Los rezagos, porque el Congreso de la Unión no asigna recursos, acusa Román
Denunciará en el Conatrib falta de apoyo para aplicar cambios que determinaron legisladores
No hay empleados para aplicar reforma que instaura juicios orales en el estado, señala el magistrado
JESÚS RODRÍGUEZ Y LAURA REYES (Corresponsal y reportera)
El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Edmundo Román Pinzón, rechazó que en Guerrero se empleen procesos judiciales con el propósito de disolver movimientos sociales y reprimir a dirigentes, como lo afirman agrupaciones civiles de derechos humanos locales, nacionales e instancias internacionales como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y Amnistía Internacional (AI).
Por el contrario, manifestó el magistrado, “al Tribunal no se le puede decir eso, porque nosotros estamos transparentando” las acciones de la instancia y prueba de ello, afirmó, es que en diversas ocasiones han tenido reuniones y ofrecido colaboración a las organizaciones, además de que han acudido a las audiencias convocadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno a casos de violaciones cometidas en el estado.
“Por parte del Tribunal, no tenemos ningún problema. No vengo a dar discursos para que voten por mí, venimos a pedir que se nos sume la sociedad civil, hay sintonía con la sociedad civil, de parte del Tribunal no hay nada de esa situación”, expresó Román Pinzón durante la reunión que encabezó en Tlapa con abogados y estudiantes, en la cual expuso el programa de modernización con el que operará el TSJ y las reformas al sistema judicial.
Román se refirió al tema a pregunta expresa de La Jornada Guerrero. Dijo que a Tlapa, por ejemplo, ha ido en diversas ocasiones para reunirse con el centro de derechos humanos Tlachinollan y que ha participado en encuentros convocados por otras agrupaciones internacionales, como la Fundación para el Debido Proceso y Transparencia Internacional, una de las que promovió con mayor fuerza someter al juicio que enfrenta el ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, por delitos de lesa humanidad.
“Ciudad judicial” en Tlapa
Edmundo Román Pinzón llegó a Tlapa con más de una hora de demora al acto convocado. Dio a conocer que como parte del programa de modernización del sistema de justicia estatal, se construyen en las cabeceras municipales más importantes de cada región la “ciudad judicial”, con el propósito de instaurar en éstas todos los servicios del sistema.
En Tlapa, la construcción no se concluirá al término del actual sexenio, informó. Sin embargo, por ser La Montaña una región indígena, aquí habrá de operar el área de mecanismos alternativos para la solución de controversias, mediante centros instalados en cada comunidad a donde la gente podrá acudir a dirimir conflictos mediante el diálogo.
Retrasan modernización
En Acapulco, Román Pinzón acusó directamente a los integrantes del Congreso de la Unión de frenar la llegada de recursos al estado, lo que retrasa la modernización en materia penal y la integración de los juicios orales, luego de la reforma que aplicaron los diputados federales, en la que se determina a los estados encargarse de los casos de delincuencia organizada y el narcotráfico.
En entrevista, luego de la presentación del primer Congreso Nacional de Justicia Restaurativa y Oralidad, recalcó que pese a esos agregados, que requerirán de mayor personal, el Tribunal del estado está trabajando exclusivamente con el presupuesto determinado por el gobierno estatal, que es de 448 millones de pesos.
“Esta reforma radical... estos mismos que hacen la reforma son los mismos que la están atropellando, es el caso del Congreso federal. No hemos recibido un solo peso para esta reforma de los juicios orales”, lamentó el magistrado, al mismo tiempo que dijo se tiene un presupuesto de 90 millones de pesos para dar cobertura a los 32 estados y el Distrito Federal.
Ante el retraso de los diputados federales, Román Pinzón, adelantó que enviarán una queja a la Comisión Nacional de Tribunales (Conatrib) para “poner el dedo en la llaga”, pues se sigue tratando de manera desigual a los estados más pobres, como es el caso de Guerrero.
Pese a que ese recurso federal no ha sido canalizado por los diputados federales, el magistrado afirmó que el trabajo de capacitación a los jueces e integrantes del TSJ no se ha frenado, sino que se está llevando a cabo con el presupuesto local.
“Tenemos capacitadas a 35 personas, quienes tendrán que replicar la información. El recurso que tiene la federación, y que no lo ha entregado a los municipios, es de más de 33 mil millones de pesos”, reprochó.
En cuanto a la atención al narcotráfico, el magistrado pidió a los diputados federales dimensionar la carga que de por sí ya tiene con los delitos del fuero común. “Nadie nos pidió nuestro punto de vista, nos están obligando”.
El primer Congreso Nacional de Justicia Restaurativa y Oralidad se llevará a cabo en Acapulco del 10 al 13 de marzo –dos días antes se harán precongresos en Chilapa, Taxco y Chilpancingo– y participarán ponentes nacionales y de Colombia, Argentina, España, Reino Unido, Costa Rica, Bolivia y Estados Unidos.
Fuente: La Jornada de Guerrero
Difusión: Soberanía Popular
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