“¿Por qué nos reportan como criminales?”

JESÚS RODRÍGUEZ MONTES (Enviado')

Ayutla, 23 de febrero. A las 6 de la tarde los indígenas se congregaron en una pequeña capilla, en la localidad na savi La Cortina, para ofrecer el primer rezo en memoria de Manuel Ponce Rosas, a un año de su muerte. El 20 de febrero de 2009 el cuerpo de Manuel fue hallado en estado de descomposición, en una bolsa de plástico negro, junto al de Raúl Lucas Lucía.

Manuel era secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) y Raúl era el presidente de la agrupación, a la que se han integrado muchos indígenas de Ayutla para denunciar los abusos de autoridades municipales, estatales y federales desde hace más de una década.

Hoy, en La Cortina, un pueblo alejado de la cabecera municipal, donde a simple vista es posible percatarse que son pocas las obras en torno a él, familiares, amigos a integrantes de organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos se han congregado para ofrecer el primer rezo a un año de la muerte de los dirigentes.

Margarita Martín de las Nieves tenía 27 años cuando tuvo que acudir al Servicio Médico Forense de Acapulco para identificar el cuerpo de Manuel. Le causa terror recordar el estado en que observó a su esposo, que tenía 32 años: con huellas de tortura, casi irreconocible.

No habla español, pero en perfecto tun savi, dice que quiere justicia y que se castigue a los que mataron a Manuel.

El 13 de febrero del año pasado, en Ayutla, presuntos agentes de la Policía Ministerial se llevaron por la fuerza a Manuel y Raúl. Han transcurrido 12 meses y la única certeza de la Procuraduría de Justicia, que atrajo el caso, es que eran agentes falsos los que se llevaron a los dirigentes.

“¿Qué voy a hacer? Tengo dos hijos, estoy sola, no sé nada de los que mataron a Manuel”, expresa Margarita Martín.

Con motivo del aniversario luctuoso de los dirigentes, este martes en Ayutla se efectuó un encuentro de indígenas integrantes de la OFPM y la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), que logró congregar a representantes de los movimientos sociales más visibles en Guerrero. Llegaron a la cabecera municipal –donde hace unas semanas asesinaron al periodista Jorge Ochoa– campesinos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop), indígenas de la Policía Comunitaria, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, amuzgos de Radio Ñomndaa, además de agrupaciones civiles como el centro Tlachinollan, la Red Guerrerense de Derechos Humanos, el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), las Brigadas Internacionales de Paz (PBI), así como representantes de la Red Nacional Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TDT), Amnistía Internacional (AI) y de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En el acto, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, expresó un emotivo discurso en el que recordó que los abusos contra los indígenas de Ayutla comenzaron con “la masacre de El Charco, y hasta ahora no han parado”.

¿Por qué tenemos que celebrar en el dolor a los defensores y a las defensoras? ¿Por qué nos tienen que seguir investigando, reportando como si fuéramos criminales? ¿Por qué nos toman fotografías para llevarlas a los sistemas de inteligencia y nos investigan como si fuéramos delincuentes? Aquí estamos, alzando la voz, hablando de frente y condenando estos hechos, porque los defensores no queremos privilegios, queremos el respeto de las autoridades”, dijo ante más de 200 asistentes.

Obtilia Eugenio Manuel, dirigente de la OPIM, añadió: “lo que pedimos es que haya justicia para Raúl y Manuel. Yo no sé hasta dónde vaya a llegar el gobierno, pero nosotros ya no queremos que nuestra familia siga muriendo. No ha pasado una semana, ni un mes: desde que mataron a Manuel y Raúl y hasta ahorita no se sabe nada de los responsables”, reprochó.

En tanto, Alberto Herrera, director ejecutivo de AI en México, manifestó que el caso de los indígenas asesinados “es un ejemplo” de que el gobierno ha empleado el aparato de justicia para desmovilizar a las organizaciones que luchan por sus derechos. Recordó que Raúl Hernández Abundio, el único preso de conciencia reconocido como tal por AI en todo el continente, es también muestra de que se ha empleado al sistema de jusiticia para reprimir.

Para llegar a Ayutla, el municipio que en los últimos meses ha sido el escenario de crímenes como los de los dirigentes mixtecos y del periodista Jorge Ochoa, los integrantes de AI, Tlachinollan, Tadeco y PBI tuvieron que ser escoltados por agentes de la Policía del Estado desde la capital. Lo mismo ocurrió en el retorno.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Difusión: Soberanía Popular