El asesinato tuvo la intención de ocultar la relación entre militares, narcotráfico y paramilitares, señala
CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )
Chilpancingo, 3 diciembre. A pocos días de que se cierre el caso del homicidio de la luchadora social Digna Ochoa Plácido, el Colectivo Contra la Tortura e impunidad (CCTI) criticó que sólo se han observado violaciones a los derechos humanos, así como la impunidad en el esclarecimiento del asesinato de abogada; lamentó que las autoridades pretenden concluir que fue un suicidio y no un asesinato.
Ochoa Plácido, al momento de ser asesinada, el 19 de octubre de 2001, investigaba los casos de los ecologistas de Petatlán, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera; de los hermanos Cerezo Contreras, acusados de militar en las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo; de Gloria Arenas y Jacobo Silva, miembros del ERPI.
Dos años antes de ser asesinada, Ochoa Plácido recibió dos fuertes amenazas contra su vida, de lo que responsabilizó al gobierno mexicano por no ofrecer garantías para su seguridad personal.
En 1999 fue secuestrada dos veces. Entonces, los sujetos que la atacaron le hacían preguntas sobre supuestos contactos en Guerrero, Hidalgo, Puebla y Oaxaca, casas de seguridad del EZLN y el EPR y de los comandantes Antonio y Aurora, del ERPI.
A ocho años del asesinato de la luchadora social, sus familiares sostuvieron que identificaron tres autores materiales del homicidio. “Las pruebas de su asesinato apuntaba a los intereses de caciques y empresarios explotadores de la riqueza maderera de Guerrero”, indicó el comunicado del CCTI.
Posteriormente, indica, un testigo declaró en 2007 que Javier Valle Villa, pistolero del ganadero Rogaciano Alba Álvarez, admitió en una reunión que sus compañeros asesinaron a la defensora de derechos humanos por órdenes de su jefe.
El 19 de septiembre de 2007, Javier Torres Cruz y su tío Isaías Torres denunciaron ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), a Alba como presunto autor intelectual del asesinato de Ochoa Plácido.
Un año después, destaca el CCTI, Torres Cruz fue secuestrado y su familia responsabilizó al general del 19 Batallón de Petatlán y al mayor Palma encargado de los operativos del mismo batallón, así como a Misael Orozco Berna y sicarios de Alba, recientemente capturada y encarcelado por nexos con el cártel de La Familia.
Por ello, los activistas enviaron una carta al procurador donde le señalan que “existen suficientes evidencias para afirmar que la abogada Digna Ochoa no se suicidó” y que su asesinato “tuvo la doble intención de dejar sin defensa legal a terroristas y ocultar la relación entre militares, narcotraficantes y paramilitares”.
Fuente: La Jornada de Guerrero
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