Reflexiona Arnaldo Córdoba en La Jornada de ayer domingo sobre la reforma laboral del gobierno de Felipe Calderón en un artículo denominado La ofensiva patronal.
Luego de delimitar el papel que los gobiernos priístas y panistas le dieron a los sindicatos al convertirlos en máquinas de opresión de los trabajadores, los primeros y los segundos en engranajes difíciles de erradicar de su sistema de gobierno, da cuenta de un largo proceso que inició en la década de los 80, cuando las administraciones federales comenzaron a pensar en la eliminación de la contratación colectiva como una necesidad de sus afanes modernizadores.
Ahora, bajo la fachada de la impostergable flexibilización de la jornada laboral, de nueva cuenta se deja venir una embestida en contra de la clase trabajadora, esta vez sin los miramientos y los prejuicios revolucionarios institucionales que frenaban, al menos en el discurso, las intenciones patronales de desarticular determinadas cláusulas de los contratos colectivos de trabajo.
Bajo la óptica de una administración gubernamental que demostró ya con suficientes merecimientos su carácter antisindical, el PAN presentó en fechas pasadas una propuesta de reformas a la Ley Federal del Trabajo, cuya columna vertebral, refiere Córdoba, es que “no podrá haber en nuestro país verdadera competitividad ni inversión ni productividad ni exportaciones, así como tampoco auténtica generación de riqueza si no se elimina el derecho colectivo del trabajo, se hace a menos de los sindicatos, se flexibilizan las relaciones de trabajo y se convierte al trabajador en un agente libre de verdad que trate directamente con su patrón y colabore con él en todo lo que sea necesario para alcanzar aquellos sacrosantos valores de la nueva iniciativa privada (que a Reyes Heroles y a los enemigos del no les fascinan)”.
Esencialmente y de manera paralela a lo agresivo para los derechos de los sindicalizados que resulta la reforma calderonista, ésta plantea una novedosa nomenclatura para los convenios que van desde los denominados “contratos de prueba” para ver si el trabajador es capaz de desarrollar la tarea en periodos de tres y seis meses; o cambiar el concepto “por tiempo indeterminado” por el término de “pactar” con los patrones y de acuerdo con las exigencias de la empresa, labores discontinuas o fijas y periódicas o temporales.
De salarios caídos y conversión de protegidos a trabajadores temporales mejor ni hablamos.
Fuente: La Jornada de Veracruz
Difusión: Soberanía Popular
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