CONSIDERAN ABOGADOS LABORISTAS
No pasará la reforma laboral
La iniciativa de reforma laboral presentada por el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, unificó en su contra a la oposición en la Cámara de Diputados, así como a la CTM, el CT y la UNT, que coinciden en rechazar las pretensiones gubernamentales, asegura Francisco Hernández Juárez, diputado federal y dirigente de los telefonistas. El PRI y el PRD, entre tanto, alistan propuestas negociadas con las centrales obreras en contra de lo que llaman el ‘pliego petitorio’ de la Coparmex
MÉXICO, DF.- Considerada por abogados laboralistas y dirigentes sindicales como el "pliego petitorio" de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la iniciativa de reforma laboral que presentaron los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) el pasado 18 de marzo ya fue rechazada por legisladores priístas y perredistas obreros, así como por dirigentes sindicales de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y del Congreso del Trabajo (CT).
Según Francisco Hernández Juárez, diputado federal perredista, dirigente alterno del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) y presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la decisión se tomó el 23 de marzo en un desayuno entre legisladores del sector obrero y dirigentes sindicales, en el que se acordó promover reformas alternativas.
En entrevista con Proceso, explica que se trata de dos iniciativas: una elaborada por él a petición del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y que estará basada en una propuesta que hizo la UNT en 2002; y otra que será redactada con el consenso de los 72 diputados obreros del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tal como lo señaló el 24 de marzo el diputado federal Isaías González Cuevas, también dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).
"Estoy actualizando la que se presentó en la 58 Legislatura con cosas que en ese momento no se consideraron, como trabajo decente, de género y el seguro de desempleo; espero tenerla lista pasando la semana santa para presentarla al PRD en principio", comenta Hernández Juárez, quien confirma que los priistas negociarán su proyecto con los legisladores perredistas, petistas, de Convergencia y del Verde Ecologista.
El país sí necesita una reforma laboral, acepta Hernández Juárez, pero aclara que el proyecto del secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, "definitivamente no tiene ninguna posibilidad de aprobarse". En su lugar, dice, las iniciativas que trabajan los legisladores obreros serán más progresistas.
La propuesta de Lozano se propone terminar con el sindicalismo democrático, coinciden en afirmar los abogados Arturo Alcalde Justiniani y Alfonso Bouzas; el otro presidente colegiado de la UNT, Agustín Rodríguez Fuentes, y el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN), Daniel Trujillo.
LA ‘REFORMA COPARMEX’
En contraposición a la postura de los panistas, del gobierno de Felipe Calderón y del propio secretario Lozano Alarcón, promotor de la iniciativa, sindicalistas y abogados del ámbito laboral afirman que la iniciativa está llena de trampas.
Cuestionan el hecho de que Lozano pretenda impulsar estos cambios cuando el salario mínimo en México no rebasa los 50 pesos al día y el 90% de los contratos colectivos del país son de protección, pues en muchos casos los trabajadores de una empresa jamás se enteran de que están afiliados a un sindicato "blanco", y mucho menos que tienen un contrato.
Entrevistado en su despacho, Alcalde Justiniani considera necesario reformar la ley laboral, pero con base en un esquema distinto para evitar la precariedad del trabajo mediante la subcontratación (outsourcing) y los bajos salarios.
"Esta reforma debería ser concertada con los trabajadores mejorando sus condiciones laborales. Como en otros países: un sistema de protección y negociación colectiva", dice.
Según el abogado, Lozano Alarcón negoció la iniciativa principalmente con Tomás Natividad Sánchez, presidente de la Comisión Laboral de la Coparmex, tomando como base la elaborada por ellos mismos en 2005, cuando Carlos Abascal Carranza era secretario del Trabajo y Previsión Social.
Con la reforma panista, sostiene, la totalidad de los contratos colectivos "serán de protección, ya que ahí opera la regla de oro: el patrón escoge al sindicato".
Indica que la única defensa de los trabajadores es pelear por la titularidad de los contratos colectivos de trabajo, pero la reforma propuesta por Lozano Alarcón pone más candados para impedir que los trabajadores logren la libre asociación sindical.
"Ya no habrá manera de tener un sindicalismo democrático, porque los corporativistas son empleados de despachos patronales. Hoy el sindicalismo se ha convertido en una competencia para que los empresarios escojan al sindicato que más les convenga", señala.
CAMBIOS CON DEDICATORIA
El 22 de marzo los grupos parlamentarios panistas en la Cámara de Diputados y el Senado publicaron un desplegado cuyo propósito fue "informar" qué gana la población con la reforma laboral. En nueve apartados, enumeran los "cambios" a la Ley Federal del Trabajo (LFT).
Sin embargo, la mayoría de estos supuestos cambios ya estaban contemplados en la actual legislación. Por ejemplo, la ley vigente prohíbe que los patrones les pidan a las mujeres certificados de gravidez cuando solicitan trabajo o para ascender de puesto. También dispone que las mujeres distribuyan sus semanas de descanso antes y después del parto, y reduzcan una hora su jornada de trabajo. De igual forma ya sanciona el acoso u hostigamiento sexual. Prohibido está de antemano emplear a menores de 14 años.
