesión social en las familias y comunidades, como un resultado necesario de la economía política que subordina a la Nación a poderes económicos y político externos, se abren mayores posibilidades para la organización de grupos dedicados al sistema de la economía criminal, que han ido extendiéndose hacia amplios sectores de la sociedad.
La Secretaría de la Defensa Nacional estima que cuando menos medio millón de mexicanos obtienen sus subsistencia económica, a través de su participación en la producción o comercialización de drogas ilegales.
La constante reconfiguración de los carteles o asociaciones de criminales, es una condición permanente para el funcionamiento de estas actividades económicas criminales, en las que las disputas y competencia por los mercados se resuelven por la vía del asesinato y la violencia.
En estas condiciones, los campesinos pobres y los narcomenudistas en las zonas urbanas de consumo, deben ser considerados los eslabones semi esclavizados de la cadena económica del narcotráfico. Se estima que alrededor de 50 mil indígenas de 60 comunidades intervienen en la siembra de drogas. [6],[7]
Tan solo en el caso de Guerrero, 70% de la población indígena carece de ingresos suficientes para comprar la canasta básica de alimentos, salud, vivienda, o vestido.[8]
La participación de campesinos en las cadenas económicas de producción de estupefacientes se explica de manera importante por el desmantelamiento de la política de soberanía agroalimentaria que han promovido los gobiernos y coaliciones empresariales neoliberales, que ha sido sustituida por una política de dependencia alimentaria, que ha generado la pérdida de 6 millones de empleos en el campo desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.[9]
Las principales víctimas del sistema de economía criminal, como productores, consumidores, participantes en las fuerzas de seguridad, o en las redes de la economía criminal combatidas por ellas, son los millones de jóvenes del campo y la ciudad que han visto frustradas sus posibilidades de acceso a la educación o al mercado de trabajo.
Esto se refleja en un perfil delicuencial caracterizado por personas cada vez más jóvenes y que realizan actos de mayor crueldad e insensibilidad hacia las víctimas, lo que refleja un grave problema de deshumanización, con enormes implicaciones hacia el futuro. Los jóvenes pobres son los que alimentan en su mayoría tanto a las fuerzas armadas como a las organizaciones criminales.[10]
El principal origen de este sistema criminal está en los Estados Unidos de América y se ha expandido a todo el mundo, y a México en lo particular. Cualquier estrategia debe tomar este hecho como punto de partida.
Es indudable la presencia del lavado de dinero en México en las últimas tres décadas y la cada vez mayor diversificación en ramas y sectores de todo el territorio nacional. Sin embargo no se debe perder de vista que el origen y destino principal del proceso de acumulación de la economía criminal, y la dirección de este sistema criminal, se ubica en los Estados Unidos de América, país en el que se origina y acumula la parte más significativa de esta actividad.
Uno de los argumentos para la venta de los bancos mexicanos a inversionistas extranjeros, fueron los severos cuestionamientos por su supuesta –y en algunos casos comprobada- participación en el lavado de dinero; cuestión que prácticamente ha dejado de ser objeto de crítica en la actualidad, una vez que la mayoría de los bancos que operan en México han pasado a ser propiedad de bancos transnacionales.
Es indispensable hacer un análisis del sistema nervioso del narcotráfico, que permita llegar hasta las raíces del sistema. Aunque el análisis del origen de las armas decomisadas a los narcotraficantes en México, conduce principalmente hacia los Estados Unidos, el eje principal del análisis y de la estrategia de supresión del sistema de la economía criminal del narcotráfico debe ser el sistema financiero.
El sistema financiero es el principal vehículo para la operación de la economía criminal, por lo que debe ser objeto de una legislación que permita bloquear de manera efectiva la reproducción del ciclo económico del sistema de la economía criminal; cuestión que debe tener de manera necesaria un carácter internacional.
En el caso de México, es indudable que el notable vacío en la persecución financiera del narcotráfico, no obstante las agencias que existen para ello, no ha logrado un impacto significativo en interrumpir la reproducción de la economía criminal, lo que requiere un acuerdo de carácter internacional, tanto multilateral como bilateral con los Estados Unidos.
De la misma manera, se requiere un análisis comparado de los fenómenos sociales, económicos y de procuración de justicia, del sistema de la economía criminal en los Estados Unidos, ante la evidencia de la magnitud del consumo en este país, lo que requiere identificar sus condiciones de reproducción y conducir a la identificación de las organizaciones de criminales estadounidenses y de su extensión hacia México.
La idea promovida en la opinión pública de un conjunto de organizaciones criminales extranjeras, que invaden y corrompen la santidad de la sociedad estadounidense no se corresponde en absoluto con la realidad, que es exactamente lo opuesto.
El análisis comparado del funcionamiento de la economía criminal entre Estados Unidos y México, en relación a su magnitud, la escala del consumo, producción, lavado de dinero, violencia y corrupción que genera, legislación, sistemas de procuración de justicia, funcionamiento de los sistemas de justicia, y penitenciarios, debe conducir al la exigencia de reparación de los daños que esta actividad causa en nuestro país, por los costos económicos, presupuestales, institucionales y de desgaste de nuestras instituciones.
La evidencia contrafáctica indica que la existencia de la actividad económica criminal requiere de la protección del sistema político, la legitimidad pasiva que se da al consumo de drogas en amplios sectores de la sociedad estadounidense, la motivación para el consumo que promueven los medios de comunicación estadounidenses, y la aprobación del criterio del lucro, como el valor más importante de la sociedad, lo que se traduce en la glorificación de las vidas de criminales a través de películas y series televisivas, la exaltación de sus fortunas como equiparables a las de los mayores capitalistas, y su denominación en la opinión pública como “zares” o “barones”, u otros títulos nobiliarios, que son utilizados para referirse a asesinos a gran escala, que provocan daños significativos y enorme violencia en la sociedad.
II. Poder corruptor universal sobre la sociedad y las instituciones públicas y la violencia inherente de la economía criminal.
El poder del narcotráfico no está en su armamento, logística, capacidad de fuego u organización. El poder del sistema de economía criminal está en las extraordinarias utilidades que genera, que son utilizadas para corromper, comprar y reproducirse de manera ampliada.
El poder de este sistema criminal está en su capacidad de acumulación acelerada y la magnitud de las ganancias que genera a los sujetos que lo controlan, lo que le permite corromper todo lo que se le oponga en el camino.
Las condiciones que requiere el sistema de la economía criminal para su funcionamiento, son las siguientes:
En primer lugar, este sistema criminal tiene tasas de utilidad extraordinarias de tal magnitud, que motiva su permanencia y el continuo ingreso de nuevos sujetos en busca de dichas ganancias.
La estrategia de acabar con un grupo criminal tiene como efecto inmediato la creación de otro o de varios que lo sustituyen.
En un sistema ilegal por definición, sus procesos operativos y controversias requieren vulnerar y corromper de manera necesaria al sistema de derecho de la sociedad.
La operación del sistema de la economía criminal es intrínsecamente violenta, porque ninguno de sus contratos se puede litigar por el sistema de derecho y procuración de justicia de la sociedad.
Los estupefacientes, que constituyen el objeto del negocio, son substancias ilegales en sí mismas, porque producen daños graves de diversa naturaleza a sus consumidores, bajo la forma, cantidades y frecuencia con la que son consumidos.
El acceso de los consumidores a las drogas requiere la corrupción de las autoridades que tienen responsabilidad o jurisdicción territorial para lograr hacer llegarla a los consumidores.
Es una actividad económica que necesariamente tiene un alcance transnacional e implicaciones geopolíticas, como se analizará más adelante.
Por esta razón, el sistema de la economía criminal es capaz de corromper al sistema policiaco, de procuración de justicia, judicial, carcelario, a los órdenes de gobierno municipal, estatal y federal, al ejército, medios de comunicación, partidos políticos, políticos, empresarios, organismos de la sociedad civil, miembros de las iglesias o periodistas. Su poder corruptor solamente tiene el límite de su propio poder económico extraordinario, que se amplía y reproduce de manera geométrica.
La corrupción que genera el narcotráfico se inicia por la corrupción de las ideas, al grado que un subsecretario de la Secretaría[11] de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, sostuvo que: “respecto de los narcotraficantes creo firmemente que hay muchas cosas que se puede aprender el sector del narcotráfico. Este ha sabido identificar un mercado, así como la logística para surtirlo, aprendieron a ver la plataforma de México para surtir esto”.
Si el sistema de economía criminal se propone como ejemplo de desarrollo económico y eficiencia empresarial, la Nación ha extraviado definitivamente su rumbo histórico.
De lo anterior se deduce que es imposible erradicar o detener la corrupción y violencia del sistema de economía criminal, si no se detiene su proceso de reproducción económica.
III. La guerra contra el narcotráfico del gobierno federal no tiene como principal objetivo terminar con el sistema de la economía criminal, sino obtener legitimidad política interna y externa.
Desde la esfera del consumo no es posible justificar la guerra contra el narcotráfico del gobierno federal, pues la cantidad de adictos en México representa tan solo el 0.40% de la población, cantidad que sin duda es importante pues representa un total aproximado de 450 mil ciudadanos, pero que es un porcentaje muy inferior a los adictos que existen en los Estados Unidos, los países de la Unión Europea o en América Latina. [12]
Tampoco constituye una justificación para esta supuesta guerra, el propósito de reducir la violencia del narcotráfico. Más bien al contrario, lo que se demuestra es que la violencia en México ha aumentado a niveles que no se habían observado en muchas décadas, con más de 15,000 asesinatos en los últimos tres años, vinculados de una manera u otra al sistema de la economía criminal, por lo que ahora existe una violencia mayor a la que supuestamente se pretendía combatir o reducir.[13]
La respuesta del gobierno federal ante el sistema de la economía criminal fue doble, por una parte, consistió en dar gran publicidad a un “enfrentamiento” valiente del Estado ante este flagelo, bajo el concepto de “guerra”; que al no ser una guerra contra otra nación, y al sacar al Ejército Mexicano a las calles, se debe concebir como un enfrentamiento con un enemigo interno que pone en riesgo la seguridad nacional.[14]
La otra vertiente de la “guerra” contra el narco fue la publicidad a favor de una reforma judicial, que no se apega a nuestro sistema de administración de justicia, y pretende convertirlo en un espejo del sistema estadounidense, con apoyo de fundaciones de ese país.
La propuesta va en el sentido de centralizar los mandos policiacos, formar una policía nacional; hacer juicios orales, públicos, en los que se establezca una relación diferente entre el juez y las partes.
El Ejército Mexicano se ha visto severamente afectado por la misión que le ha sido encomendada por el Presidente de la República, pues lo ha expuesto al poder corruptor del sistema de economía criminal, a la vez que lo ha llevado a un terreno estratégico ajeno a sus mandatos constitucionales, lo que ha propiciado su debilitamiento y eventualmente su desprestigio ante la sociedad mexicana y la sociedad internacional, pues su fracaso es seguro dada la política que sigue el gobierno mexicano.[15]
La definición de “guerra” para combatir la delincuencia dedicada al narcotráfico, ha servido para justificar la militarización de la vida pública en México, pero no ha detenido ni las actividades ilícitas, ni la violencia de los narcotraficantes, provocando numerosos casos de violación de derechos humanos de la población e incluso asesinatos de personas inocentes.[16]
Esta decisión es de suma gravedad para la Nación, pues las fuerzas armadas son el reducto fundamental para la defensa de la soberanía nacional, y una forma directa de vulnerarlas, es obligarlas a realizar tareas sin sustento en la Constitución, y que por la estrategia seguida, necesariamente no podrán lograr los objetivos propuestos.
