Castigo a funcionarios por caso Atenco, exige AI

Castigo a funcionarios por caso Atenco, exige AI

La Redacción

MÉXICO, D.F., 1 de julio (apro).- Amnistía Internacional (AI) exigió este jueves que se investigue a fondo a los funcionarios que participaron en las indagatorias relacionadas con el caso Atenco, al quedar en evidencia, con la resolución de la Corte, que usaron de manera indebida el sistema de justicia y con ello provocaron la violación del debido proceso de los 12 detenidos por esos hechos.

"Terminar con la impunidad en casos como éstos es esencial para que el sistema de justicia deje de ser un instrumento para reprimir activistas sociales, opositores y defensores de derechos humanos", señaló en un comunicado.

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación inmediata de los 12 líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), AI recordó que a principios de 2009 la Corte determinó que en los disturbios de 2006 hubo graves violaciones de los derechos humanos cometidas por parte de policías en San Salvador Atenco, pero hasta el momento ni la justicia federal ni la estatal han avanzado para hacer rendir cuentas a los responsables.

"Estos hechos tan graves no se pueden dejar en el olvido y la impunidad", puntualizó, y agregó que para garantizar un juicio justo es necesario reparar el daño a las víctimas.

Ayer, la primera sala de la Corte ordenó la liberación de Ignacio Valle, Felipe Medina y Héctor Galindo, sentenciados a 112 años de prisión el primero, y a 67 años los otros dos, por el delito de secuestro equiparado.

Los otros liberados son: Óscar Hernández Pacheco, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, Julio César Espinosa Ramos, Juan Carlos Estrada Cruces, Edgar Eduardo Morales Reyes, Jorge Alberto Ordoñez Romero, Román Adán Ordoñez Romero, Narciso Arellano Hernández y Alejandro Pilón Zacate, sentenciados a 31 años de prisión.

De acuerdo con AI, el caso Atenco debe servir “para concretar la transformación del sistema de justicia a fin de terminar con la fabricación de procesos por motivos políticos y para garantizar el juicio justo”.

Y afirmó que la SCJN concedió el amparo a los acusados por la negación de un juicio justo y debido proceso por parte de las autoridades del Estado de México.

Sobre ese punto, el ministro Juan N. Silva Meza manifestó ayer que las condenas reclamadas en los amparos dejan ver una forma “maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social; como una forma de castigar ser oposición” que pone en entredicho “la forma en la que el estado trata la libertad personal, la integridad, libertad de asociación y expresión de los líderes sociales sentenciados”.

Amnistía Internacional reiteró este jueves que desde 2006 documentó las violaciones de los derechos humanos cometidos por policías estatales y federales durante el operativo en Atenco.

Y dijo que desde entonces se advirtió que, como resultado de la operación, se produjo la detención arbitraria de más de 200 personas, la violación del debido proceso de los detenidos, la investigación parcial de los hechos que resultó en la impunidad para los funcionarios implicados en graves abusos, como la tortura, incluso la violencia sexual contra las mujeres detenidas, y un juicio injusto para los acusados del FPDT.

Siguen presos dos líderes del FPDT

A pesar de que desde ayer la SCJN envió un telegrama a las autoridades del penal del Altiplano con la orden de liberar “inmediatamente” a Ignacio del Valle y Felipe Álvarez, el mandamiento seguía sin acatarse hasta la tarde de este jueves.

Leonel Rivero, abogado defensor de los líderes de Atenco, señaló que las autoridades penitenciarias argumentaron que deben desahogar ciertos trámites administrativos antes de liberar a los detenidos.

Esa situación, dijo el litigante, es "totalmente irregular", ya que las autoridades federales solamente resguardan a los presos.

En distintas entrevistas radiofónicas, Rivero sostuvo que dicha actitud representa un desacato a la resolución de la Corte, por lo que "están incurriendo en este momento en el delito de privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad".

"Vamos a dar cuenta a la Primera Sala de la Suprema Corte del franco desacato en que ha incurrido el gobierno federal y procederemos también por los cauces legales, no podemos admitir que incumpla con una resolución" del máximo tribunal, advirtió.

Fuente: Proceso

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