Democratizar los Medios

"Un país con una televisión rica y escuelas pobres está en serios aprietos", escribió el economista liberal John Keneth Galbraith hace más de tres décadas. Y los problemas son mayores si esa televisión es un monopolio que concentra el 70% de los ingresos de publicidad, acapara el 85% de las frecuencias, "informa" al 90% de los mexicanos y domina los órganos del Estado encargados de regular el uso este bien público, el espectro radioeléctrico.

En los últimos 25 años, el único sector que no ha modificado su estructura es el de los medios de comunicación masiva. Por el contrario, los gobiernos de la alternancia han fortalecido su concentración en dos grandes empresas privadas (Televisa y TV Azteca). Sus tentáculos ya no se limitan a la televisión abierta sino a otras áreas convergentes como las telecomunicaciones (telefonía, internet, televisión por cable, dominada por Televisa). Al monopolio de la telefonía (Telmex) se le agrega el de la pantalla televisiva y sus ramificaciones políticas, financieras, publicitarias e ideológicas.

Los efectos de esta concentración han sido nefastos para el derecho a la información y la educación. Las empresas de comunicación convirtieron la información y los contenidos en mercancías. La hipercomercialización llega hasta la política. Ahora la televisión impulsa productos, no candidatos ni partidos; fabrica gobernantes y hasta candidatos presidenciales (como el caso de Enrique Peña Nieto); y se apropia del debate público para impulsar sus propios intereses.

Ante tal monopolio privado, la principal amenaza para la libertad de expresión no proviene de los gobiernos, sino de las propias empresas que usufructúan un bien público y un derecho ciudadano, como es el de la información.

El Estado mexicano abandonó su compromiso de construir una sociedad del conocimiento y de la información. Hoy sólo 9% de los mexicanos tiene acceso a los servicios de internet en banda ancha (frente al 20-30% de otras naciones como Brasil o Argentina); en contraste, 90% de los hogares ve una televisión dominada por Televisa. Sólo una quinta parte tiene acceso a la televisión por cable o satelital (Televisa controla 55% del cable y 95% de la satelital).

Los grandes centros universitarios públicos (UNAM, IPN o CONACYT) y la propia SEP, están al margen de los contenidos televisivos y de los servicios de convergencia o triple play. Peor aún, el gobierno de Felipe Calderón ha decidido privatizar la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ideal para los servicios de banda ancha, y dejarla en manos de las empresas monopólicas. En México no existen medios públicos que hagan contrapeso a los medios electrónicos privados. Existen medios oficiales, al servicio de gobiernos federal o estatales en turno, que reciben apenas 10% de la publicidad gubernamental en las pantallas.

PROPUESTAS

1. Abrir la competencia en medios electrónicos y convergentes, sobre todo en televisión abierta y televisión restringida (por cable, satelital o vía microondas). No se trata de expropiar ningún canal privado existente, sino de utilizar de manera democrática el espectro radioeléctrico. Con la digitalización de las señales se pueden formar nuevas cadenas privadas y crear auténticos medios públicos.

2. Destinar al menos 10% de las frecuencias disponibles en radio y televisión para medios audiovisuales independientes y públicos. Se requieren estaciones de televisión universitarias, indígenas, estatales, con consejos en los que participen organizaciones sociales, educativas y dedicadas al derecho a la información.

3. Crear organismos reguladores autónomos y descentralizados. En México los dos órganos reguladores de los medios electrónicos y de telecomunicaciones –SCT y Cofetel- están dominados por los intereses de las empresas monopólicas. No alientan la competencia, actúan con discrecionalidad y tratan este bien público como si sólo fuera un negocio privado. Hay que descentralizar y poner límites a la concentración para que ninguna compañía posea más de 50% de las frecuencias de radio en una plaza, ni más de 25 a 35% de las frecuencias de televisión, o más de 20% en redes de telecomunicaciones. Se requiere un órgano constitucional autónomo, independiente del Poder Ejecutivo, que otorgue las concesiones y administre con eficacia el espectro radioeléctrico y las redes de telecomunicaciones.

4. Suprimir la figura de los medios oficiales y de los permisos y crear la figura de medios públicos, que son todos aquellos que prestan un servicio no comercial (estaciones estatales, culturales, universitarias, comunitarias, indígenas).

5. Democratizar la producción de contenidos audiovisuales. Es necesario incorporar en las leyes de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones criterios para la retransmisión de la televisión abierta en la televisión restringida. Asimismo, impulsar que un mínimo del 20% de los contenidos sea de producción independiente.

6. Fomentar los contenidos de calidad, creativos, y su difusión en medios públicos. Regular la comercialización de la pantalla, limitar la publicidad a 20% del tiempo total de transmisión, impedir la publicidad engañosa o los infomerciales.

7. Democratizar los recursos públicos destinados a los medios. Más de 70% de la publicidad gubernamental se entrega a un puñado de medios electrónicos privados. Es necesaria una Ley de Equidad Publicitaria para impulsar a medios impresos, cibernéticos, cine y otros.

8. Reconocer los derechos de las audiencias y sancionar la violación a los derechos a la privacidad, al acceso a la información pública, de réplica, a la educación, la salud y la cultura; fomentar el respeto a la diversidad, la tolerancia y la pluralidad; y los derechos de la infancia.

Fuente: Periódico Regeneración

Difusión: AMLOTV