Como resultado, cada año desertan aproximadamente 20 mil miembros de las fuerzas armadas, alcanzando una cifra de 150 mil deserciones en los últimos ocho años.
Este fenómeno es causa de un debilitamiento del Ejército Mexicano, institución que debería ser formadora de ciudadanos comprometidos con los más altos valores cívicos y morales, y que está convirtiéndose de hecho en proveedora de cuadros capacitados en las disciplinas militares, que ahora se dedican a la realización de actividades criminales. De esta manera, se estima que un treinta por ciento de los narcotraficantes tienen antecedentes militares.[17]
Otra cuestión muy preocupante es la militarización del sistema de procuración de justicia, porque conlleva una grave amenaza para la democracia.
Aunque en teoría el ejército es coadyuvante del Ministerio Público, de hecho el ejército conduce operativos de los que no están informadas otras autoridades, motivado por el riesgo de filtraciones que las puedan hacer fracasar, pero que pueden conducir al país a una situación insostenible, pues el ejército carece de facultades constitucionales para realizar las investigaciones que debe llevar a cabo el Ministerio Público, y ahora, con las modificaciones legales, también la policía. [18]
La militarización del sistema político, judicial y cultural, conduce de manera necesaria hacia un mayor autoritarismo gubernamental y el abandono del Estado de derecho.
Una involución democrática de esta naturaleza parece estar motivada por el interés de contener el avance de los procesos democráticos, que se convertirían en obstáculos para la reproducción de un orden social en el cual prevalecen los intereses de las corporaciones globales, nacionales y extranjeras, en la sociedad mexicana.
La militarización busca disminuir la democracia y la participación ciudadana en las decisiones fundamentales de la economía política, así como reducir la resistencia de la sociedad, reprimir la protesta y movilización social, aislar a la ciudadanía, hacer una represión selectiva de líderes sociales, obstaculizar su organización e infundir un miedo paralizante a la población, con el propósito de establecer y ocultar la vigencia de los mandamientos del consenso de Washington, a pesar de su ostentosa bancarrota a nivel mundial.
La fiereza de la violencia de las fuerzas públicas en contra de las movilizaciones populares y la estigmatización de las luchas sociales, en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, dan testimonio de las implicaciones del abordaje militarista a los problemas que genera el sistema de la economía criminal.
Como se ha visto en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso de las movilizaciones de diversas organizaciones sociales y políticas en contra del Gobierno de Oaxaca, se ha exonerado al gobierno federal y a las fuerzas armadas que intervinieron, dejando en el ámbito del gobierno estatal la principal responsabilidad.
El mismo patrón se observa en la represión que sufrió la comunidad y los líderes de Atenco en el Estado de México, ante un intento de despojo de sus terrenos sin un fundamento en criterios de justicia y verdadero interés público, durante la cual se reconoció la violación de derechos humanos, de los que sólo solo fueron señalados como responsables los actores directos de los mismos, dejando en la impunidad a los mandos superiores a nivel estatal y federal. [19]
La utilización del ejército para prevenir y/o perseguir los delitos relacionados con el narcotráfico, puede conducir al país a un estado de excepción.[20]
La capacidad de las instituciones públicas para garantizar la seguridad y prevenir los delitos, se ha visto ampliamente rebasada por las organizaciones del sistema económico criminal. Recuperar el poder de las instituciones requiere la supresión del ciclo económico de este sistema, que por definición no se puede lograr tan solo con el hecho de que el ejército realice operativos y acciones preventivas, sin que exista una estrategia integral ante este fenómeno.
La acción del ejército no se dirige hacia una amenaza externa, sino interna, en la que se corre el grave riesgo de trasladar las acciones y estrategias contra el crimen organizado, para dirigirlas en contra de la movilización y protesta social, como expresiones de resistencia ante intereses económicos de empresas globales, caciquismos políticos regionales, o acciones arbitrarias o ilegales de los poderes políticos, identificando o haciendo equiparables dichas acciones, con los delitos de secuestro, u otros, que llevan a cabo los verdaderos criminales.
A través de estas respuesta de los poderes públicos se busca convencer a la opinión pública, de que los luchadores y las movilizaciones sociales deben ser tratados como peligrosos delincuentes (Atenco, Oaxaca, entre otros), al grado que las extraordinarias penas que se les aplican y sus bases legales (como la inventada idea de “secuestro equiparado”), carecen notoriamente de un sustento jurídico adecuado.
El riesgo para los mexicanos es que aumente la impunidad que caracteriza la de procuración de justicia del país, y seguir dejando a los altos responsables en esa condición de impunidad, ante los crecientes casos de asesinatos, violaciones, torturas y violaciones a los derechos humanos, en los que se ven involucrados de manera creciente algunos miembros del Ejército Mexicano.
Esta militarización de la política está conduciendo a la realización de múltiples arbitrariedades, que alcanza incluso a servidores públicos electos y altos funcionarios del sistema de procuración e impartición de justicia, a quienes se ha detenido de manera ilegal, sin respeto a sus derechos humanos, con el propósito aparente de desprestigiar a partidos políticos adversarios en época de elecciones, sin que existan responsables institucionales de estos hechos.
Se han presentado acusaciones sin presentar pruebas de vinculación con el crimen organizado durante períodos electorales, que posteriormente se “olvidan” al pasar las elecciones, como ocurrió durante las pasadas elecciones para gobernador del Estado de Jalisco.
A pesar de los cambios constitucionales y en leyes secundarias que ya se realizaron, los resultados son más violencia, no solo por parte de los participantes en el sistema de la economía criminal, sino también por parte de las fuerzas armadas, pues al convertir a los batallones en policías, se han cometido arbitrariedades y atentados violentos por parte de militares, asesinatos en retenes del ejército, cuyos responsables son sometidos a tribunales militares.
La prensa nacional da testimonio diario de la multiplicación y cada vez mayor saña de los asesinatos y actos de violencia, que han rebasado la presencia y eficacia de la autoridad. Los ministerios públicos no se dan abasto ante el aumento de los delitos del narcotráfico, las bandas se han apoderado de pueblos y regiones enteras, el contrabando de armas de alto poder (granadas, bazucas, armas de repetición), a lo que se suma el flagelo de los secuestros.[21]
A pesar de la presencia, patrullaje y operativos del Ejército Mexicano en diversas regiones donde prevalece el dominio del sistema de economía criminal, la violencia y la impunidad prevalecen.
El sistema de procuración de justicia está en total bancarrota, pues el 99% de los delitos quedan en la impunidad; existen alrededor de 400 mil órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar, y aumentan las denuncias de tortura.[22]
En este contexto, se han aprobado reformas a la Policía Federal, que le dan atribuciones de prevención del delito y facultades de investigación, lo que puede incidir en la utilización discrecional de la policía por parte del Poder Ejecutivo Federal, ya que queda fuera del control del poder legislativo y de la ciudadanía.
Para algunos expertos en el tema, en particular son preocupantes la falta de definición de los mecanismos de control para las operaciones encubiertas, y el poder de auto control que tendrán las autoridades policiales sobre sus propios actos.[23]
Estas modificaciones en la institución policial deben tener no solo una legitimidad en el ámbito de la ley, sino también en la conducción y los resultados que se obtengan con dicha potestad. La idea de que el Estado “tiene el monopolio de la fuerza legítima” no debe ser considerado como una facultad que por sí misma representa el ejercicio de la justicia, sino que debe demostrarse en cada momento, que se cumple con el criterio de promover la justicia, ante las amenazas a la sociedad que provienen de las organizaciones criminales.
En teoría el Estado puede ejercer la fuerza sin que sea violencia, como se expresa en el Artículo 17 Constitucional, en donde se contienen los principios básicos de que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma, y de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que sean expeditos y habilitados para impartirla.[24]
Este concepto está vinculado con la idea de soberanía, como independencia respecto de otros estados, y en lo interior se manifiesta en la potestad o supremacía del Estado sobre cualquier otro grupo o institución. El Estado puede defenderse a sí mismo a través de la fuerza, contra una fuerza externa o interna, procurando la armonía de los integrantes de la sociedad.
El estado cuenta con las fuerzas armadas para asegurar la seguridad nacional y el resguardo del territorio y fronteras. El pueblo y la nación tienen el derecho de defender la soberanía.
No obstante, las estructuras administrativas del Estado mexicano para el comercio, las aduanas y muchas áreas de la política económica, se han debilitado con el TLCAN, lo que ahora está ocurriendo también en el ámbito de las instituciones policiacas.
Las modificaciones legales a la policía preventiva son significativas, ya que anteriormente o bien no portaban armas o éstas eran de bajo calibre, en tanto que ahora están siendo equipadas con armas de alto poder; y su misión no solo es reprimir y prevenir, sino también investigar.
Con ello se modifica de manera significativa el sistema de impartición de justicia, pues ahora el Ministerio público, que tiene la misión de investigar los delitos y ponerlos ante la autoridad judicial, contará ahora con una policía ministerial e investigadora.
Por ello se trata de una reforma policial que reforma el artículo 21 constitucional, que antes otorgaba la facultad investigadora al ministerio público (investigación y persecución de delitos), que se auxiliará por una policía que estará a su dirección. La reforma puso en el mismo plano al Ministerio Público y a las policías que aunque estén bajo su mando, también pueden investigar. Los peritos y agentes del ministerio público, no tienen derecho a que se les reponga en su cargo aunque ganen un juicio laboral. Estas reformas debilitan al Ministerio Público.
Según algunos juristas, ello crea una estructura jurídica que permitiría la represión en un momento dado, pues el Estado tiene una estructura que hace flexible la línea de la violencia legítima, para derivar en violencia institucional, según el dictado del Poder Ejecutivo. En resumen, las reformas policiacas combaten la violencia con otra violencia, en tanto que se descuida la prevención y la educación.
La utilización de la “guerra” contra el narco bajo el comando del Presidente de la República, parece tener más bien la intención de una auto legitimación política. Esta motivación se refiere tanto a la posición misma como titular del Poder Ejecutivo Federal, como de la incidencia en los procesos electorales.
De acuerdo a Bailey, puede ser utilizada como “...bandera electoral, dice, fortalece la imagen del presidente, pero dificulta la formación de una política de Estado en el tema de seguridad nacional. Usar con fines electorales el combate al narco es un “populismo punitivo” que pone en riesgo el respeto a los derechos humanos.”[25]
La perspectiva del tiempo refuerza la interpretación de la utilización política por parte del gobierno federal de esta guerra, que ha sido dirigida ostensiblemente contra de partidos opositores en el Estado de Michoacán, como ocurrió durante la jornada electoral de 2009, cuando se realizó una detención de alcaldes y funcionarios responsables de la procuración de justicia, por presuntos delitos vinculados con la protección al crimen organizado, con el evidente propósito de afectar la voluntad de los votantes en dichas elecciones, lo que sin embargo, no ocurrió de acuerdo a las estimaciones y cálculos gubernamentales. Lo anterior ilustra la utilización político-electoral de estas acciones, que deberían estar al margen de estas consideraciones partidistas.[26]
IV. El interés geopolítico estadounidense es promover un estado policiaco en México, ante el evidente fracaso del neoliberalismo dependiente que produce estancamiento, desempleo, aumento de la desigualdad y pérdida de competitividad económica, con el propósito de mantener y profundizar la subordinación económica, comercial, alimentaria, energética, mediática, industrial y política del país, a los intereses estadounidenses.