La iniciativa de reforma laboral panista está plagada de "trampas", dice Alcalde Justiniani, y menciona algunos casos: se limitará el costo de los juicios por despido injustificado, pero no se menciona que será el trabajador quien tendrá que sufragar los gastos que ello genere; se regula la subcontratación, terciarización laboral u outsourcing, es decir, la contratación de trabajadores en una empresa para emplearlos en otra, medida ésta con la que se ha buscado evitar la existencia de una relación laboral entre patrones y trabajadores, así como impedir el acceso a derechos laborales básicos, como la seguridad social.
Incluso, los patrones, según la reforma Lozano, pueden desconocer a los trabajadores sin papeleo de por medio o un juicio ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA); legaliza el trabajo temporal y dice que después de seis meses éste se puede regular, "siempre y cuando sea de la misma naturaleza"; además, sólo podrán difundirse "versiones públicas" de los contratos colectivos de trabajo, pese a que actualmente se publican en internet, con lo que "se reduce la transparencia", advierte Alcalde Justiniani.
El abogado destaca las nuevas modalidades de contratación individual: periodos de prueba, capacitación inicial y trabajo de temporada. En cuanto al pago por hora laborada, Alcalde explica: si se considera que el salario mínimo está por debajo de 50 pesos diarios, y si el promedio salarial es de tres salarios mínimos diarios, divididos entre ocho horas que dura la jornada laboral dan como resultado alrededor de 20 pesos por hora, así que los patrones no pagarán más de esa cantidad por hora trabajada.
En lo que toca a los despidos injustificados, Alcalde Justiniani resalta que con la reforma panista se busca pagar tan sólo un máximo de seis meses de sueldo por concepto de salarios caídos, cuando un juicio laboral dura cuatro años en promedio.
Señala que otro supuesto beneficio de la reforma es que evitará que las huelgas se prolonguen de manera indefinida, previa decisión de la JFCA. La propuesta de Lozano, dice, pretende que se declare inexistente una huelga si el sindicato no cumple con los requisitos para el emplazamiento previstos en sus propios estatutos, pero agrega una serie de obligaciones para validarlo.
Indica que según el artículo 361 fracción tercera de la propuesta, "podrá haber sindicatos patronales industriales, lo cual provocará la desaparición de organizaciones como la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA)".
Un ejemplo de lo que implicaría la aprobación del citado artículo es que, de acuerdo con fuentes del sector laboral, aerolíneas como Interjet, de Miguel Alemán Velasco, y Volaris, de Pedro Aspe, quedarían en condiciones de firmar un contrato colectivo de trabajo con un sindicato blanco afiliado a la CTM, al Congreso del Trabajo o al Sindicato de Trabajadores de la Industria Aeronáutica (STIAS), cuya titularidad está en manos de Ramón Gámez.
Por lo demás, explica Alcalde Justiniani, lo que no dice el desplegado panista es que la nueva ley prácticamente impedirá a los trabajadores cambiarse de sindicato, aunque el titular de su contrato no satisfaga sus necesidades: la fracción IV del artículo 899 establece que ellos deberán pedir autorización de la JFCA para poder demandar el cambio de representación sindical. Pero "mientras ya los delataste, porque se pedirá una lista de los solicitantes", explica Alcalde.
LA ‘SECRETARÍA DEL PATRÓN’
El abogado Alfonso Bouzas sostiene que en un país donde los derechos laborales están de por sí están muy degradados, es previsible que no se generarán empleos, sino que empeorarán las condiciones de trabajo; así que, afirma, de aprobarse la propuesta de Lozano Alarcón los trabajadores quedarán en la incertidumbre.
"Esta iniciativa nos muestra el perfil del PAN, y la promueve Lozano Alarcón, de origen priista, porque la Secretaría del Trabajo es ahora la ‘Secretaría del Patrón’", comenta.
En su opinión, la propuesta es regresiva y no resolverá el desempleo. "La experiencia en otros países es que reformas menos intolerantes que ésta no han resuelto el problema del desempleo; ahí están los casos de España, Grecia y Argentina", explica.
También destaca el carácter represor de la reforma, pues la considera "peor que la que en su momento presentó Carlos Abascal".
El dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN), Daniel Trujillo, advierte que los sindicalistas entrarán a la discusión sólo si se trata de la propuesta alternativa de la UNT, porque la iniciativa gubernamental, dice, pretende terminar con varias conquistas sindicales y beneficia a la iniciativa privada. "No es sólo la oposición a la reforma; vamos a elaborarla, pero en beneficio de los trabajadores", puntualiza.
Sin embargo, Agustín Rodríguez Fuentes, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), considera que será inútil presentar una iniciativa distinta a la gubernamental, pues afirma que no existen las condiciones en la Cámara de Diputados para lograr una mayoría de votos que permita echar para atrás la propuesta oficial. "Lo mejor es rechazarla y convocar a la movilización de los trabajadores para hacer un bloque común y se detenga esta agresión a los trabajadores", dice.
Del mismo modo, el dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia explica que el proyecto panista pretende una reforma "no laboral, sino esclavista" porque anula derechos de los trabajadores. "Aprobar algo así sería un grave retroceso histórico", dice en entrevista por correo electrónico.
Puntualiza el dirigente desde su autoexilio en Canadá: "Este gobierno tiene la vista puesta en el pasado, en el régimen de Porfirio Díaz; pretenden un imposible retorno a tiempos de opresión laboral para siempre superados. Por eso confiamos en que no pasará esta reforma empresarial". (APRO)
Por Rosalía Vergara
Fuente: Sindica minero seccion 65
Difusion: AMLOTV
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