Ni un peso más a Ciudad Juárez

Ni un peso más a Ciudad Juárez

Abundan los discursos, pero escasean los recursos. A municipios panistas como Irapuato, la Secretaría de Seguridad Pública les elevó el presupuesto en más de 100 por ciento. Para esta ciudad priista, los recursos permanecieron igual.

Por Anabel Hernández

19/02/2010 - 2 comentarios

Categoría: Seguridad

En el discurso, el presidente Felipe Calderón habla de solidaridad y apoyo a los municipios azotados por la delincuencia, como Ciudad Juárez.

Pero en los hechos, su gobierno repartió 4 mil 300 millones de pesos del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun) con criterios político-partidistas, no en términos de inseguridad.

Así lo evidencian las cifras oficiales de los recursos que este año serán asignados a 206 municipios. Reporte Indigo tuvo acceso a estos documentos.

Los números rayan en el sinsentido. En materia de seguridad pública, el gobierno federal dice una cosa, pero hace otra muy distinta.

Sin justificación técnica alguna, y de manera unilateral, la administración de Felipe Calderón redujo sustancialmente los recursos a municipios con creciente incidencia delictiva, como Ecatepec, Estado de México; Guadalupe, Nuevo León, o Cuernavaca, Morelos.

Tampoco aumentó ni un peso a municipios altamente conflictivos, como Ciudad Juárez, Culiacán y Tijuana.

En cambio, aumentaron los recursos asignados a ciudades sin delincuencia significativa o baja población, como Irapuato, Guanajuato, que en 2010 recibirá 126 por ciento más fondos que en 2009.

La única circunstancia notable de Irapuato es que es la ciudad natal del actual secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el panista Juan Miguel Alcántara.

En contraste, solo un municipio de Sinaloa, Ahome, vio incrementados sus recursos: 3 por ciento más con respecto a 2009.

Culiacán, Navolato y Mazatlán, donde opera públicamente el Cártel de Sinaloa, recibirán lo mismo que el año pasado. Apenas la cantidad mínima que aporta el Subsemun: 10 millones de pesos cada uno.

Con información proporcionada por el director ejecutivo de la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm), Sergio Arredondo Olvera, y datos recopilados en los municipios y en el propio Sistema Nacional de Seguridad Pública, Reporte Indigo presenta hoy una radiografía de la situación real del apoyo que el gobierno federal brinda a los municipios más inseguros del país.

Esta radiografía explica por qué, pese a los miles de millones de pesos gastados por la federación para combatir la inseguridad, los recursos se ejercen sin lógica, sin estrategia, sin coordinación, lo que ha provocado que la batalla para disminuir los delitos esté perdida.

Represión, no prevención

Esta semana, el presidente Felipe Calderón anunció un “novedoso” plan para combatir la delincuencia en Ciudad Juárez.

Pero desde que existe el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, hace tres años, el gobierno federal ha impuesto a los municipios una política de seguridad pública represiva, y no preventiva, como lo han pedido las ciudades beneficiadas por el programa.

Pese al fracaso de la estrategia impuesta por el Sistema Nacional de Seguridad Pública y los discursos del presidente sobre cambios en el modelo del combate a la delincuencia, este año el gobierno federal volverá a poner en práctica su fallido modelo.

En entrevista exclusiva con Reporte Indigo, el director ejecutivo de la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm), Sergio Arredondo, señala que lo que hoy se está haciendo en Ciudad Juárez es algo que los municipios habían pedido, pero nunca fueron escuchados.

“La ayuda a Ciudad Juárez llega tarde y es circunstancial”, acusa Arredondo.

Afirma que en la “estrategia” contra el crimen organizado, el gobierno federal ha obligado a municipios como Ciudad Juárez a comprar miles de armas cortas y largas, patrullas, chalecos antibalas y cámaras de seguridad.

Hacen esto en lugar de destinar ese dinero a tomar medidas para prevenir la delincuencia de acuerdo las necesidades específicas de cada municipio.

La Fenamm, de la cual es miembro el municipio de Ciudad Juárez, ha pedido al Sistema Nacional de Seguridad Pública que los recursos del Subsemun sean aplicados a medidas preventivas.

Las policías municipales están más orientadas a ofrecer atención directa a la sociedad que a combatir los delitos de alto impacto.