La “guerra” mexicana contra el sistema de la economía criminal es el mecanismo que le permite a Estados Unidos incidir en las políticas de seguridad nacional, procuración de justicia, defensa y derechos humanos, a pesar de que Estados Unidos ha abandonado en su política interior el concepto de “guerra contra las drogas” y ha impedido el involucramiento directo de su ejército en dicha “guerra”.
La esencia de la política geoestratégica de los Estados Unidos de América hacia México, la sintetizó de manera precisa Noam Chomsky. Después de las elecciones presidenciales de 1988, el Pentágono estadounidense propuso establecer un tratado de libre comercio para “contener a México en su interior”. Según Chomsky:
“Un gobierno que no quiere proteger a su población está perdido y va directo al fracaso; por eso considero a mi país como un fracaso, ahora les toca a ustedes evaluar y determinar si el gobierno de su país ha fracasado o no”.
El TLCAN y el ASPAN constituyen acuerdos para el establecimiento de un régimen político y una economía política en México, subordinada a los Estados Unidos bajo condiciones asimétricas de derechos y deberes, que tiene características equivalentes a un régimen de segregación en América del Norte (apartheid), bajo la hegemonía de los Estados Unidos de América.
El TLCAN tiene como objetivo la construcción de una dependencia sistémica y permanente de la economía política nacional hacia los Estados Unidos de América, mediante el propósito deliberado de erosionar la soberanía económica en una primera fase, para posteriormente avanzar hacia la pérdida de soberanía política, ideológica y militar de México.
Este objetivo estadounidense se codificó jurídicamente en tratados internacionales en materia económica (comercio, inversión y fiscal), que por la vía de la práctica, se hacen prevalecer sobre la Constitución mexicana.
Sobre esta base se ha avanzado en los terrenos que no incluyó el TLCAN en materia económica (energía, telecomunicaciones, banca) y en los de seguridad nacional y defensa, a través del Aspan.
Se sustituyó y subordinó el interés de la comunidad nacional y el desarrollo pleno de toda persona/individuo, que son las finalidades de todo Estado, a los derechos de las corporaciones globales, que prevalecen sobre la estructura jurídico-política constituida por deberes/derechos del Estado Nación.
La rectoría del Estado que establece la Constitución fue sustituida por la colonización del Estado por los intereses particulares transnacionales; la reducción del poder del Estado sobre los inversionistas globales y el abandono de las políticas de fomento económico y de promoción de la justicia social.
Esta subordinación es inmoral e irracional, pues se establecen derechos de las corporaciones globales, sin tener deberes correspondientes; y por la otra parte, se subordinan/colonizan las facultades que pertenecen a lo público y que se ejercen por medio de las instituciones que establece la Constitución, para convertirlas en instrumentos para la acumulación de las corporaciones globales y los poderes hegemónicos de otras naciones.
Entre los derechos asimétricos jurídicamente codificados que benefician a las corporaciones globales, se encuentran los siguientes:
derechos de inversión, que de facto son preferenciales a la inversión extranjera directa, pues las condiciones de financiamiento y apoyo de los gobierno de los países desarrollados no pueden ser equiparados por los apoyos del gobierno mexicano;
trato nacional a la inversión extranjera directa, lo que les permite el acceso a los programas de fomento que deberían estar dirigidos a empresas de capital nacional;
derechos de comercio que les permite el acceso al mercado nacional en condiciones preferentes por sus escalas de producción y posibilidad de colocar bienes por debajo de sus costos promedio de producción;
concentración de las actividades productivas que les permite a las corporaciones globales operar en mercados oligopólicos, que generan utilidades extraordinarias, que no pueden obtener en otros países;
compras de gobierno que de facto se constituyen en barreras de entrada para la inmensa mayoría de empresas de capital nacional;
derecho de no pagar impuestos en México (y posiblemente tampoco en sus países de origen), a través de los mecanismos de consolidación fiscal y los tratados para evitar la doble tributación;
la remisión de utilidades sin control;
así como el derecho de participar en actividades estratégicas que están reservadas por la Constitución al Estado mexicano.
La alianza de los grandes empresarios mexicanos con el proyecto estadounidense se plasmó en el TLCAN y ello constituye el factor explicativo más importante del curso que ha seguido el capitalismo mexicano en el último cuarto de siglo.
Esta alianza determina el comportamiento de los partidos políticos más importantes, explica la selección de candidatos al poder ejecutivo y legislativo y el contenido de las políticas públicas.
El resultado de este pacto transnacional se ha convertido en el determinante del pacto social mexicano, en el cual se plasman los derechos y deberes de los mexicanos, en relación al proceso de creación de la riqueza, la propiedad, y la aportación para los bienes públicos, a través de las contribuciones fiscales.
Los resultados de este pacto transnacional han logrado su objetivo fundamental, que es disminuir el poder nacional. Ello se manifiesta en lo siguiente:
Abandono de la rectoría económica del Estado sobre las corporaciones globales y para el fomento de sectores y actividades estratégicas.
Reducción deliberada de la escala económica y de las capacidades normativas del Estado mexicano, que se expresa en la reducción del gasto público, del 44% del PIB en 1982 al 24% en 2009, lo que constituye un debilitamiento sistemático del sector público, que no existe en ningún país desarrollado o latinoamericano. Como un referente significativo, se debe comparar en el promedio del gasto público de los países de la OECD, que es del 42% del PIB.
Socialización de las pérdidas de los rescates financieros y económicos hacia los causantes mexicanos y privatización de los beneficios a favor de corporaciones privadas, principalmente extranjeras.
Uso de la renta petrolera durante la década de los años 80 para dar servicio a la deuda externa; y para compensar desde entonces el déficit de recaudación de las grandes corporaciones e individuos con mayor riqueza en el país, que en promedio ha sido del orden del 10% del PIB durante los últimos 30 años.
Sistema fiscal que privilegia a las corporaciones globales, principalmente extranjeras, que no pagan los mismos impuestos que pagan en otras partes del mundo, y que hace descansar el 75% de la recaudación de los ingresos tributarios (IVA, ISR) en las personas físicas.
Privilegio de las políticas públicas a importadores e inversionistas extranjeros, a través de la firma de una amplia red de tratados, precedidos por la apertura comercial anticipada y acelerada ante otras naciones, que ha desindustrializado al país y lo ha conducido a la dependencia alimentaria (importamos el 25% del maíz, 60% de la carne de cerdo, 80% del arroz, 50% del trigo, somos el primer importador mundial de leche) y energética (70% de la exploración y extracción de crudo la realizan empresas transnacionales; se importa el 40% de la gasolina, y el 50% de la electricidad se genera por empresas transnacionales), lo que constituye una violación directa de la Constitución.
La dependencia alimentaria es causa directa del aumento en los últimos tres años, de más de cinco millones de personas que no pueden hacer tres comidas al día, elevando el número de personas en condición de pobreza alimentaria a veinte millones; pues al importar alimentos a precios superiores, necesariamente se elevan los precios domésticos, que no son compensados con aumentos salariales, por la economía política neoliberal y el estado permanente de semi-estancamiento económico.
Se ha convertido a México de manera deliberada en una potencia importadora y no en una potencia exportadora: el déficit fiscal acumulado de 1998 a la fecha es superior a los 80 mil millones de dólares; sin embargo si no se excluyen la maquila y las exportaciones de crudo, que son factores exógenos al “modelo” neoliberal, éste déficit hubiera sido del orden de 500,000 millones de dólares, lo que es a todas luces insostenible a corto plazo.
Utilización irracional e inmoral de la renta petrolera para sostener un precario equilibrio macroeconómico, que se verá necesariamente comprometido hacia el futuro, pues no es razonable suponer que el petróleo pueda constituir de manera indefinida el principal soporte fiscal, del comercio exterior y de la balanza de pagos.
El estancamiento estabilizador es necesario para mantener el equilibrio macroeconómico. México no puede tener altas tasas de crecimiento porque ha destruido importantes cadenas productivas, por lo que se requiere aumentar de manera las importaciones de maquinaria, bienes intermedios y servicios, para poder aumentar la producción, lo que necesariamente produce un desequilibrio comercial y de la balanza de pagos. Para evitarlo se requiere sofocar el crecimiento de manera permanente.
Aumento de la pobreza, la desigualdad, pérdida del 85% del poder adquisitivo del salario, millones de jóvenes sin acceso a la educación y al mercado de trabajo, y desempleo creciente incluso entre las personas con mayores niveles de escolaridad.
Pérdida de población a causa de la migración, que es la mayor pérdida de población en el mundo.
m. Muerte de más de 3000 personas desde que se firmó el TLCAN, al intentar cruzar la frontera norte en búsqueda de oportunidades de trabajo y mejores salarios, sin que el Estado mexicano, ni la sociedad, seamos capaces de proteger sus derechos humanos y la dignidad de estos mexicanos.
En una perspectiva histórica, desde la implantación de las políticas de subordinación nacional a la economía global y a la de los Estados Unidos en lo particular, cuyo punto de inflexión fue el año 1982, se observan con claridad los resultados de dos economías políticas claramente diferenciadas: por una parte, la política de desarrollo nacional establecida sobre la base de la Constitución, que a partir de la crisis de 1932 le permitió al país alcanzar un crecimiento promedio del PIB del 6.5% anual, durante medio siglo, hasta 1982, con un crecimiento del PIB per cápita del 3% y una tasa de crecimiento demográfico superior al 3%; y por otra parte, el ciclo neoliberal de dependencia, desde 1982 hasta la fecha, en que el crecimiento promedio ha sido del 2.3% del PIB, con un crecimiento del PIB per cápita de 0.6% anual.
43. Es tan grave la postración y debilidad estructural de la economía política mexicana subordinada a la acumulación global, que los mismos Servicios Económicos del Grupo BBVA, estiman que México crecerá en promedio 2% anual durante los próximos veinte años.[28]
Por consiguiente, no se trata de un estado “fallido” en México, como lo propuso el Pentágono estadounidense, sino un estado dependiente, con limitada soberanía económica y con una economía política controlada en grados diversos por intereses externos, aliados con reducidos grupos nacionales
Lejos de ser un estado fallido para quienes promovieron y se benefician de dichas políticas, constituye un enorme éxito para un grupo muy reducido de personas y corporaciones, como se puede constatar en las utilidades extraordinarias que obtiene la banca extranjera en México, así como también la que obtienen la mayoría de las corporaciones globales; y la emergencia de un puñado de capitalistas con inmensas fortunas; resultado de la concentración del ingreso y la riqueza nacional, que ha dejado a más de cincuenta millones de personas en condiciones de pobreza, veinte millones de los cuales no tienen ingresos suficiente para comprar los alimentos básicos y han dejado de hacer tres comidas al día, lo que hace de México una de las naciones más desiguales del mundo.
