Hermosillo, Alberta y Teresa

Ricardo Rocha

Detrás de la Noticia

08 de diciembre de 2009

Hermosillo, Alberta y Teresa

Representan la vergüenza del olvido. La fragilidad de la memoria. El triunfo de la impunidad. El abuso de los poderosos. La indefensión de los débiles. El torcimiento de la ley. El precio infame de la corrupción. Y la clase de país que somos.

Antier en Hermosillo marcharon 1500 personas al cumplirse seis meses de la horripilante tragedia que calcinó a 49 niños de la guardería ABC. Menos de la quinta parte de los 10 mil o más que solían participar en las primeras marchas. Desde aquel 5 de junio cientos de padres, hermanos y algunos otros solidarios han esperado inútilmente que se haga justicia. Pero también en apenas medio año, la desmemoria se ha apoderando de quienes se conmovieron profundamente en aquel momento. Hasta ahora, 27 presuntos responsables han sido consignados, pero todos —salvo una funcionaria media— gozan su libertad: dueños, socios y encargados de la guardería. Ya más arriba: ningún responsable del IMSS a nivel nacional; tampoco en el gobierno del indefendible y desaparecido priísta Eduardo Bours; la misma impunidad para el municipio de Hermosillo.

Algo similar nos está ocurriendo con Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, coacusadas con Jacinta Francisco Marcial de secuestrar a seis agentes armados de la AFI-PGR que llegaron a extorsionar y robar a una indignada e irritada comunidad ñañhú de Santiago Mexquititlán, Querétaro, el 26 de marzo de 2006. Con dos diferencias: que Alberta y Teresa tuvieron el valor de exigir su identificación a los trogloditas; y que luego fueron defendidas por abogados particulares mientras que Jacinta —ya libre— estuvo representada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez, experto en la defensa de quienes son acusadas por ser mujeres, por ser indígenas y por ser pobres.

Alberta y Teresa siguen presas desde hace 3 años en San José el Alto. Y aunque usted no lo crea en su caso el ministerio público —con doble e inmoral papel de involucrado en los hechos y a la vez agente investigador— no sólo ahora sí presenta conclusiones acusatorias sino pide que se les imponga la pena máxima que podría alcanzar más de 50 años de prisión. Algo intolerable e inaudito. Como si el mensaje fuera que en este país al que protesta se le aplasta.

Y como ni el nuevo procurador Arturo Chávez retira la acusación, ni el nuevo gobernador José Eduardo Calzada Rovirosa mueve un dedo para defender a sus paisanas, yo los invito a contactarse a www.centroprodh.org.mx y a mantener viva la memoria.

Fuente: El Universal

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