Por ejemplo, los gobiernos locales han pedido usar los recursos para mejorar la iluminación en las calles a fin de que sean más seguras. También han solicitado fondos para implantar programas que eviten que los jóvenes se enrolen en la delincuencia, teléfonos de emergencia, cultura cívica y otras medidas similares.

Pero la administración federal no se los permite, y los municipios cuentan con muy pocos recursos para pagar esas acciones preventivas porque el único impuesto que cobran los ayuntamientos es el predial, que solo alcanza para atender las necesidades básicas de la población.

“Nuestro reclamo mayor al gobierno federal es que estamos abiertos al diálogo, pero ellos no atienden esta demanda nuestra. No escuchan nuestros planteamientos, y lo que nos encontramos es con disposiciones unilaterales del gobierno federal. Tristemente, no tenemos la posibilidad de construir juntos, menos aún de decidir”, expresa Arredondo.

“Estos recursos llegan etiquetados. ‘Tú, municipio de Tampico, vas a recibir 20 millones de pesos y ahí te van las patrullas, ahí te van las armas, ahí te van las cámaras que yo desde el centro dispongo que tú necesitas’. Y los alcaldes responden: ‘Yo ya tengo patrullas, yo lo necesito para esta otra prioridad’.

“Cada municipio vive una realidad diferente en el país. Bueno, pues no es posible establecer un diálogo con el gobierno federal, no es posible que nos atiendan, y nos establecen camisas de fuerza que se reflejan en convenios.

“Esos 4 mil 300 millones de pesos no están alineados a las necesidades de los pueblos y de las ciudades, están alineados a las necesidades del gobierno federal, que es responsable de atacar la delincuencia organizada.

“Ellos necesitan armarnos, patrullas, equipamientos, chalecos antibalas porque la delincuencia organizada está dando una guerra en las calles del país. Y, entonces, necesitamos armar a las policías municipales para que ‘nos ayuden a resolver el problema que es competencia nuestra’”.

Las imposiciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que hasta el año 2009 estaba bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), encabezada por Genaro García Luna, rayaron en lo absurdo.

A partir de este año, este Sistema operará bajo el mando de la Secretaría de Gobernación. Pero no parece que las cosas vayan a cambiar. Ahora, además, se les da un tinte partidista.

Entre lo absurdo y lo ridículo

En vez de que el Subsemun se adapte a las necesidades específicas de cada población, los municipios se tienen que adaptar a los lineamientos rígidos impuestos por el gobierno federal.

Cada año los arma con más pistolas, más patrullas, más chalecos antibalas, que muchas veces se quedan arrinconados porque los policías municipales no están capacitados para usarlos o porque no son útiles.

De acuerdo a información recabada por Reporte Indigo, algunos municipios compran cámaras de video para las calles porque los obliga el gobierno federal, pero nunca las encienden porque no sirven o porque no hay personal capacitado para operarlas.

Algunos presidentes municipales han dicho que sus policías no están entrenados para disparar. Aun así, sin previa capacitación ni evaluación, la SSP federal impuso la compra de armamento.

En el caso de Minatitlán, Veracruz, al municipio se le obligó a comprar un modelo de patrulla que no cabía en las angostas calles de la población.

“Lo siento, ese es el modelo policial, y ni modo”, les respondieron en la Secretaría de Seguridad Pública federal, que imponía su criterio a los funcionarios del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

A Ciudad Juárez se le condicionó la entrega del Subsemun al incremento abrupto del número de policías municipales. Pero el Ayuntamiento no tenía recursos suficientes para pagar sus sueldos, así que el requerimiento se convirtió en una presión económica para la ciudad.

Hasta ahora no ha habido un plan auténtico para coordinar al gobierno federal y a las policías estatales y municipales para combatir la delincuencia.

Tampoco hay un plan para depurar las policías municipales y capacitar a sus elementos.

Hasta ahora, 70 por ciento de los policías municipales evaluados por el Centro Nacional de Control de Confianza reprobaron los exámenes.

En vez de capacitarlos para realizar acciones preventivas, el gobierno federal los dotó de equipo para ser policías de choque, de uso de fuerza.

Pareciera que el plan implementado por la SSP federal para mejorar las policías municipales fue diseñado para que fracasaran.