En consecuencia, la violencia es lo que caracteriza a la sociedad mexicana. La violencia no se refiere solamente a hechos de carácter criminal, sino que incluye también a la violencia institucional. que se manifiesta en salarios excesivamente reducidos en relación con las necesidades de la mayoría de la población; la ausencia de condiciones de seguridad social para la mayoría de la sociedad mexicana; violencia psíquica y real sobre millones de jóvenes que no tienen acceso a la educación o al trabajo; violencia familiar y comunitaria al erosionarse los vínculos familiares; violencia simbólica al generar la frustración de millones de personas que son espectadores del escaparate del consumo posible, al que se incita de manera obsesiva en los medios de comunicación, al tiempo de que se carece de las posibilidades de tener acceso a los niveles de ingreso para hacer posible esas formas de vida publicitadas; violencia electoral, al vulnerarse la voluntad ciudadana en las elecciones, para abrir paso a servidores públicos que gestionen los intereses económicos de las corporaciones globales en las instituciones públicas.
La coalición de poder transnacional se ha impuesto sobre los derechos humanos y la dignidad del pueblo de México, lo que constituye la raíz histórica concreta de la violencia.
El resultado de todo ello es la pérdida de poder nacional y de la soberanía del Estado nación mexicano, lo que abre la posibilidad de una mayor influencia de los Estados Unidos en el régimen político y las instituciones de defensa y seguridad del país.
La primera fase del proyecto de debilitamiento del Estado Nación mexicano se dirige a la pérdida de la soberanía económica, lo que establece condiciones para la pérdida de soberanía del poder militar.
En el marco de este proyecto se ha utilizado al narcotráfico como instrumento para facilitar la intervención y eventual control de las instituciones de seguridad nacional del Estado mexicano, por las instituciones estadounidenses (ejército, policías, sistema judicial, inteligencia para la seguridad nacional).
La agenda del combate al terrorismo que ha impuesto Estados Unidos al mundo, se convierte también en justificación de la injerencia extranjera, que tiene el propósito de ampliar la jurisdicción del ejército estadounidense en las actividades de seguridad de México.
La estrategia para imponer la hegemonía estadounidense requiere la subordinación y control de las policías, ejércitos, sistemas judiciales y partidos políticos de otras naciones, a los intereses y voluntad de los Estados Unidos.
El uso de la “guerra” contra el narco por parte de otros países, es el instrumento para la incorporación de los aparatos militares y de seguridad extranjeros, en función de una amenaza cuyo origen se sitúa precisamente en los Estados Unidos, quienes se asumen unilateralmente en nación “certificadora” de la conducta de dichos estados extranjeros.
Esta estrategia le permite a Estados Unidos tener a 1400 agentes en el territorio mexicano, para actuar en contra de la economía criminal, pero que de manera necesaria son parte integrante de la red de inteligencia estadounidense sobre la situación social, política y económica del país.[29]
La narco-militarización de otras sociedades, como es el caso destacado de México y Colombia, es una estrategia para lograr este objetivo, porque:
justifica una supuesta necesidad de asistencia externa;
mantiene a los partidos políticos y gobiernos en un constante jaque/amenaza, por supuestos o reales involucramientos en la narcoeconomía;
coacciona a otros estados a relacionarse con los Estados Unidos, sobre la base de esta agenda impuesta desde el exterior;
crea un “enemigo común”, que obliga a otros estados a cooperar con las políticas estadounidenses de seguridad y militarización, so pena de hacer parecer a los estados que se resistan, como cómplices del crimen organizado;
obliga a otros estados a concentrar esfuerzos extraordinarios para reducir las actividades delictivas, en detrimento/anulación de sus responsabilidades de promoción económica y de la justicia social;
obliga a otros estados a gastar recursos significativos en ello, en detrimento de las prioridades del desarrollo;
permite la ampliación de las fuerzas de seguridad en contra de las expresiones políticas de inconformidad con el régimen político-social;
recibe una amplia aceptación de la sociedad, ante el grave deterioro de las condiciones de seguridad, que hacen justificable de manera paulatina y creciente, la injerencia de las fuerzas de seguridad extranjeras.
De manera contrastante con la política seguida por el gobierno mexicanos, los Estados Unidos han eliminado el concepto de “guerra contra las drogas”, porque es contraproducente.
El concepto que fue utilizado durante los últimos veinticinco años para enfrentar el problema de las drogas, como un problema de seguridad pública que debería ser confrontado como si fuera una “guerra”, fue declarado nulo en los propios Estados Unidos.
Gil Kerilikowske, director de la Oficina Nacional de Políticas de Control de Droga de la Casa Blanca declaró al Wall Street Journal: “No importa cómo intente uno explicarle a la gente si es ‘una guerra contra la droga’ o ‘una guerra contra un producto’, la gente lo ve como una guerra contra ellos. No estamos en guerra contra la gente de este país”. [30]
El balance que se ha hecho en los Estados Unidos, concluye que se gastan 150 mil millones de dólares anualmente en policía y tribunales; que se tiene al mayor número de personas en la cárcel en el mundo, como proporción de su población total; y que a pesar de todo ello, no se ha detenido ni la oferta, ni la demanda de estupefacientes.
El 47% de arrestos en ese país están relacionados con la mariguana y 30% de los reos en las cárceles tienen condenas por delitos no violentos. Estados Unidos gasta anualmente 68,000 millones de dólares en mantener su sistema carcelario.
Ante este fracaso, el nuevo enfoque estadounidense busca reducir el consumo, dando prioridad al tratamiento y reduciendo la encarcelación.[31]
Contrario a lo que hace Estados Unidos, el gobierno mexicano ha tomado la decisión de profundizar su “guerra” contra el narcotráfico.[32] El editorial del diario El Universal expone con claridad la manera como México sigue los pasos de Colombia en esta “guerra”:
“La política del Estado colombiano y del gobierno estadounidense ha sido la erradicación de cultivos mediante fumigación a gran escala, la destrucción de infraestructura del narco (laboratorios y pistas) y la persecución a los traficantes. ¿Qué pasó? 30 años después Colombia sigue siendo el mayor productor de droga en el mundo, sólo ensombrecido últimamente a nivel de trasiego por México […] El Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012 del Ejército mexicano tiene como meta disminuir el área de siembra de enervantes en 70%. ¿Cómo? Con “un total de 168 operaciones de alto impacto”. Vamos por el mismo camino”. [33]
Esta posición del gobierno mexicano es precisamente la que exige Estados Unidos a otras naciones, de manera diferente a lo que hace en su política interna, porque es la que conviene a sus intereses geopolíticos.
El mismo Gil Kerilikowske que reconoce el fracaso de la “guerra” contra las drogas, es el mismo que se erige en certificador de México. La política interna de Estados Unidos es contraria a su política exterior, en la que busca hacer responsables a otros estados de los problemas generados por la economía criminal que se originan en los Estados Unidos, para justificar su intervención en el manejo de las políticas de defensa y seguridad de otros países. [34]
La “certificación” de México se ha extendido ahora a la certificación del Ejército Mexicano, y ya no se hace al amparo de una ley general, sino de los recursos que se entregan a México para cooperar en la lucha contra el narcotráfico.[35]
La posición de Carlos Pascual, embajador de Estados Unidos en México, es considerar que el narcotráfico afecta y amenaza al hemisferio completo. Por eso afirmó que en los Estados Unidos "tenemos control de confianza de todas nuestras fuerzas, de aduanas y de las policías, y tenemos sistemas para mantener ese control durante el periodo de empleo".
Es evidentemente falso que Estados Unidos tenga bajo control a la economía criminal. Lo cierto es el fracaso, que reconoce el mismo responsable de la oficina presidencial estadounidense que coordina las acciones con contra de la economía criminal.
Por otra parte, Pascual concede más importancia al problema de control del tráfico de armas que vienen de América central y no al que proviene de los Estados Unidos, lo que no corresponde con la magnitud real del problema.
En realidad no se actúa sobre los procesos económicos que reproducen la economía criminal de manera ampliada. En lugar de desmantelar el consumo y controlar el tráfico de armas, el embajador propone “la necesidad de mantener el frente contra los narcotraficantes para tener éxito de manera hemisférica y no nada más en un país u otro. Informó que como parte de la Iniciativa Mérida, llegarán a México a finales de este año o principios de 2010 más helicópteros y aviones. Dijo que no hay aún fecha precisa para un nuevo plan migratorio.” [36]
La postura del Embajador Pascual es contraria al reconocimiento que ha hecho el propio Departamento de Justicia estadounidense, de su responsabilidad en la reproducción de la economía criminal, en un doble sentido: en primer lugar, al reconocer que la violencia en México se alimenta con los recursos y armas que provienen de los Estados Unidos; y que de ellos dependen los criminales para el control del contrabando de drogas a lo largo de la frontera. [37]
Sin embargo, en lo que se refiere en su política hacia México, el ejército estadounidense tiene prevista la invasión de México ante un eventual colapso causado por el narcotráfico, que es un problema originado desde los propios Estados Unidos[38], ya que se ha considerado la inestabilidad y violencia en México como un asunto de seguridad interna de los Estados Unidos.[39]
La estrategia geopolítica estadounidense en un plano histórico de largo plazo, se dirige hacia lograr el control y subordinación del ejército mexicano.
El debilitamiento del poder nacional en la economía es la condición sobre la que se despliega el sistema de la economía criminal, que por una parte ofrece oportunidades de ingreso a decenas de miles de personas que tienen opciones en la economía formal.
En segundo lugar, este sistema económico incorpora grupos y organizaciones criminales que se van apoderando de espacios geográficos y económicos a nivel municipal, que se van ampliando en escala y profundidad.
Estas organizaciones van corrompiendo e incorporando a las fuerzas policiales y servidores públicos en un orden ascendente del poder formal.
La intervención del Ejército para enfrentar ese sistema de economía criminal se sitúa estratégicamente fuera del proceso de su reproducción, que ocurre a través de circuitos financieros y económicos, por lo que no podrá tener éxito en la encomienda que se le ha dado.
El debilitamiento del ejército mexicano es resultado de una triple dificultad, por una parte, la exposición al proceso intrínsecamente corruptor del sistema de economía criminal; el fracaso necesario al no poder detener ni la economía criminal, ni la violencia que le es inherente; y por último, la deserción de cuadros calificados que se suman al sistema de economía criminal.
Este es el estado de cosas en el que estamos actualmente en México, que necesariamente se hará avanzar hacia el abierto desprestigio del ejército mexicano, tanto a través de las justas acusaciones por violaciones de los derechos humanos, como por su falta de efectividad para detener la expansión del crimen organizado.
Una vez afirmada esta fase, probablemente se inicie la propuesta de la sustitución de las fuerzas armadas mexicanas por tropas extranjeras, como ya fue solicitado por empresarios en el Estado de Chihuahua.
La prolongación de esta situación permitiría que en el próximo futuro, se solicite abiertamente la incorporación de México a mecanismo de acuerdo militar internacionales como la OTAN, y la presencia de tropas extranjeras en México, como ya está siendo propuesto por el Instituto Mexicano de Competitividad.
El objetivo de la política estadounidense se lograría cuando en México se instalaran bases militares como en el caso de Colombia.
