Las dos niñas, de 14 años, estaban rodeadas de ocho adultos cuando la policía municipal de Tlajomulco, Jalisco, entró luego de recibir una llamada de los vecinos que corroboraron la versión de que en esas casas de interés social operaba una red de tratantes de menores. Las dos pequeñas estaban entre otros 13 menores en la casa de Jorge Arturo López Murillo, quien primero amenazó a los policías con un arma y después les quiso sobornar.
Los agentes llevaron a cabo un operativo bien organizado, en cuanto sometieron a los ocho adultos recibieron la oferta; a cambio de su libertad y silencio les ofrecieron tener sexo con las pequeñas. Los policías se rehusaron y cubrieron los cuerpos de las niñas que yacían desnudas. Las menores estaban drogadas. Cuando los policías las protegieron, en lugar de aliarse con los explotadores, ellas les explicaron que el dueño de la casa las había hecho adictas al tonsol (un disolvente más potente que el thinner, comúnmente utilizado por zapateros y que se vende con menos restricciones que los inhalantes comúnmente relacionados con las adiciones de menores en situación de calle). “Con el toncho no sentimos nada”, dijeron las pequeñas aliviadas al ser recatadas.
Los policías llevaron a los detenidos a la Procuraduría de Justicia del Estado, donde a pesar de la evidencia y los testimonios, el delegado de la Procuraduría, José Armando Yáñez Navarro, declaró: “No hay elementos para presumir delitos de naturaleza sexual, las 15 menores de edad retenidas negaron que hubiera existido abuso sexual […] estaban ahí por su voluntad, participando en una fiesta”.
Según testigos de la propia procuraduría estatal, a las víctimas se les trató con el desprecio con que “se trata a las prostitutas adultas”, las amenazaron con hacerles estudios ginecológicos para saber si las había violado, y ellas lo único que querían era irse a casa. Frente a ellas, Yáñez Navarro declaró lo que luego repitió a los medios de comunicación: “El hecho de que pudieran estar desnudas las chamaquitas no implica un delito de ningún tipo” (aunque los adultos que las retenían fueran mayores de 45 años). Los policías insistieron en que el hecho constituía el delito federal de trata de personas, pero la Procuraduría estatal, a cargo de Tomás Coronado, dejó ir a los detenidos, excepto a dos, acusados también de robo.
Los policías Aurelio Hernández, José Ángel García Mercado y Víctor Padilla Ortiz declararon que los adultos tenían al grupo de adolescentes y niñas en su casa, en donde encontraron objetos robados. Algunos vecinos aseguran que el propietario de la casa maneja una red de tratantes de menores para fines de explotación para la mendicidad y el robo, además de la explotación sexual; delitos tipificados como graves en la ley federal.
La Procuraduría fue demasiado rápida en desacreditar la existencia del delito de trata. Si el procurador Coronado (a quien se ha vinculado desde su nombramiento con delitos de abuso de menores en Guadalajara) fuese un servidor público responsable, habría pedido asistencia a la Fiscalía que atiende la trata de mujeres y niñas (Fevimtra) y una vez dando la protección y asistencia a las víctimas, junto con el testimonio de los notables policías, Jalisco tendría un caso ejemplar de persecución de trata de menores y atención a las víctimas. Pero es obvio que al góber piadoso y a Coronado el abuso de menores les tiene sin cuidado. ¿Por qué su silencio?
Fuente: Lydia Cacho
Difusión: AMLOTV
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