Desde que Genaro García Luna estaba al frente de la Agencia Federal de Investigación (AFI), planteaba aglutinar a todas las policías del país en una sola Policía Federal.

Ahora que es el titular de la SSP, insiste en que esa es la única solución, aunque también está probado que la Policía Federal es ineficaz y está penetrada por el crimen organizado, incluyendo a los altos mandos.

Sergio Arredondo señala que la solución no es desaparecer las policías, sino hacer un plan conjunto y coordinado para atender las circunstancias de inseguridad de cada región y cada municipio.

El negocio de la inseguridad

De acuerdo a lo explicado por Arredondo y a la información recabada por Reporte Indigo, una buena parte de los recursos del Subsemun nunca llegan directamente a los municipios porque los jinetean algunas dependencias, tanto federales como estatales.

Por ejemplo, la compra de armamento para los municipios beneficiados se hace a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que además es la única facultada para dar la licencia de portación de armas.

Estas adquisiciones se hacen discrecionalmente a empresas extranjeras sin transparentar los contratos.

Por ejemplo, si se impuso que los municipios destinaran 20 por ciento de los recursos del Subsemun a la compra de armamento, los gobiernos locales reciben las armas, pero no saben con certeza si costaron lo que se les rebaja de los recursos del programa.

Es tal el volumen de compra de la Sedena, que sus proveedores han tardado hasta un año en entregar las armas, por lo que los municipios no tienen ni dinero ni armamento.

La Secretaría de Seguridad Pública federal también se quedaba con parte de los recursos destinados a los municipios.

Una de las condiciones impuestas a los municipios es la capacitación de sus policías, pero la capacitación solo era válida cuando era impartida en las instalaciones de la SSP federal, lo cual implicaba un gasto extraordinario para los ayuntamientos.

Lo mismo pasaba con la certificación de los policías municipales, que debía ser en el Centro Nacional de Control de Confianza de la SSP federal, lo cual también tenía un costo, y los resultados eran dudosos.

Muchos de los policías que aprobaron los exámenes de confianza de la SSP resultaron estar, desde hace años, presuntamente coludidos con el narcotráfico. Es el caso del secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca, Roque González Cerezo.

A partir de 2010, los municipios capacitarán a sus policías en los Centros Estatales de Capacitación, mientras que la certificación estará a cargo de los Centros Estatales de Control de Confianza.

Por si fuera poco, los gobiernos estatales también lucran con las necesidades de los ayuntamientos.

Al principio, los recursos del Subsemun eran entregados directamente a los municipios, pero los gobernadores protestaron porque esa disposición violaba las reglas de la federación. Ahora los recursos son entregados a través de los gobiernos estatales.

Municipios del Estado de México, Aguascalientes y Chiapas se quejan de que los gobernadores Enrique Peña Nieto, Luis Armando Reynoso y Juan Sabines, respectivamente, en vez de entregarles el dinero, les otorgan los recursos en especie.

Los gobernadores compran las patrullas, las cámaras de video o lo que imponga el Sistema Nacional de Seguridad Pública a los municipios, pero los ayuntamientos nunca saben cuánto cuesta el equipo realmente.

Los gobiernos municipales no se quejan públicamente porque una buena parte de sus finanzas depende de los gobiernos estatales. Así que se callan y se resignan.

Arredondo afirma que han exigido al gobierno federal mayor transparencia en las compras que hace con cargo al Subsemun.

Uso político de recursos de seguridad pública

Las erráticas políticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública se reflejan en los constantes cambios del secretario ejecutivo del organismo, cuatro en lo que va de la administración de Felipe Calderón.

Al inicio del sexenio, el presidente nombró al ex priista Roberto Campa Cifrián, quien en septiembre de 2008 fue relevado del cargo por el titular de la SSP.

García Luna engañó al presidente Calderón diciéndole que Campa Cifrián había renunciado, pero el funcionario ni siquiera estaba enterado de su relevo.

García Luna nombró a Monte Alejandro Rubido, a quien se identifica como un hombre cercano al secretario de Seguridad Pública, pero no duró mucho en el puesto.

En marzo de 2009 fue nombrado el tercer secretario ejecutivo del Sistema: Jorge Tello Peón, uno de los principales promotores de la carrera policiaca de García Luna desde el Cisen, donde fue su jefe y formador.