La presencia de estas fuerzas militares se convertiría en dominio directo estadounidense sobre la soberanía nacional, para garantizar las inversiones e intereses estadounidenses en México.
Evidentemente el propósito no es acabar con el sistema de la economía criminal, como no ha ocurrido en el caso de Colombia, sino la de constituirse en un mecanismo preventivo y reactivo, ante las demandas de cambios democráticos y de modificación de un modelo de subordinación económica que es intrísecamente incapaz de crear condiciones para un verdadero desarrollo humano de todos los mexicanos, bajo condiciones de libertad, independencia, soberanía y respeto de todas las garantías y derechos humanos.
Este dominio militar incluye el sellamiento de la frontera norte, para lo cual se ha venido construyendo un muro de más de tres mil kilómetros, para lograr lo que Chomsky acertadamente definía como una estrategia para “contener a México en su interior”, pero bajo una subordinación y control exterior.
Las declaraciones del Embajador Pascual el 12 de noviembre de 2009, en ocasión de la conmemoración del Día de los Veteranos estadounidenses, al justificar el uso del ejército mexicano en la lucha contra el narcotráfico, pueden ser interpretadas como una injerencia en asuntos internos del país, que se hace desde la cobertura de lo que él califica como una “amenaza hemisférica”.
En este discurso, un embajador de una nación extranjera, le da al ejército, al gobierno y a la sociedad mexicana, orientaciones sobre lo que supuestamente debería ser su misión, como se desprende de los conceptos expresados:
i. el Ejército Mexicano “ha tenido que tomar ese papel por la necesidad de mantener el control en las calles y combatir a esa amenaza hemisférica”.
ii. “Además reiteró que el esfuerzo del gobierno y las fuerzas mexicanas debe ser apoyado por toda la sociedad, así como por las policías municipales, estatales, federales, y el Ministerio Público”.
iii. “Internacionalmente estamos preparados para ayudar de tal manera que todos podamos crear capacidades para controlar ésta que es una amenaza hemisférica, que es el crimen”.[40]
Este discurso se sitúa en la perspectiva de hacer responsables a otras naciones de un problema generado desde los Estados Unidos y que es utilizado para lograr los objetivos geopolíticos estadounidenses, pues es claro que el Embajador Pascual está proponiendo que el principal responsable de conducir la política en contra del sistema de la economía criminal, es el ejército, al que ubica como un actor para la contención de la “amenaza hemisférica” del crimen.
Además del claro propósito de buscar la simpatía de las fuerzas militares mexicanas, el mensaje de fondo es afirmar que las alianzas militares deben constituir un vínculo estructural y de largo plazo con las fuerzas militares estadounidenses, lo que daría permanencia y condiciones estructurales a los acuerdos en el ámbito de la economía.
En un escenario a futuro, esta vinculación ciertamente se pondría por encima de los procesos democráticos nacionales, como es el caso de lo que se observa en Colombia o en el caso de Honduras.
Es claro que el primer y más importante fracaso se sitúa en los Estados Unidos, como lo reconoce la propia Drug Enforcement Agency, que concluye señalando la permanencia del consumo en los Estados Unidos, como el mayor indicador de este fracaso, demanda que constituye el origen del sistema de la economía criminal. El discurso del Embajador Pascual ubica el origen de la “amenaza hemisférica” desde el sur, hacia el norte, cuando la propia DEA reconoce que la dirección es del norte hacia el sur. [41]
Esta postura del Embajador Pascual se aparta de lo que la propia Secretaria de Estado Hillary Clinton expresó en un viaje reciente a México, cuando reconoció que el origen del problema de la economía criminal se sitúa en el consumo de algunos estadounidenses, y que por lo tanto Estados Unidos tiene la responsabilidad en el mismo, lo que nulifica el concepto utilizado por el embajador de “amenaza hemisférica”.[42]
V. ¿Qué hacer ante esta situación?
Este análisis conduce a la conclusión de que la actual estrategia del gobierno mexicano conduce al fracaso, como es ya evidente después de estos tres años de aplicación. El camino para modificarla pasa por el reconocimiento de las causas sistémicas y los intereses geopolíticos.
México debe modificar de inmediato la estrategia seguida, que ha provocado la intensificación de la violencia, no ha terminado con la economía criminal ni su secuela de corrupción, y corresponde principalmente al interés geopolítico estadounidense. El curso de acción que se propone es el siguiente:
Regresar al ejército a los cuarteles y reforzar su apoyo al Ministerio Público Federal en los operativos que sean necesarios para sus labores de investigación.
Revertir las modificaciones jurídicas, institucionales y políticas que van en la dirección del establecimiento de un Estado policiaco, restableciendo el control del Poder Legislativo y Judicial sobre la policía y las instituciones de procuración de justicia.
Suspender la “ayuda” que se está otorgando al Ejército Mexicano por parte del gobierno de los Estados Unidos, para “reducir territorios ingobernados”; y la cooperación militar, pues el Ejército Mexicano no requiere de ninguna ayuda extranjera para realizar las misiones substantivas que la Constitución le encomienda. La aceptación de tales ayudas tiene como correlato necesario la presentación de informes a un congreso extranjero, sobre las acciones que deben corresponder de manera exclusiva al Estado mexicano y a sus poderes públicos.[43]
Legalizar la producción y el consumo medicinal de la marihuana y dar tratamiento de enfermos a las personas adictas.
Muchas personalidades consideran el paradigma actual como un fracaso[44] y proponen que se debe legalizar las drogas.[45]
Este enfoque es consistente con la propuesta de legalizar las drogas que se ha presentado en las Naciones Unidas.[46]
Al legalizar esta producción y consumo de la marihuana, México debe exigir una compensación de daños a los Estados Unidos por los daños causados por el consumo de drogas en los Estados Unidos, así como promover una acción en los espacios internacionales multilaterales. [47]
Exigir la transparencia del sistema financiero y su cooperación por mandato legal, para poder confiscar los bienes del sistema de la economía criminal, pues sus transacciones terminan inevitablemente en él.
Promover una amplia toma de consciencia nacional sobre la naturaleza del sistema de la economía criminal, y de la necesidad de modificar la estrategia seguida.
Exhibir en la opinión pública a las empresas que colaboran con el sistema de la economía criminal, para que sean repudiados por la ciudadanía.
En lo que se refiere al consumo, se debe trabajar intensamente en la prevención, especialmente entre los jóvenes. Es muy importante la formación ética sobre las raíces culturales de la violencia, en donde se debe terminar con la cultura de la violencia sobre las mujeres.
En la cultura política se debe exigir plena responsabilidad sobre la utilización de la fuerza pública: ningún acto de fuerza se justifica por el hecho de ser realizado al amparo de las atribuciones que otorgan las leyes a las instituciones. El estado no tiene a priori el monopolio de la “violencia legítima”, sino que ésta se debe justificar en cada caso bajo el criterio de justicia. Se debe promover la cultura de la vida y no la de la muerte.
Promover convenios amplios en todo el país para la cooperación de las instituciones educativas en las labores de prevención, formación y coordinación para acotar los márgenes de acción del sistema de economía criminal en cada comunidad.
Se debe terminar tajantemente con la apología del crimen, la cultura de la violencia y la promoción de los valores que alimentan el sistema de la economía criminal, que se hace de manera directa o indirecta a través del cine, la radio y la televisión, especialmente en la programación producida en los Estados Unidos, estableciendo consejos ciudadanos de vigilancia de los contenidos, cuyas recomendaciones tengan carácter vinculatorio para las autoridades de la Secretaría de Gobernación, para sancionar severamente e incluso cancelar las concesiones para el uso del espectro radioeléctrico, de quienes transmiten y reproducen la cultura de la violencia, el lucro y la impunidad.
m. Involucrar a la sociedad civil en la responsabilidad preventiva del consumo de drogas, a través de las instituciones escolares, los gobiernos municipales, las organizaciones de la sociedad civil.
Modificar las leyes aprobadas para la extinción de dominio, para que todos los bienes confiscados sean entregados a las organizaciones de la sociedad civil y a proyectos de grupos de jóvenes, en lugar de ser convertidos en bienes públicos, con el objeto de detonar oportunidades para crear ingresos en la sociedad, al mismo tiempo que con ello se motivaría más ampliamente la participación de la sociedad civil y reduciría el consenso social que apoya al sistema de la economía criminal.
Establecer una amplia agenda de investigación en las universidades mexicanas sobre el sistema de la economía criminal, que incluya la investigación social sobre este fenómeno; la evaluación y propuesta de mejoramiento de las instituciones de procuración e impartición de justicia; desarrollo de tecnologías de información, programas de cómputo propios y de encriptación de sistemas de comunicaciones, lo que constituye un núcleo fundamental de cualquier estrategia; un trabajo coordinado con las instancias correspondientes de las Naciones Unidas, para recuperar todos los trabajos de investigación que ya han sido realizados.
[1] Texto que forma parte de la obra colectiva que coordina Pedro Peñaloza: “Narcotráfico, crisis social, derechos humanos y gobernabilidad; una agenda para el futuro”, que será publicada próximamente.
[2] Académico de la Dirección de Investigación de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Vicepresidente Ejecutivo del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, A.C.
[3] Rubén Aguilar. La guerra contra el narco. El financiero. Septiembre 2009, que se refiere al libro escrito conjuntamente con Jorge Castañeda, El Narco: la guerra fallida. Ed. Santillana, 2009.
[4] “El Chapo” aparece... en lista de millonarios”. El hombre más buscado de México, el capo de la droga Joaquín El Chapo Guzmán, ingresó a la lista de la revista Forbes de los más ricos del mundo con una fortuna calculada en mil millones de dólares. El Universal. 12 de marzo de 2009… Forbes colocó a Guzmán en el lugar 701 en su lista junto a decenas de personas en el mundo con fortunas de mil millones de dólares, entre ellas, Emilio Azcárraga, dueño de Televisa, y el empresario Alfredo Harp Helú. Más de 7 mil personas han sido asesinadas en México por la violencia ligada a las drogas desde inicios de 2008…”
[5] En la PGR existen 496 averiguaciones previas por lavado de dinero, desde 2004 se han obtenido 47 sentencias. El FMI señala que entre 2006 y 2008 remitió 126 denuncias que podrían tipificarse como lavado de dinero, por un monto mayor a 31 mil millones de pesos: “los delitos de lavado de dinero no han sido adecuadamente investigados, las autoridades solamente han obtenido 25 sentencias por lavado de dinero desde 1989, cuando se criminalizó la actividad del lavado de dinero”. El financiero, mayo 21, 2009. p. 25
[6] Editorial, El Universal, México, mayo 25, 2009.
[7] Las mujeres y hombres indígenas que producen la goma de opio en la Montaña Alta de Guerrero, reciben de 15 a 18 pesos por gramo de goma, en tanto que medio gramo de heroína cuesta entre 350 y 700 pesos en el Distrito Federal. “Los indígenas son los nuevos esclavos del narcotráfico”, según el antropólogo Abel Barrera. Hay 598 indígenas condenados por delitos contra la salud. Thelma Gómez Durán, El Universal, Mayo 25, 2009.
[8] Thelma Gómez Durán, El Universal, Mayo 25, 2009.
