Negocian legalizar actividad de militares en la lucha antinarco

Analizan PRI, PRD y PAN propuesta de régimen transitorio

Negocian legalizar actividad de militares en la lucha antinarco

Galván plantea a senadores del tricolor 24 acciones necesarias

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de marzo de 2010, p. 8

Las tres principales fuerzas políticas en el Senado negocian un acuerdo a fin de legalizar la participación del Ejército en el combate al narcotráfico, pero sólo de manera temporal, mediante un régimen transitorio que permita a los militares regresar a sus cuarteles antes de que concluya el sexenio de Felipe Calderón.

Durante la reunión que un día antes sostuvo con senadores del PRI, el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, les advirtió que no basta con que se apruebe la Ley de Seguridad Nacional para frenar la violencia provocada por los cárteles, sino que se requieren otras medidas, algunas de ellas legislativas.

Galván planteó a los priístas 24 acciones necesarias –que los senadores participantes en la reunión no han querido revelar–, pero trascendió que algunas tienen que ver con decisiones del Ejecutivo para impedir, entre otras cosas, el tráfico de armas por las aduanas, y otras implican la suspensión de garantías constitucionales.

Por ejemplo, otorgar facultades al Ejército con la finalidad de que en los casos de narcotraficantes y otros criminales capturados los militares puedan retenerlos más de las 24 horas que fija la ley de plazo para entregarlos a las autoridades judiciales, con el propósito de que puedan seguir con las investigaciones.

En reunión a puerta cerrada de la fracción del PRI, previa a la sesión de este martes, los senadores Francisco Labastida, Pedro Joaquín Coldwell y Jesús Murillo Karam compartieron con sus compañeros, en términos generales, la plática de más de dos horas con el general Galván Galván del lunes.

El funcionario les dio una amplia explicación de la situación que guarda el combate a la inseguridad y el crimen organizado, insistió en que el Ejército se siente solo en esa tarea y dijo que se requiere no sólo aprobar la Ley de Seguridad Nacional, ya que no es suficiente para enfrentar una violencia que podría empeorar, en una coyontura en que no se han limpiado las policías estatales y municipales y persiste corrupción en ámbitos judiciales.

En el crimen organizado, 15 mil ex militares

Galván Galván habló de otro problema que preocupa mucho dentro de las fuerzas armadas. Reveló a los priístas que, del total de delincuentes detenidos, 15 mil son ex militares o han tenido alguna instrucción militar. Insistió en que se legisle con el propósito de que haya un marco jurídico que avale la participación del Ejército en tareas policiacas.

En el Senado, ante las reticencias que ha generado la iniciativa presidencial para crear la ley de seguridad nacional, las fracciones de PRI, PRD y PAN trabajan en una propuesta alterna, en un régimen transitorio, propuesto por el perredista Tomás Torres, según confirmaron ayer Carlos Navarrete, el panista Santiago Creel y los priístas Francisco Labastida y Jesús Murillo Karam.

Labastida precisó que analizan la propuesta de dar un régimen transitorio al Ejército para que pueda participar con más facultades en la lucha contra la inseguridad, creando condiciones para que pueda actuar en las regiones donde haya mayores problemas.

Explicó que examinan otras alternativas, como la planteada en el proyecto de reforma política del PRI, que contiene las reglas por las cuales habría situaciones de excepción.

Sobre la propuesta del PRD de que se dé plazo de tres años para el repliegue del Ejército, Labastida consideró que debe ser menor, para que se concrete antes que concluya el sexenio.

Creel explicó que coincide en que la participación de las fuerzas armadas sea transitoria, pero el punto no es sólo el periodo, sino en qué condiciones y circunstancias concretas actuarían los militares, además de que debe ser un tiempo razonable, vinculado estrechamente a la recomposición y restructuración de las policías municipales o estatales.

Fuente: La jornada

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