Pero Tello Peón no tenía el mejor currículum para ocupar el cargo. No solo era el responsable de los penales de máxima seguridad en enero de 2001, cuando se fugó Joaquín Guzmán Loera de Puente Grande, Jalisco, sino que estuvo en la cárcel de máxima seguridad horas antes de que “El Chapo” se escapara.

Esto sucedió luego de haber ignorado durante meses las quejas de los custodios que denunciaban que la cárcel estaba totalmente controlada por el capo.

Pero el alumno se supo más fuerte que el maestro, y García Luna, con su actitud prepotente, hizo que Tello Peón perdiera interés.

Poco a poco, el panista Adrián Fernández, secretario ejecutivo adjunto, fue tomando control del sistema y puso a ex diputados y dirigentes del PAN en los principales puestos.

Designó como director general de Vinculación y Seguimiento a Mario Salazar, ex aspirante a la dirigencia estatal del PAN en Jalisco.

Con Salazar trabajan Miguel Ángel Ocano Opengo, ex candidato del PAN a diputado local en el Distrito Federal; Jesús René Quiñones Ceballos, representante propietario del PAN ante el Consejo Local del IFE en Durango en 2008; Alejandro Campillo Salcedo, secretario particular de Adrián Fernández en la Cámara de Diputados; Arlene Fabiola González Interián, hasta hace poco subdirectora de Análisis en la Presidencia de la República, entre otros.

Otra ex diputada federal recién incorporada al Sistema Nacional de Seguridad Pública es la coahuilense Dora Alicia Martínez Valero, quien ha venido fungiendo de facto como directora general adjunta del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal en la misma Dirección General de Vinculación y Seguimiento.

Entre noviembre y diciembre de 2009, Adrián Fernández organizó dos reuniones nacionales de secretarios ejecutivos de los Consejos Estatales de Seguridad Pública. A la primera ni siquiera asistió Tello; en la segunda, el descontento de varios secretarios ejecutivos se hizo patente ante la clara manipulación pro panista de Fernández, quien anunció la cancelación de los recursos federales a cualquier entidad federativa que no firmara el convenio que la federación les pondría en la mesa a finales de febrero.

En diciembre de 2009, Felipe Calderón nombró como cuarto secretario ejecutivo del sistema a su amigo, también panista, Juan Miguel Alcántara. Fernández conserva el cargo de secretario ejecutivo adjunto.

La readscripción del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación a partir de este año significa que el PAN ha tomado la instancia del gobierno federal encargada de distribuir los fondos federales para la seguridad pública de estados y municipios. Y esto aunque Fernando Gómez Mont oficialmente ya no pertenece a ese partido.

El manejo partidista del Sistema Nacional de Seguridad Pública es evidente en 2010, afirma Arredondo. Y así lo reclamaron los alcaldes de la Fenamm el martes 16 de febrero pasado en una reunión de tres horas con Juan Miguel Alcántara.

Al hacer un análisis, la Fenamm encontró que si bien fueron eliminados 23 municipios de la lista de beneficiarios: 14 del PRI, 4 del PRD y 5 del PAN, y se sumaron 14 del PRI, 2 del PRD y 7 del PAN, a la hora de la repartición de recursos, los cambios no son proporcionales.

Los municipios gobernados por el PAN obtendrán 18.1 millones de pesos más que en 2009. Los gobernados por el PRI tendrán 19.9 millones de pesos menos que el año pasado.

Con respecto al PRD, partido con el que el PAN hará alianza política al menos para tres elecciones de gobernador, los municipios encabezados por esa fuerza política recibirán 7.4 millones de pesos, el mismo monto que en 2009.

En 2010 hay un grupo de 3 estados en los que se redujo de 3 a 1 los municipios beneficiados por el Subsemun. Aguascalientes, Querétaro y Yucatán. Los dos últimos son estados donde ha avanzado el PRI y ha retrocedido el PAN, afirma Arredondo.

El PRI ganó al PAN la gubernatura de Querétaro en 2009. También se impuso en Yucatán en 2007. Además, en las elecciones federales de 2009, el tricolor avanzó en posiciones.

Los ejemplos más absurdos del nuevo reparto de recursos del Subsemun son Irapuato, Ecatepec, Ciudad Juárez, Navolato, Acapulco y Culiacán.