[9] El narcotráfico y la sociedad rural. Luis Hernández Navarro. La Jornada Octubre 6, 2009. “La relación del narcotráfico y la sociedad rural es estrecha y se ha intensificado aún más a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) que devastó la producción agropecuaria nacional… se siembra mariguana y amapola en Chihuahua, Durango, Sonora, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Morelos. Pero en los pasados 15 años esta actividad se ha intensificado…Los campesinos y jornaleros que siembran y cosechan los plantíos son gente del campo. Una parte nada despreciable de camellos, gatilleros y operadores del narco son jóvenes, hijos de labriegos. Montos considerables de dinero proveniente de la droga son lavados en actividades rurales. Algunos de los grandes capos que controlan el negocio declaran dedicarse a la ganadería y poseen modernos ranchos. Inclusive varios de ellos reciben subsidios gubernamentales de programas como Procampo. A esas expresiones de poder económico en el mundo rural les corresponden redes de poder político en todos lo niveles. Es imposible mantener en producción grandes sembradíos de estupefacientes sin la complicidad de policías y destacamentos militares. Con frecuencia los capos donan recursos importantes a pequeños poblados para construir capillas, perforar pozos de agua y hacer canchas de basquetbol…Junto con el cultivo de drogas florece la descomposición comunitaria, prolifera el tráfico de armas y se incrementa el alcoholismo. ..Con frecuencia son menores de edad quienes se encargan de cuidar y regar los cultivos.”
[10] Más jóvenes y crueles, el nuevo perfil delincuencial. La nueva generación de criminales es producto de la tensión social y la impunidad, pero también es el resultado del incremento en el consumo de dogas y alcohol y la frustración por falta de oportunidades en los ámbitos escolar y laboral. Liliana Alcántara. El Universal. Domingo 27 de septiembre de 2009. “La delincuencia en nuestro país tiene nuevo rostro: cada vez hay más jóvenes y cada vez son más crueles. Criminólogos, sicólogos y expertos en seguridad pública consideran que la nueva generación de criminales es producto de la tensión social y la impunidad, pero también es el resultado del incremento en el consumo de dogas y alcohol y la frustración por falta de oportunidades en los ámbitos escolar y laboral. Los delincuentes hoy son personas que ya no sienten empatía por sus víctimas, lo que quiere decir que no perciben sus emociones ni tienen sentimientos de culpa. Cada vez es mayor la incidencia de actos delictivos que se cometen con ira y crueldad y sin el menor remordimiento.”
[11] Jeffrey Max Jones, fuera de la Sagarpa. Dependencia asegura que renunció. Julián Sánchez, El Universal
Viernes 30 de octubre de 2009.
[12] Rubén Aguilar. La guerra contra el narco. Ibid.
[13] Rubén Aguilar. La guerra contra el narco. Ibid.
[14] guerra. Diccionario de la lengua española, Real Academia Española, Vigésima segunda edición, 2009.(Del germ. *werra, pelea, discordia; cf. a. al. ant. wërra, neerl. medio warre). 1. f. Desavenencia y rompimiento de la paz entre dos o más potencias. 2. f. Lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación. 3. f. pugna (‖ entre personas). 4. f. Lucha o combate, aunque sea en sentido moral. ~ civil. 1. f. La que tienen entre sí los habitantes de un mismo pueblo o nación.
[15] ¿Saben a dónde están llevando a las fuerzas armadas? Jorge Carrillo Olea. La Jornada Junio 21, 2009. Las señales son ominosas: el país está militarizado, quien lo dude que se asome a la ventana; todas las corporaciones policiacas están en manos de militares; hace unas semanas nos enteramos de algo absolutamente inconcebible: una decena de jóvenes oficiales habían sido puestos a disposición del Ministerio Público Federal por ser supuestos coadyuvantes de bandas de narcotraficantes. Todos ellos son jóvenes oficiales hijos del Colegio Militar: ese nivel ha alcanzado la contaminación… Se están destruyendo los invaluables principios militares. ...ahora se ha anunciado el reclutamiento voluntario de conscriptos de la presente clase 1990 para que con ese carácter se sumen a las filas del Ejército por un trimestre a cambio de 20 mil pesos y la liberación de su cartilla. ¡¡Inaudito!!, ¿significa esto que las tropas regulares ya se agotaron? ¿Es un primer paso para regresar al Servicio Militar Obligatorio? Nunca hay transparencia…Por eso la moral está en el suelo, por eso no hay convicción sobre la validez de sus misiones, por eso las deserciones y las traiciones.”
[16] “Ejército en las calles no frenó al crimen: AI”. Asegura que pese al despliegue aumentó la violencia de bandas. Liliana Alcántara. El Universal. Jueves 28 de mayo de 2009. “Amnistía Internacional (AI) criticó las deficiencias en la política de seguridad pública del gobierno mexicano, pues señaló que pese a que en 2008 desplegó 45 mil miembros del Ejército para combatir al crimen organizado en varias entidades, la violencia atribuida a estas redes delictivas aumentó y también se incrementaron los casos graves de “homicidios ilegítimos”, torturas, malos tratos, detenciones arbitrarias y registros ilegales de las viviendas cometidos por militares.
[17] “Ex militar, 1 de cada 3 narcos. Al menos uno de cada tres narcotraficantes tiene antecedentes militares”, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional proporcionadas a la dirigencia del PRD y a senadores de ese partido. Jorge Ramos y Ricardo Gómez. El Universal. Viernes 12 de diciembre de 2008. El secretario general Guillermo Galván señaló además que cada año se dan cerca de 20 mil deserciones de las Fuerzas Armadas. “Bastante escandaloso y paradigmático había sido, en la década pasada, el caso de Los Zetas, por mucho tiempo brazo armado del cártel del Golfo, integrado por militares de élite, entrenados bajo los más estrictos estándares de calidad en torno al Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), quienes pusieron sus habilidades al servicio de sus enemigos originales. En su día fue bochornoso el sonado caso del general Jesús Gutiérrez Rebollo, a quien se le capturó trabajando para la organización de Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos. Más reciente es el caso de Noé Ramírez Mandujano, quien hasta hace poco fuera, también, el “zar” antidrogas. La recurrencia del problema nos habla de que no se ha trabajado para conjurarlo. No se trata de meros accidentes, sino de un problema claramente estructural. La gráfica histórica de las deserciones militares se mantiene al alza, de tal suerte que sólo este año han desertado del Ejército mexicano 18 mil 128 elementos, que sumados al resto de los efectivos que han abandonado la institución alcanzan ya la cifra de 150 mil en los últimos ocho años. El gran poder corruptor del dinero mal habido se combina con los bajos sueldos de la oficialidad en una mezcla mortal, que debe ser combatida de raíz. El mantenimiento de un razonable nivel de vida de los integrantes del Ejército es un primer paso para reducir el problema.” Editorial EL UNIVERSAL. Del erario a los cárteles 12 de diciembre de 2008.
[18] “El Ejército en las calles: los riesgos de seguir militarizando la lucha antinarco” Jorge Luis Sierra. 21 de abril de 2009. El Universal. El secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Monte Alejandro Rubido García, aseguró que el Ejército mexicano seguirá en las calles, involucrado en el combate contra el narcotráfico, hasta 2013. Ello significa que “en lo que resta del sexenio seguiremos sin una policía federal confiable y eficiente que pueda reemplazar a los militares y encabezar la lucha contra la delincuencia organizada.” Además de esa reorganización criminal, lo que preocupa a los generales es que el Ejército se encuentra en las calles sin el debido sustento legal. Ya no basta la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que permite la intervención del personal militar con el argumento de que coadyuvan con el Ministerio Público. Los mandos militares prefieren sustituir al agente del Ministerio Público o mantenerlo controlado durante las operaciones, en parte porque carecen de confianza para compartir información operacional con ellos. Para las Fuerzas Armadas, el uso intensivo de la fuerza castrense ha tenido otras consecuencias: las operaciones y sistemas de inteligencia del Ejército están dejando de ser rurales y cada día cobran más un carácter urbano. Las operaciones principales ocurren en zonas densamente pobladas donde la presencia militar cobra una gran visibilidad. Cuatro años más de militarización, sin un progreso significativo en estas áreas, pueden representar un riesgo muy elevado para el país.”
[19] Informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa menciona la participación del Ejército. CSG y Zedillo autorizaron apoyo a paramilitares en Chiapas, dice EU. Estos grupos armados eran supervisados por la inteligencia militar mexicana durante las fechas en que se perpetró la matanza de Acteal. David Brooks. Corresponsal. La Jornada Agosto 21, 2009 Nueva York, 20 de agosto. “La Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos informó sobre el apoyo directo del Ejército Mexicano a paramilitares en Chiapas, que se brindaba desde mediados de 1994, con autorización del entonces presidente Carlos Salinas, como parte de la estrategia contrainsurgente contra las bases zapatistas, y señala que estas agrupaciones armadas estaban bajo la supervisión de la inteligencia militar mexicana durante las fechas en que se perpetró la matanza en Acteal, ya con Ernesto Zedillo como titular del Ejecutivo. Lo anterior está plasmado en documentos oficiales estadunidenses recién desclasificados y presentados hoy por la organización denominada National Security Archive (Archivo Nacional de Seguridad). Un cable enviado por la agregaduría de Defensa de Estados Unidos en México a la jefatura de la Agencia de Inteligencia de Defensa, (DIA, por sus siglas en inglés), instancia del Pentágono, fechado el 4 de mayo de 1999, informa que para mediados de 1994, el Ejército Mexicano contaba con autorización presidencial para instituir equipos militares encargados de promover grupos armados en las áreas conflictivas de Chiapas. El intento fue asistir a personal indígena local en resistir al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Además, durante la masacre de Acteal de 1997, oficiales de inteligencia del Ejército estaban involucrados en supervisar a los grupos armados en los Altos de Chiapas. Al describir el apoyo directo del Ejército Mexicano a grupos indígenas armados en la zona de Chiapas donde se ubica Acteal, el cable informa sobre una red clandestina de equipos de inteligencia humana (agentes de inteligencia) formados por el Ejército a mediados de 1994, con la autorización del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Estos equipos tenían la tarea de infiltrar comunidades indígenas para lograr obtener información sobre simpatizantes zapatistas.”
[20] “Soberanes alerta riesgo de Estado de excepción”. El presidente de la CNDH asegura que tendría que haber una reforma constitucional en la regulación del Ejército en sus tareas de combate al crimen organizado”. JORGE RAMOS PÉREZ. El Universal. México, 28 de mayo de 2009. José Luis Soberanes Fernández, advirtió del riesgo de caer en un Estado de excepción en México.
[21] Redacción. El Universal. Jueves 18 de junio de 2009. “Las muertes relacionadas con el narcotráfico superaron ayer las 3 mil, lo que impone un nuevo récord desde que en 2005 EL UNIVERSAL comenzó el registro de las ejecuciones adjudicadas a la guerra entre cárteles. En comparación con el año pasado, la cifra actual de crímenes creció casi 80%. En 2008, en esta misma fecha, se habían contabilizado mil 701ejecutados. Este año los primeros mil muertos se alcanzaron en 51 días, los mil siguientes en 59 y el último millar, en 58 días, lo que da un promedio de 17 personas asesinadas a diario.”
