Balas y votos

Balas y votos

José Gil Olmos

MÉXICO, D.F., 30 de junio (apro).- En las elecciones del próximo 4 de julio es posible que se desate la violencia en 15 estados del país. Esta presunción no es gratuita si nos atenemos al reciente asesinato del candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, al de Enrique Mendivil, candidato a regidor en Sinaloa, de Joel Ortega, aspirante a regidor en Zacatecas, y al de Mario Guajardo, quien buscaba gobernar el municipio tamaulipeco de Valle Hermoso, hasta que una lluvia de balas se lo impidió.

Estas cinco ejecuciones, sin embargo, son apenas la punta del iceberg de la violencia que esta marcando los procesos electorales en varios estados, como en Oaxaca, donde en San Juan Copala un grupo parapoliciaco asesinó a dos integrantes de una caravana internacional de paz sin que el gobierno de Ulises Ruiz hiciera algo.

Varios candidatos a gobernadores, como Xóchitl Gálvez, así como de diversas presidencias municipales han denunciado amenazas de muerte por parte de grupos criminales, entre ellos Los Zetas. Los partidos políticos y sus candidatos han decidido no hacer campaña en ciertas regiones del norte donde es imposible meterse sin que el narcotráfico lo permita.

Pero la intemperancia a la que se ha llegado en la política mexicana vinculada al narcotráfico, es lo realmente grave porque esta mostrando la fragilidad del gobierno de Felipe Calderón y de todo el Estado mexicano, confirmando aquella idea duramente criticada del “Estado fallido”.

La muerte de 23 mil personas, centenas de discapacitados, miles de huérfanos, innumerables desaparecidos y decenas de policías y soldados muertos en todo el país son la expresión más clara del poder que ha alcanzado el crimen organizado en México sin que el gobierno haya podido detenerlo.

Según el investigador Eduardo Buscaglia, en el país se esta dando un “proceso de afganización”, que significa que la ausencia total del Estado en 982 zonas en las cuales el poder real de gobierno lo tiene algún grupo del crimen organizado. Señala el catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) que tal fenómeno ha ido creciendo en los últimos tres años porque si en 2007 se contabilizaron 353, para 2009 eran 650 y ahora son 982.

El asesor de la ONU no es el único en afirmar esta idea del control territorial del narco. El exgobernador de Morelos y exdirector del Cisen, Jorge Carrillo Olea, afirmó recientemente que el narco controla 30% del territorio nacional. Mientras que, a principios de este año, en Estados Unidos un informe del Pentágono reveló que el narcotráfico controlaba la mitad del territorio mexicano.

El exprocurador general de la República, Eduardo Medina Mora y también extitular del Cisen, comparte de alguna manera esta idea. En su libro “Cisen: 20 años de historia”, dice que ciertas zonas del país, sobre todo en la frontera Norte, el crimen organizado y los narcotraficantes, “sin duda retan a esas autoridades estatales”.

Esta situación de inseguridad e incertidumbre que la sociedad en todo el país viene sufriendo durante varios años, principalmente en lo que va del gobierno de Felipe Calderón, no la habían padecido la clase gobernante cubierta por una esfera protectora de guardaespaldas y policías pagados por el erario público.

Como ya se había dicho, no fue sino hasta que sintieron en carne propia los ataques del crimen organizado, y del narcotráfico en particular, cuando han empezado a reaccionar. El secuestro de Diego Fernández de Cevallos y el asesinato del candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, provocó que los partidos y el gobierno alzaran su voz para detener la espiral de violencia y el poder del narcotráfico en distintas regiones del país.

Todos los actores políticos, incluido el presidente del IFE, Leonardo Valdés, ha calificado el asesinato de Rodolfo Torre como un “atentado a la democracia”. Pero aquí habría que preguntar cómo le llaman a los asesinatos de miles de mexicanos por el crimen organizado. ¿Esas muertes no cuentan para la vida democrática del país?

Los temas de la agenda política del país, paradójicamente, no los están dictando los actores políticos sino el crimen organizado. Son ellos los que están incidiendo en la toma de decisiones en áreas de seguridad pública, política social, seguridad nacional, economía, empleo y gobernabilidad.

El crimen organizado se ha infiltrado hasta la estructura del estado y no se ve que exista la intención de tomar decisiones significativas y trascendentales por parte del gobierno y de los partidos para atajar este enorme peligro para la estabilidad social.

Como sea, las balas le están ganando la batalla a los votos en estas elecciones. Habrá que ver la participación ciudadana este domingo 4 y tomar en cuenta que todo esto habrá de tener una repercusión para la elección presidencial del 2012.

Fuente: Proceso

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