Irapuato recibirá 126 por ciento más que en 2009 a pesar de que es un municipio donde no han aumentado ni la población ni el índice delictivo.

Lo mismo pasa en Celaya, que este año recibirá 107 por ciento más para seguridad.

Ecatepec, el municipio más poblado del país y gobernado por el PRI desde el año pasado, recibirá 25 millones de pesos menos que en 2009. La misma cantidad que se aumentó a Irapuato y Celaya.

Entre los municipios que pese al alto índice delictivo o la pública presencia del narcotráfico no recibirán ni un peso más, está Ciudad Juárez. Si bien se le otorga el monto máximo que puede entregar el Subsemun: 95 millones de pesos, estos recursos son insuficientes.

Arredondo afirma que ellos han pedido esquemas más flexibles y que existan estados de excepción por el alto índice de delincuencia y violencia.

Tampoco hay más dinero para Culiacán, Navolato y Acapulco, plazas del Cártel de Sinaloa, organización con la que el gobierno federal ha sido más indulgente.

Solo un municipio de Sinaloa, Ahome, vio incrementados sus recursos para 2010, pero se trata de un aumento de 3 por ciento. De 27.1 millones de pesos en 2009, pasará a 27.8 millones de pesos.

Reventar los convenios

Desde hace dos semanas, en las oficinas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, particularmente en el despacho de Adrián Fernández, secretario adjunto del sistema, comenzaron a desfilar representantes de los 206 municipios que deben ser beneficiados por el Subsemun. Van a firmar los convenios para 2010 en los que no tienen voz ni voto.

Hasta ahora, tres municipios ya manifestaron que ante la negativa del sistema para flexibilizar el gasto y aterrizarlo en función de las necesidades de cada localidad, prefieren no recibir los recursos.

De acuerdo información recabada por Reporte Indigo, el sistema busca a propósito que muchos de esos convenios no se firmen.

Según las reglas de operación del Subsemun, si algunos municipios no firman, el gobierno federal, sin la aplicación de ninguna fórmula, decidirá discrecionalmente el destino y el monto de los recursos. Puede incluso otorgar más de 95 millones de pesos.

Entre el personal del Sistema Nacional de Seguridad Pública se afirma que hay una clara intención política en la operación del sistema y que Adrián Fernández ha llegado a comentar entre sus allegados que también buscará reventar algunas negociaciones de los recursos que el sistema entrega a los estados a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.

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¿Qué es el Subsemun?

- En 2007, la Cámara de Diputados aprobó la creación del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal ante los crecientes índices de delincuencia en el país y la escasez de recursos propios de los municipios para hacerles frente.

- Los recursos del Subsemun son entregados y etiquetados por el gobierno federal.

- En 2008 fue el primer año que se aplicó el Subsemun con un monto de 3 mil 600 millones de pesos.

- En ese año se benefició a 135 municipios de todo el país.

- Desde su creación se acordó que por lo menos habría en la lista de municipios beneficiados tres de cada estado de la República y tres delegaciones del Distrito Federal.

- Pero el dinero que se destina a cada uno de los municipios y delegaciones definidos por esa fórmula es determinado de manera discrecional por el gobierno federal sin ninguna explicación o negociación con los municipios.

- La única regla fija es que a ningún municipio le podrán tocar menos de 10 millones de pesos ni más de 95.

- Para 2009, la Cámara de Diputados incrementó el presupuesto del Subsemun de 3 mil 600 a 4 mil 200 millones de pesos, lo cual significó un aumento de 15 por ciento.

- La cantidad de municipios aumentó de 135 a 206 y se incluyeron municipios turísticos, fronterizos y conurbados como beneficiarios.

- Una de las condiciones para la entrega de los recursos del Subsemun a los municipios es que año con año ellos tienen que aportar un equivalente a la tercera parte del Subsemun para la mejora salarial de sus policías.

- La crisis económica nacional afectó particularmente las finanzas de los municipios y muchos de ellos no pudieron completar esa parte de recursos, por lo que el dinero del Subsemun les ha sido retenido.

- Para 2010, el presupuesto del Subsemun no aumentó.

Fuente: Reporte Indigo

Difusión: AMLOTV