[22] “CNDH ve impunidad en 99% de delitos” Organismos de los derechos humanos presentan informe. Liliana Alcántara. El Universal. 15 de diciembre de 2008. “…los ciudadanos sólo denuncian 10% del total de los delitos que se cometen y, en su mayoría, las personas dejan de presentarse ante las autoridades pues desconfían de ellas o temen ser víctimas de la corrupción. De acuerdo con datos del programa de Atención a Víctimas del delito de la CNDH se estima que de este 10% de delitos que se denuncian ante la autoridad competente sólo uno de cada 100 concluye con una sentencia de los responsables. Es decir existe, en este rubro, un nivel de impunidad de 99%. Además, según el organismo, hay alrededor de 400 mil órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar. Esta situación refleja, según la CNDH, el retraso que prevalece en las agencias de Ministerio Público cuando una víctima acude a ellas para denunciar un delito.”
[23] “Diputados aprueban Ley de la Policía Federal” La nueva ley facultará a la agrupación a realizar intervenciones telefónicas y en internet. Andrea Merlos y Juan Arvizu. El Universal. México, 23 de abril de 2009. “La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de la Policía Federal que tendrán como fin la prevención del delito…esta nueva ley que facultará a la nueva policía a hacer "escuchas" telefónicas, intervenir en internet y ejecutar estrategias civiles. Esta nueva ley crea un cuerpo policiaco con fines preventivos, con facultades de investigación que incluyen la intervención de teléfonos celulares, la obligación de empresas de telefonía a reportar la posición geográfica de donde salen las llamadas por celular y a observar la información en internet para evitar la difusión de pornografía. Todas las órdenes nuevas serán bajo la autorización de jueces.”
Ernesto López Portillo. La nueva policía encubierta. 12 de mayo de 2009. El Universal. “El Congreso de la Unión aprobó el 29 de abril pasado la nueva Ley de la Policía Federal… la autorización que incluye para realizar operaciones policiales encubiertas… la ley promulgada no trae los mecanismos de control para las operaciones encubiertas, ya que entrega la supervisión de las mismas a una Unidad de Asuntos Internos (UAI) cuya organización y funciones fueron enviadas a reglamento. La segunda es que cuando la UAI procedimiento por la posible desviación de algún policía federal, el expediente será aceptado o rechazado por el mando de la propia corporación. Al mandar a reglamento la regulación completa de la UAI se provocan dos efectos. Primero, se debilita de manera sensible el control legislativo sobre la policía, dejando al Ejecutivo federal un cheque en blanco para el control interno de su policía. Segundo, la UAI no puede llegar en el reglamento más allá del estándar de la propia Ley de la Policía Federal, con lo cual el instrumento administrativo queda constreñido…el titular de la UAI será designado por el presidente de la República, no por el comisionado general, ese es un gran avance; pero luego se mata lo ganado cuando se da al propio comisionado, en funciones de presidente del Consejo Federal de Desarrollo Policial, la atribución de negar la procedencia de una investigación de la UAI… Igual pasó cuando se creó la Policía Federal Preventiva (PFP) en 1999 y la Agencia Federal de Investigación en 2001. inicie
No están en la ley los controles mínimos sobre las operaciones policiales encubiertas y la Unidad de Asuntos Internos puede ser frenada por el mando de la misma institución investigada. La fórmula es inaceptable. El camino correcto para el legislador es revisarla y corregirla; pero además debe tomar una decisión de mayor calado: inspirados en diversas experiencias internacionales prometedoras, los congresistas deben inaugurar en México los sistemas de supervisión civil de la policía, los cuales permiten crear controles especializados sobre la policía que no dependen de ella misma…La pregunta no es si deben o no hacerse operaciones policiales encubiertas. La pregunta es cómo evitar que se salgan de control.”
[24] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 17.- “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial...”. Ed. Porrúa, México. 158ª. Ed. P. 18
[25] Van por narcos ...¿y votos? “Expertos consideran que usar la lucha contra cárteles como promesa electoral sólo fortalece la imagen del Ejecutivo, pero dificulta la formación de una política de Estado en seguridad nacional, genera pocos resultados y pone en riesgo el respeto a las garantías.” Ignacio Alvarado y Thelma Gómez . Universal . 19 de junio de 2009.
[26] Lunes, 01 de Junio de 2009. Miguel Ángel Granados Chapa. PLAZA PÚBLICA . Gran golpe o gran puesta en escena . Domingo, 31 de Mayo de 2009. “Hay condiciones para que el notorio acontecimiento en que fueron detenidos 10 alcaldes y una veintena de funcionarios estatales y municipales -de tal rango que incluye al procurador de justicia del estado, que se presentó voluntariamente a la autoridad federal y fue ilegalmente retenido- corra por alguna de esas vías.”
[27] JDC TLC y Estado fallido. El Financiero, septiembre 24 de 2009. p. 35.
[28] Jeanette Leyva Reus. “México crecerá 2% en promedio durante los próximos veinte años”. El Financiero. Noviembre 12, 2009. P. 3
[29] DEA, ICE y ATF, entre las dependencias asentadas aquí, revelan funcionarios federales. Crece la cifra de agentes de EU que espían en todo México; ya son más de mil 400. Colaboran con las autoridades nacionales, dicen. Muchos son ex integrantes de cuerpos de inteligencia. En consulados, sus principales bases. Reportan al menos un caso de corrupción. Gustavo Castillo García. Periódico La Jornada. Domingo 8 de noviembre de 2009, p. 7 Más de mil 400 agentes del gobierno de Estados Unidos operan en México en labores de combate al crimen organizado e inteligencia. Unos 700 son ciudadanos mexicanos. Los agentes trabajan principalmente para dependencias como la agencia de Inmigración y Aduanas, y la de combate a las drogas (ICE y DEA, por sus siglas en inglés), revelaron funcionarios del gabinete de seguridad nacional.
[30] BROOKS, David. “Washington elimina el concepto de ‘guerra contra las drogas’”, La Jornada, México, mayo 15, 2009. p. 23 Gil Kerilikowske, director de la Oficina Nacional de Políticas de Control de Droga de la Casa Blanca declaró al WSJ. Por otra parte, en 13 estados de EU se ha autorizado la distribución de mariguana para usos médicos.
[31] Brooks, ibid.
[32] Gobierno impulsará 13 acciones antinarco. Ciudadanía, la clave para recuperar plazas, aseguran. José Gerardo Mejía. El Universal. Lunes 25 de mayo de 2009. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Senadores, Felipe González, afirmó que a partir de esta semana, el gobierno federal incrementará el combate al crimen organizado a través de 13 acciones para buscar la recuperación de espacios cooptados por líderes de cárteles.
[33] Editorial El Universal. “Ser ‘narco’ para sobrevivir’, México mayo 25, 2009
[34] Congreso alista reclamo por certificación en derechos humanos. Afirma el secretario de la Comisión de Justicia del Senado, Tomás Torres, que dicha evaluación vulnera la confianza entre México y Estados Unidos y dificulta la elaboración de una estrategia conjunta. JORGE RAMOS Y RICARDO GÓMEZ . El Universal.
Ciudad de México Martes 04 de agosto de 2009. La Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un exhorto al presidente Felipe Calderón, para que rechace "de manera contundente" un eventual proceso de certificación a México en materia de Derechos Humanos, por parte del gobierno de Estados Unidos. La semana pasada, el llamado zar antidrogas de gobierno de Estados Unidos, Gil Kerlikowske, anunció que certificará las operaciones de las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos, en el marco del combate a la delincuencia, aunque después declaró que no se trata de una certificación. El senador Ricardo García Cervantes comentó "Que no parezca que estamos yéndonos por una información en la que la persona corrigió y no es certificación, pues llámesele como se le llame, ciertamente tiene que certificar los comités apropiados del Congreso de Estados Unidos sobre el destino, utilización y aprovechamiento de los recursos de la iniciativa Mérida", esgrimió el panista.
[35] México no es Estado fallido, asegura el embajador de EU. Pascual considera que el Ejército puede “mejorar su manera de funcionar”. Silvia Otero. El Universal. Miércoles 12 de agosto de 2009. GUADALAJARA, Jalisco.— México no es un Estado fallido, asegura Carlos Pascual, el nuevo embajador de Estados Unidos en nuestro país, al emitir sus primeras declaraciones públicas. Pascual, quien llegó el pasado domingo con el presidente Barack Obama, sostiene que es necesario que en el corto plazo el “Ejército mexicano pueda cambiar su funcionamiento y tener un sistema más transparente” en derechos humanos. Sobre el papel de los militares en tareas de seguridad —que ha generado críticas en su país por presuntas violaciones a derechos humanos—, detalla que a más tardar la próxima semana el Departamento de Estado entregará un informe al respecto al Senado, sin que pueda prever la reacción de los legisladores. De este documento depende la liberación de 15% de los recursos de la Iniciativa Mérida. Al respecto, el diplomático dice: “Todos entendemos por qué México ha necesitado el papel del Ejército, especialmente en zonas donde las policías locales no estaban al nivel necesario”. Sin embargo, añade que “a corto plazo tenemos que ver si hay algunas maneras que el Ejército puede cambiar o mejorar su manera de funcionar, donde tengamos todos un sistema un poco más transparente; creo que tenemos la capacidad de entregar un reporte que pueda tocar estos asuntos de manera objetiva. Tenemos la cooperación del Estado mexicano para demostrar que es consistente con los estándares internacionales de respeto a derechos”.
[36] Narco amenaza a todo el hemisferio: Pascual. El embajador de Estados Unidos en México destaca la importancia de trabajar en conjunto en la frontera sur del país para controlar el tráfico de armas que vienen de América Central. JORGE RAMOS. El Universal. Ciudad de México Miércoles 21 de octubre de 2009.
[37] EU: cárteles amenazan la seguridad binacional. Admite que desde su territorio se nutren corrupción y violencia en México. Silvia Otero. El Universal. Viernes 10 de julio de 2009. “Durante 2009, la violencia en México ha crecido “a niveles sin precedentes” y “alarmantes”, con cerca de 3 mil 500 ejecuciones, ante los embates de los cárteles de la droga, que “siguen siendo poderosos y están evolucionando”, ya que han expandido sus actividades a delitos como el secuestro y la extorsión, incluso con el uso de grupos paramilitares. Este es el escenario que plantea el informe que presentó ayer el Departamento de Justicia de Estados Unidos a la Cámara de Representantes, en el que se reconoce la necesidad de reforzar la estrategia contra las organizaciones criminales que operan en ambos lados de la frontera, ya que, establece, representan una seria amenaza a la seguridad binacional. Se indica que las ejecuciones relacionadas con las drogas en México “se duplicaron de 2006 a 2007, y para 2008 la cifra llegó a alrededor de 6 mil 200 asesinatos, de los cuales en casi 10% las víctimas fueron policías, mandos y militares”, mientras que este año, “hasta la fecha se han producido unos 3 mil 500 crímenes”. Aunque la violencia en México ya existía, las autoridades de Estados Unidos advierten que “el derramamiento de sangre ha aumentado en los últimos meses a niveles sin precedente, se reconoce que “gran parte de la violencia y la corrupción en México es alimentada por estos recursos que vienen de nuestro lado de la frontera”. El documento señala que “estas organizaciones y sus grupos paramilitares dependen de estas armas de fuego y municiones —que en su mayoría llegan de Estados Unidos— para el control de lucrativos corredores de contrabando de drogas a lo largo de la frontera”. Destaca que diversos organismos estadounidenses ahora trabajan de manera más coordinada para frenar el tráfico de armas y dinero hacia México, pues la violencia que se registra ahora en el país “tiene graves efectos directos en los Estados Unidos”, ya que los grupos del crimen organizado que operan en territorio mexicano representan “la mayor amenaza a su seguridad nacional”.
[38] EU: México es susceptible de “intervención”. Informe de las Fuerzas Armadas alerta que el narco debilita al país. Carlos Benavides. El Universal. Martes 13 de enero de 2009. “México y Paquistán son dos naciones que el Departamento de Defensa de Estados Unidos considera como susceptibles de presentar conflictos súbitos que hagan necesaria la intervención de tropas estadounidenses. Un informe del Comando Conjunto de las Fuerzas de Estados Unidos (USJFCOM, por su sigla en inglés) plantea que ante un escenario de caos en México, provocado por el narcotráfico y el crimen organizado, Estados Unidos estaría obligado a dar una respuesta a esta situación, dadas las consecuencias para su seguridad interna. La referencia sobre este escenario se encuentra plasmada en el informe Joint operating environment 2008, confeccionado por el Comando Conjunto de las Fuerzas de ese país.”
[39] Violencia en México, tema de seguridad nacional para EU. La titular de Seguridad Interna, Janet Naplitano, la consideró una amenaza internacional y un asunto en el que Washington no está en posición de "ver y esperar", sino de ayudar. Notimex. Publicado: 25/03/2009 10:33. El Universal. Washington. La secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, aseveró este martes durante una comparecencia ante el Senado que Estados Unidos está emprendiendo acciones para ayudar a México a enfrentar la amenaza del narcotráfico. Ante el Comité senatorial de Seguridad Interna, Napolitano sostuvo que la violencia en México no es sólo una amenaza internacional sino un "asunto significativo de seguridad nacional" para Estados Unidos. El gobierno del presidente estadunidense Barack Obama anunció el martes planes para aumentar los recursos humanos y técnicos en la frontera para atajar el trasiego ilegal de armas y dinero en efectivo hacia México, además de los 700 millones de dólares bajo la Iniciativa Mérida de cooperación en seguridad.”
[40] Justifica Pascual uso del Ejército en lucha contra narco. El Financiero, 12 de noviembre, 2009. p. 20
[41] Fracasamos en la lucha antinarco, reconoce DEA. J. Jaime Hernández Corresponsal. El Universal. Viernes 27 de marzo de 2009 . WASHINGTON.— Para la Administración Federal Antidrogas (DEA) el combate al narcotráfico en Estados Unidos ha sido “un fracaso”, que se refleja en el nivel de consumo que persiste en este país. Por el contrario, reconoció el éxito que tienen las autoridades mexicanas en su cruzada contra los cárteles de la droga que “están en desbandada. La estrategia es un éxito”, dijo la encargada en funciones de la DEA, Michelle Leonhart, en una audiencia en la Cámara de Representantes.
[42] Cárteles reciben de EU 25 mmdd al año. Violencia en la frontera afecta ya a 60 millones de estadounidenses. Redacción. El Universal. Viernes 27 de marzo de 2009. MONTERREY, NL.— La secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, afirmó que los consumidores de droga en su país entregan cada año a los grupos del crimen organizado un “arma financiera” de 25 mil millones de dólares. Al continuar su visita en México, ahora en la capital de Nuevo León, Clinton estimó que las ganancias ilícitas que el narcotráfico obtiene en Estados Unidos ascienden a 25 mil millones de dólares, lo que permite a la delincuencia “continuar con su campaña de violencia y de ignorancia a la ley”. En una conferencia magistral en instalaciones del Instituto Tecnológico de Monterrey, expresó que es intolerable la violencia que ejercen las bandas del narcotráfico. “Aterrorizan a la comunidad mexicana” y afectan también a unos 60 millones de estadounidenses que viven en la frontera con México, agregó. Por lo anterior, señaló que en su estancia en este país ha dejado “muy en claro” que Estados Unidos reconoce que el narcotráfico no es sólo un problema de México: “Nosotros tenemos una gran responsabilidad”. “En EU podemos preocuparnos de lo que viene hacia el norte, pero los mexicanos están preocupados de lo que viene hacia el sur: armas de asalto, bazucas, granadas”, dijo.
[43] EU dio partida para “liberar territorios”. Se pretende mejorar la capacidad militar en operaciones “antiterroristas”. Doris Gómora. El Universal. Miércoles 25 de marzo de 2009. “Documentos oficiales del gobierno estadounidense refieren que al Departamento de Defensa se le asignó una partida por 12 millones 945 mil dólares para que las Fuerzas Armadas mexicanas mejoren la capacidad “para reducir los territorios ingobernados”. En el presupuesto aprobado para esa dependencia, bajo la sección 1206 integrada por fondos discrecionales, se explica que los recursos se destinarán para “mejorar la capacidad del Ejército y Armada de México, así como fuerzas especiales, para reducir los territorios ingobernados que podrían ser explotados por violentas organizaciones terroristas”. El documento, cuya copia tiene este diario, añade que el dinero servirá además para proteger con mayor efectividad la infraestructura crítica, “encontrar y reparar objetivos, y establecer condiciones para incrementar la cooperación con Estados Unidos”. De esta forma, el Pentágono entregará a la Secretaría de la Defensa en 2009 equipo de combate al terrorismo, apoyo técnico inicial, intermedio y avanzado sobre medios digitales forenses, usados para inteligencia. Los recursos son independientes de la Iniciativa Mérida.
[44] Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria, Ernesto Zedillo. También George Schultz, Milton Friedman y otros. BROOKS. Ibid.
[45] “La guerra contra las drogas ha sido un desastre, ha creado Estados fallidos en el mundo en desarrollo, aun mientras la adicción florece en países ricos. De cualquier forma en que se mida ... esta lucha ha sido antiliberal, asesina y sin sentido. Es por ello que The Economist continúa creyendo que la política menos mala es legalizar las drogas”. BROOKS. Ibid.
[46] “Por primera vez en ONU se hablará abiertamente de legalizar las drogas” Hace una década, en 1998, una sesión especial de las Naciones Unidas emitía una declaración en la que prometía “un mundo sin drogas” para 2008, sobre la base de una férrea política de prohibición. No resulta difícil ver cuáles han sido los resultados. Desde mañana se realizará en Viena una evaluación de esas directivas y por primera vez se incluirá abiertamente en el debate la posibilidad de la legalización. Ministros de 53 países participarán desde mañana en la sesión de la Comisión sobre Drogas Narcóticas (CDN) en la capital de Austria, donde se encuentra la sede de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés). La reunión ministerial se llevará a cabo los dos primeros días, pero la sesión continuará hasta el 20 de marzo…El propio director ejecutivo de la UNODC, el italiano Antonio María Costa, quien también es miembro del buró de la CDN, reconoce ahora que el control de las drogas ha tenido como una de sus imprevistas consecuencias el fortalecimiento del crimen organizado. Costa ha presentado un informe a la Comisión en el que admite que toda la política de control se ha visto minada por “un mercado criminal de monumentales proporciones”. Todo muy lejos del “mundo sin drogas” y de la “eliminación o reducción significativa” de la producción de opio, cocaína y cannabis para 2008, como triunfalmente se hablaba una década atrás…Un ejemplo que compete mucho al Paraguay es el de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, liderada por los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso, del Brasil, César Gaviria, de Colombia, y Ernesto Zedillo, de México, que elevará una recomendación concreta de legalizar, como primer paso, la producción y el consumo de marihuana, considerada la droga ilegal menos peligrosa. La Comisión, constituida por una veintena de eminencias de distintos países de la región, se reunió el 11 de febrero en Río de Janeiro para elaborar las bases del documento a ser presentado. La conclusión más importante es el reconocimiento de que las políticas basadas en la represión, impulsadas ampliamente por Estados Unidos y la propia ONU, han sido un fracaso. No solo la producción y el consumo se siguen incrementando pese a todos los esfuerzos, sino que las mafias continúan fortaleciéndose cada vez más, inficionando los sistemas políticos, judiciales y de seguridad y comprometiendo seriamente la gobernabilidad y la viabilidad de las democracias en muchos países. “Una evaluación realista de esta política demuestra que no hubo reducción de la producción de drogas ni del consumo. Estamos más lejos que nunca del objetivo de erradicar las drogas y, más grave aún, este enfoque prohibicionista ha generado problemas humanos y sociales gravísimos como el aumento de la violencia y de la corrupción en la región”, dijo Fernando Henrique Cardoso tras la reunión en Río de Janeiro. Como primer paso, la Comisión planteará a la comunidad internacional la despenalización del consumo de marihuana, por considerar que esto es por ahora lo más factible. Se pliega al punto de vista de que el problema de las drogas debe ser tratado en el ámbito de la salud pública y ser sacado del ámbito criminal, porque de lo contrario, los únicos grandes beneficiados son los propios narcotraficantes. “Los usuarios de droga deben ir al médico, no a la cárcel”, sostienen los ex presidentes.” .Publicado por ABC – Paraguay, 10 marzo 2009.
[47] Editorial EL UNIVERSAL. Cárceles, ¿para qué? 21 de mayo de 2009. Gastamos cada año 11 mil millones de pesos para tener encerradas a 213 mil personas en las cárceles de este país. ¿Qué hemos obtenido? Motines, mercados cautivos para la venta de drogas y centros de operación para extorsionadores, secuestradores y capos del narco. Es tiempo de pensar si tiene sentido seguir por el camino que ha probado ya su fracaso aquí y en el resto del mundo. Tampoco es cuestión de dinero. Estados Unidos tiene 2 millones de reclusos; gasta en cada uno más de 100 mil dólares al año y está lejos de ser uno de los países con menor delincuencia. ¿Qué esperanzas de seguridad tiene un país que sigue el mismo modelo pero que apenas resuelve 2% de sus delitos? Incluso si mágicamente desapareciéramos la impunidad en el corto plazo, no habría dónde poner a tanto criminal. México destina 50 mil pesos al año, 130 pesos diarios, en cada reo. Eso es casi tres veces el salario mínimo. Puesto que dos de cada tres reclusos están en prisión por robos simples o delitos que ameritan menos de tres años de prisión —debido a conductas delictivas no violentas y de poca gravedad—, ese dinero sería más útil en la prevención de esos crímenes. Bien canalizados, 130 pesos diarios pueden evitar que un joven se meta de narcomenudista o de ratero. Esa ha sido la estrategia en países como Japón, Suecia, Francia e Inglaterra. El resultado es que sus índices de criminalidad y de reclusos per cápita son mucho menores que en el modelo de México: Estados Unidos. Cálculos del Instituto para la Seguridad y la Democracia revelan que sólo con el costo diario de la población reclusa sin condena podría sufragarse el apoyo anual para casi 2 mil familias en el programa Oportunidades. En vez de perder el tiempo con propuestas de pena de muerte, cadena perpetua y sanciones más severas, los políticos deberían cambiar el modelo de represión por uno de prevención. Las pruebas están a la vista y el dinero existe. Ahora falta voluntad.
Fuente: Voces del Periodista
Difusión AMLOTV
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